Sin dudas 2016 puede ser un año inolvidable para Alejandro Gullé. Está propuesto para ser el procurador general de la Suprema Corte de Justicia y tiene grandes posibilidades de lograrlo. Desde hace 20 días vive en su flamante casa en el coqueto barrio Dalvian, con un valor total declarado de $ 2.270.000 (terreno más propiedad).
Así se desprende de la declaración jurada que el todavía juez de la Sexta Cámara del Crimen adosó en el pliego que ya estudia la Legislatura provincial para su nombramiento.
El pliego ingresó ayer a la Cámara alta y, con ello, se inició el proceso que -si todo sale como Gullé y el gobernador Alfredo Cornejo esperan- finalizará el próximo 30 de agosto, cuando los senadores den su visto bueno a través de una votación secreta.
En realidad, la declaración jurada de Gullé también muestra otros inmuebles en los que el magistrado aparece como propietario.
Una casa en Guaymallén, por valor de $ 92.408 (avalúo fiscal), con “usufructo vitalicio a favor de Estela María Gullé”, hermana del juez.
Otra propiedad en calle Patricias Mendocinas de Godoy Cruz, de la que el magistrado es dueño sólo en 21,5% ($ 48.935). “Allí vive una prima. Los dueños de la casa son mi papá y mis hermanos. Yo sólo tengo una parte”, confirmó el letrado.
Cambio "por seguridad"
En la primera página del pliego que llegó a la Legislatura, el domicilio figura en Godoy Cruz. Sin embargo fue el propio Gullé el que informó que se cambió de casa a Dalvian hace 20 días.
“Yo tenía el lote desde 2004. Hace dos años vendí la casa del barrio Bancario y con esa plata y seis préstamos (en la DDJJ figuran sólo cinco) construimos esta nueva casa”, contó a Los Andes.
“Tenía dos opciones, vender el terreno o construir. El tema de la seguridad se puso tenso. Eso nos decidió a mi señora y a mí a iniciar la construcción”, añadió.
Precisamente su esposa, Patricia Gil, es copropietaria del inmueble adonde viven junto con sus hijos.
Además, el magistrado declaró ser dueño de un automóvil Peugeot 408, modelo 2011, valuado en $ 194 mil. Y su esposa, de un VW Fox, también 2011, cotizado en $ 150 mil.
En cuestión de sueldos, por ser juez de Cámara, Gullé cobra en la actualidad casi $ 117 mil. Pero además, es profesor en la Universidad Nacional de Cuyo y en la del Aconcagua, sumando, con ambos cargos, unos $ 18 mil más.
Ser docente en la UNCuyo no le representa una incompatibilidad actualmente. Ni tampoco lo hará si se convierte en procurador general. Aunque el trabajo “full life” que él pretende tener en ese rol, “tal vez no le permita seguir enseñando”, indicaron fuentes del Poder Judicial.
Información completa
El pliego que los senadores deberán analizar contiene, además de la declaración jurada de Gullé, todos sus antecedentes académicos y laborales, incluyendo su experiencia docente.
Además figura la certificación de no ser deudor alimentario; el certificado de buena conducta; el de “capacidad legal” para ejercer el cargo al que se postula y la constancia de las cinco veces que debió asistir a votar el año pasado.
El camino para lograr el acuerdo del Senado
El pliego de Alejandro Gullé ya tomó estado parlamentario y fue derivado a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC).
Su titular, Marcelo Rubio, explicó cómo será el proceso. “Este jueves 11 aparecerán los edictos que plantean el período de 7 días para presentar adhesiones u oposiciones”, informó el senador. “Si hay oposiciones, se dan al postulante 3 días más para que responda los cuestionamientos”, agregó.
Según Rubio, la intención es que “el 24 de agosto” se realice la audiencia pública obligatoria, en la que se podrá escuchar a quienes adhieren y a los que se oponen.
“El 30 de agosto está prevista la sesión secreta para votar la postulación de Gullé”, confirmó el senador.
Aceptarían cambios en el Código Procesal Penal
Los cuestionamientos del PJ, del Colegio de Abogados y el Instituto de Altos Estudios de Derecho Procesal dieron sus frutos. En el plenario de comisiones (LAC y Seguridad de ambas Cámaras) que discute el proyecto de reforma del Código Procesal Penal, el oficialismo aceptó parte de las críticas y también de las sugerencias que se hicieron.
“Fue una buena reunión. Estamos trabajando en modificaciones al proyecto para que lo vea la oposición” informó el radical Rubio, que aseguró que está “casi todo consensuado”.
Si bien la principal crítica apunta a las funciones del ayudante fiscal, la UCR aseguró que “no se equipara su figura con la del fiscal”. En esa línea aclaratoria van las modificaciones que ahora trabajan y que prometieron entregar hoy a la oposición. “La idea es que la semana que viene se apruebe”, indicó Rubio.
