Mario Fiore - mfiore@cimeco.com - Corresponsalía Buenos Aires
El presidente Mauricio Macri está haciendo un delicado equilibrio. Su esfuerzo parece estar enfocado principalmente en la economía, pero esto tiene por supuesto un correlato en la política, que es la que garantiza la gobernabilidad. El Gobierno tiene como obsesión frenar la inflación inercial que la Argentina arrastra desde hace nueve años (por eso el Banco Central viene reduciendo la emisión monetaria día a día), pero a la vez se encuentra obligado a realizar un ajuste para combatir un déficit fiscal enorme y de proporciones nunca antes vista que heredó del kirchnerismo.
Ante esta tensión está el peligro de planchar la economía y reducir la productividad del país. Nada alejaría más a la Argentina de la meta de la pobreza cero que se fijó el oficialismo en campaña, ya que ese objetivo sólo se consigue generando empleo -de buena calidad- en el sector privado.
En esta línea debe leerse el anuncio del aumento del Mínimo No Imponible (MNI) del impuesto a las Ganancias que realizó el jueves el Gobierno frente a gran parte del sindicalismo y a una docena de gobernadores.
Con esta medida, Nación y Provincias harán un esfuerzo conjunto y dejarán de percibir 49.000 millones de pesos en 2016. Esa masa de dinero que llegará a los bolsillos de los contribuyentes beneficiarios, que son los trabajadores de ingresos medios y medios-altos, les ayudará a contrarrestar los efectos de la inflación y de una de las decisiones que tomó el Gobierno para achicar el déficit: el tarifazo eléctrico.
Sin embargo, esta buena noticia tendrá poca vida si el Congreso no modifica las escalas y hace automático el aumento del MNI. Ayer el presidente Macri tiró la pelota hacia 2017, algo que cayó mal en el sindicalismo.
Pero son los sectores de las franjas más bajas, los trabajadores que no pagan el impuesto a las Ganancias porque tienen salarios de bolsillo del orden de los 7.500 pesos, los que exigen mayores respuestas del Gobierno ante un escenario económico que empieza a incidir fuertemente en el escenario político, en el que el malestar social pasó a ser tema de preocupación del oficialismo y de la oposición.
Para este enorme universo, el Ejecutivo anunció mejoras significativas en las Asignaciones Familiares que tienen un costo fiscal de 14.000 millones de pesos, una cifra que aun si se suma a los aumentos que por ley se otorgan semestralmente a jubilados y a la Asignación Familiar por Hijo, roza sólo los (casi) 29.000 millones de pesos.
Si bien los sindicalistas destacaron el "gesto" del Gobierno, estas medidas resultan insuficientes para quienes deben hacer frente a una inflación voraz que desde que ganó Macri dio tres saltos cuantitativos: cuando los empresarios especularon sobre el precio del dólar "libre", cuando se anunció la salida del cepo y, recientemente, cuando una nueva ola de especulaciones llevó a que el dólar tuviese una nueva apreciación, lo que obligó al BCRA el pasado jueves a intervenir en el mercado por primera vez en 60 días.
Hoy, la devaluación realizada por el Gobierno en relación al dólar oficial de los últimos días del kirchnerismo supera el 50% y la inflación trepó en 3 meses a 10 puntos (casi), si se toma en cuenta el índice que suministra la oposición desde el Congreso (que antes impulsaban los legisladores del Pro y del radicalismo).
Los malos modos con que el Ejecutivo tuvo que deshacerse de Graciela Bevacqua, la directora del Indec que exigía ocho meses para construir un nuevo y serio Índice de Precios al Consumidor (IPC), pusieron de relieve la urgencia política que tiene la administración central para poder negociar con gremios cuyas bases exigen aumentos en paritarias del 40%, muy lejos de los anhelos del 20 o 25% que plantea la Casa Rosada.
En este contexto económico, el Gobierno ruega terminar cuanto antes con el conflicto con los holdouts para que los capitales que hoy esquivan a la Argentina migren hacia nuestro país y esto incentive inversiones, la producción de empleo y la generación de más bienes y servicios en el mercado interno, otra de las herramientas clave para reducir la inflación.
La foto de esta semana del presidente Macri con el primer ministro italiano, Matteo Renzi, la que se sacará en los próximos días con el presidente francés Francois Hollande y, sobre todo, la que tendrá con el estadounidense Barack Obama a fin de marzo cuando éste llegue a la Argentina forman parte de la estrategia del nuevo gobierno por descongelar las relaciones "con el mundo".
Todas estas decisiones económicas que ha tomado el Gobierno en los últimos días, más la quita de retenciones al campo, a la industria y a la minería, provocan un encendido debate en el Congreso. Cuando todavía faltan diez días para que Macri asista a la Cámara baja a inaugurar las sesiones ordinarias, las posiciones más duras del kirchnerismo y las más dialoguistas del resto del peronismo están mutando minuto a minuto. Por momentos se alejan y por momentos se acercan.
Todo el arco peronista ha decidido hacer causa común para reclamar al nuevo gobierno que se haga cargo de otra herencia de la gestión anterior: la devolución del 15% de la coparticipación a las provincias, que éstas cedieron en 1992 a favor de la Anses para sostener el déficit previsional de aquellos años. Los mismos actores que durante la presidencia de Cristina Kirchner bajaron la cabeza ahora le exigen a Macri que, en un abrir y cerrar de ojos, les reintegren a las provincias una suma que, según quién la calcule, podría ir desde los 100.000 a los 200.000 millones de pesos anuales.
En el macrismo creen que podrán acordar con los gobernadores peronistas de un modo sensato, bajo las promesas de sostener la obra pública en cada distrito y de la eliminación paulatina de las transferencias discrecionales con las que el matrimonio Kirchner supo disciplinar a los caciques.
Sin embargo, hoy Cambiemos corre el riesgo de que la semana que viene los dos referentes más claros del peronismo dialoguista, Sergio Massa y Adolfo Rodríguez Saá, voten en contra -en la comisión bicameral de Trámite Legislativo- del DNU que tuvo que firmar Macri para anular la decisión que Cristina Fernández tomó sobre el fin de su mandato por la que hizo extensivo a todas las provincias un fallo de la Corte que favoreció sólo a tres distritos.
El peronismo, que hoy no puede ocultar sus diferencias internas, encontró gracias a aquel fallo de la Corte un tema para aunar a kirchneristas y a los seguidores de los gobernadores: la coparticipación.
De ahí que las espadas legislativas de Cambiemos tendrán un rol determinante en los próximos días para torcer esta situación inesperada de comunión peronista.
La primera prueba será la eliminación de la Ley Cerrojo, que impide al Estado nacional acordar con los fondos buitres. Mientras los gobernadores ven la posibilidad de que sus provincias accedan nuevamente al mercado internacional de crédito junto a la Nación para conseguir herramientas que les permitan hacer frente al déficit con el que la mayoría terminaron la fiesta kirchnerista, el cristinismo ya está contando cabezas para evitar que el Congreso vote la ley.
Por estas horas, los jefes legislativos de Cambiemos negocian con sus aliados peronistas lugares en las principales comisiones de Diputados y de Senadores. El objetivo es hacerlos sentir "contenidos" para así poder enfrentar al kirchnerismo duro en ambas cámaras.
Sin embargo, incluso entre los integrantes de la coalición gobernante hay roces.
Los radicales, aunque en voz alta no se animen a decirlo, están molestos por el poco "juego" que les da el Gobierno en la toma de decisiones. Una oportuna cena que se realizó el miércoles en Olivos, en la que Macri buscó hacer sintonía con sus socios, vino bien para descontracturar la relación.
En la semana entrante, la UCR hará catarsis en un encuentro en Luján (provincia de Buenos Aires) y se espera que tanto el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, como el jefe de Gabinete, Marcos Peña, escuchen sus reclamos.
Otro "mimo" de cara a un año en el que el Congreso deberá ser el garante de la gobernabilidad ansiada por Macri.
