La violenta muerte del fiscal que denunció y acusó a la Presidenta de la Nación, a su canciller y a otros funcionarios del Gobierno y allegados al kirchnerismo de encubrimiento para favorecer a los acusados por la voladura de la AMIA, no sólo sigue conmoviendo al país sino que debe llevar a la dirigencia política en general a exigir y garantizar un procedimiento judicial firme y despojado de presiones para que se puedan conocer los motivos del tremendo desenlace.
En su sorpresiva acusación de la semana pasada, el fiscal Alberto Nisman apuntó directamente a lo actuado por el Gobierno argentino cuando acordó con Irán un polémico memorando de entendimiento que tuvo como objetivo cambiar el rumbo de la investigación del atentando criminal de julio de 1994 en Buenos Aires.
Debe recordarse que aquel documento, que hace un par de años el gobierno nacional logró ratificar mediante su forzada aprobación en el Congreso, amplió el giro en la relación con Irán que, sorpresivamente, Cristina Fernández de Kirchner ya le había dado a su gobierno meses antes, cambiando la postura ejercida por su esposo, Néstor Kirchner, cuando estuvo previamente al frente del Poder Ejecutivo.
La Presidenta aceptó en ese momento un pedido de las autoridades de Teherán para mantener reuniones bilaterales que generaron lógica y espontánea desconfianza en la oposición política y en la dirigencia judía de nuestro país.
En aquella oportunidad, la sorpresa fue muy grande porque la actitud del gobierno argentino contradijo posturas que, a través de los años, había mantenido nuestro país con respecto a Irán, cuyas autoridades políticas fueron acusadas por el Poder Judicial de la Nación en 2006 de haber planificado el trágico atentado a la mutual judía.
Un año después, como ya señalamos, fue el propio presidente Néstor Kirchner quien había expresado ante la ONU el anhelo de que los iraníes aceptaran los reclamos de la Justicia argentina.
Lo investigado y divulgado por el fiscal Nisman dio cuenta de que, precisamente, el enigmático memorando de entendimiento con Irán pudo haber encubierto motivaciones y necesidades políticas de ambas partes, en una singular coincidencia bilateral. Como consecuencia, se dio vida a un engendro jurídico que habilitó un nuevo y triste capítulo de impunidad en el país con la complicidad del poder político de turno.
La muerte del fiscal Nisman, pocas horas antes de su exposición en el Congreso sobre los alcances de aquel memorando, ya sacudía a la dirigencia y a buena parte de la ciudadanía por la tremenda disputa política que generó a partir de la reacción del kirchnerismo en su contra.
No debe dejar de tenerse en cuenta que Nisman fue acusado públicamente por el canciller Timerman de mentir con su denuncia y que distintas voces de funcionarios y de integrantes de la estructura del kirchnerismo también calificaron al magistrado desaparecido de haber “montado un escenario” y de haber expuesto en contra de la Presidenta de manera “insensata”, entre otros calificativos y actitudes hacia él de inédita data en la vida democrática argentina reciente.
La salud de la República lleva a reclamar que la dirigencia política no abandone su interés por saber qué fue lo que investigó Alberto Nisman y al Poder Judicial a garantizar la continuidad de la línea de procedimiento del fiscal desaparecido, para que su trabajo no muera con él y pase a formar parte de una triste estadística de hechos graves no resueltos en la Argentina.
