Después de que la fiscalía de Delitos Sexuales y los querellantes del caso Próvolo solicitaran altísimas penas para los dos curas y el jardinero -en algunos casos, 50 años, la pena máxima establecida por las leyes argentinas- la defensora oficial que los asiste salió "con los tacones de punta" y solicitó a los jueces la nulidad de las acusaciones, es decir, de todo el proceso.
Ayer por la mañana terminaron los alegatos de los querellantes Oscar Barrera y Leandro Lanci, quienes solicitaron al tribunal 50 años de cárcel para los sacerdotes católicos Horacio Corbacho (59) y Nicola Corradi (83), y 30 años para el jardinero Armando Gómez (49).
Cerca de las 12, y durante una hora, fue el turno de Alicia Arlotta, la defensora oficial que patrocina a los tres imputados.
Según trascendió, la abogada solicitó al tribunal la nulidad de las acusaciones, es decir de los hechos por los cuales se los está juzgando, además de la reserva de casación para -en caso de ser condenados- poder llevar el caso a la Corte nacional y a tribunales internacionales.
“Imputaciones imprecisas”
El planteo de Arlotta sostiene que las imputaciones están plagadas de imprecisiones en cuanto a la fecha, la hora y el lugar donde habrían sido cometidos los 28 presuntos casos de abusos.
La falta de estos elementos atenta contra el derecho de los acusados de defenderse. Es decir: si no se sabe el lugar, el día y la hora precisa de los hechos, ¿cómo se pueden defender los acusados? Arlotta llegó a decir que la causa nunca debió haber llegado a juicio.
Por otra parte -parafraseando a Fernando Guzzo, el jefe de los fiscales de Homicidios- la abogada sostuvo que los fiscales y los querellantes parcializaron la prueba. Por ello solicitó a los jueces que observen la prueba en su conjunto.
Desechando la opinión de los peritos, la defensora sostuvo que no es cierto que las presuntas víctimas no puedan ser precisas en cuanto a las fechas de los presuntos abusos y que Gómez entendió poco y nada del debate que está por finalizar.
Cerca de las 13 de ayer, los jueces solicitaron un cuarto intermedio, por lo que la defensora Arlotta terminará su alegato hoy desde las 9.
Previo a la exposición de la abogada, tomó la palabra Beatriz Gamero, la asesora de menores del Ministerio Público y Pupilar que se encargó durante todo el proceso de resguardar los derechos de uno de los 11 denunciantes que es menor de edad.
Gamero adhirió a los alegatos del Ministerio Público Fiscal y, además, acompañó el pedido de la querella para que se coloque una placa recordatoria en la sede del Instituto Próvolo que, en plena investigación, fue vendido por la Iglesia Católica a la Municipalidad de Luján.
Altas penas solicitadas por fiscales y querellantes
El miércoles, los fiscales Gustavo Stroppiana y Alejandro Iturbide solicitaron 45 años de prisión para cada uno de los curas y 22 años y medio para el jardinero. En tanto que los letrados de Xumek, Sergio Salinas y Lucas Lecour, subieron la apuesta y pidieron 50 años de prisión para Corbacho -la pena máxima permitida por las leyes argentinas-, 15 años para Corradi y otros 15 para Gómez, sólo por las cinco causas que ellos representan. Por otra parte, adhirieron "simbólicamente" al pedido de la fiscalía, que acusó por 25 casos.
A esto hay que agregar las penas solicitadas ayer por Barrera y Lanci: 50 años de prisión para los presbíteros y 30 para Gómez.
