La economía argentina viene atravesando una serie de situaciones que demuestran una peligrosa debilidad institucional. Este defecto viene de largo tiempo y, a 36 años de la restitución de la democracia, es claro que hay muchos agujeros negros que cada día se ven en forma más palpable.
Desde que asumió el gobierno actual, la oposición kirchnerista se lanzó a una carrera desesperada tratando de provocar situaciones límite con la esperanza de una renuncia o destitución del Presidente. Con el nuevo gobierno, mágicamente, muchos juzgados que tenían caudas demoradas, comenzaron a investigar múltiples denuncias y esto hizo que una aceitada maquinaria se pusiera en marcha con sucesivas campañas con el fin de obligar a Macri a renunciar o a buscar causales para su destitución. El ejemplo más cercano es la muerte de Santiago Maldonado, causa en la que múltiples peritajes certificaron una muerte por ahogamiento, a la cual se la publicita como “desaparición”.
El gobierno comenzó su gestión prometiendo un proceso gradual de eliminación de subsidios y en lugar de ser una solución fue un gran problema. Un pequeño aumento, para bajar subsidios, generó presentaciones judiciales y una orden la Corte para bajar las tarifas. Este problema se generó porque el gobierno nunca blanqueó el nivel de atraso tarifario y el costo que traía aparejado en términos de inflación.
Se decía un ajuste mayor era socialmente inviable pero parece que la inflación generada por los déficit, más el endeudamiento para financiarlo, fueran mucho más justos socialmente. Los políticos están tan acostumbrados a mentirles a los ciudadanos, que no les da miedo mentir, les da miedo decir la verdad. Por eso nadie quiso revelar la gravedad de la situación heredada, que estaba a punto de colapsar.
Esto explica en parte el mal humor generado por constantes aumentos de precios que impulsaban la inflación, generando un combo que afectaba progresivamente el poder adquisitivo de los salarios. Nadie era consciente de la gravedad de la situación heredada y, a esta altura, uno tiene derecho a dudar si los funcionarios del gobierno tenían clara la situación.
Lo cierto es que el gobierno se ha metido en un círculo vicioso del cual no sabe salir. Aumentan las tarifas para pagar menos subsidios y esto impacta en los precios. Pero esta inflación se traslada a toda la cadena y luego tienen que volver a ajustar las tarifas eliminando subsidios pero agregándole más inflación. Este proceso indexatorio asusta y los inversores se van a dólares y el aumento del precio de la divisa obliga a seguir indexando tarifas sumándole este rubro a quita de subsidios e inflación.
Hay un problema de diseño de la estrategia monetaria que ha producido una encerrona porque, si bien se esperan los dólares de la cosecha más lo que aportará el FMI, son solo soluciones parciales. El veneno de la inflación se quiere combatir con el veneno de la indexación y lo único que se consigue es sumar más veneno a una economía estancada que no puede sacar la nariz fuera del agua.
El problema de la justicia
El funcionamiento y la eficiencia del Poder Judicial es uno de los mayores problemas de la Argentina ya que se pueden esperar falencias en el Ejecutivo y en el Legislativo, pero el sistema Republicano provee el resguardo del Poder Judicial para corregir errores o violaciones de derechos. En la Argentina esto no ocurre, nadie cree en la Justicia y esta se encarga día a día de sembrar más dudas acerca de las razones de los jueces, que se ven envueltos en internas políticas, en operaciones de espionaje o en la defensa de intereses corporativos.
Esta semana la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo a favor de un jubilado que reclamaba que no se le descontara el impuesto a las ganancias. En un universo de 8,5 millones de jubilados solo 270.000 pagan este tributo ya que están alcanzados solo los que cobren más de $ 62.500 mensuales ( esta cifra se actualiza trimestralmente). Vale recordar que la jubilación máxima es de $ 76.000, aunque las remuneraciones hubieran sido más altas. Siempre se pone de ejemplo a algunos ejecutivos del sector petrolero, que tiene remuneraciones cercanas a los $ 200.000 mensuales, pero solo perciben las máxima de jubilación, que representa menos del 40%.
Todos de los que perciben remuneraciones superiores al máximo son ex agentes del Estado, como Presidentes y Vicepresidentes, ministros, diplomáticos, jueces y algunos ex legisladores de un régimen remanente. Además están los regímenes especiales de las provincias que transfirieron sus cajas a la Nación. Según estudios privados, estas jubilaciones, comúnmente llamadas “ de privilegio”, porque salen del régimen normal, tiene un costo de más de $15.000 millones. Esta cifra equivale a 1,5 millones de jubilaciones mínimas, lo que muestra el disparate en este sentido que hace que el sistema esté casi quebrado.
El fallo de la corte está destinado a consolidar privilegios y, aunque hace algunas salvedades para el caso particular, intenta generar un paraguas de protección al negar el pago del impuesto por darle un carácter “alimentario” y esgrimir que el impuesto pone en situación de vulnerabilidad a quien debe pagarlo. Lo grave es que el caso en cuestión es de una ex legisladora de Entre Ríos que debe percibir nos $ 150.000.
Esta situación es muy grave y, aunque algunos le asignan motivaciones políticas, tiene más olor a salvaguarda de derechos corporativos, a los cuales los miembros del Tribunal aspiran a acceder en poco tiempo más. Y además, esta es la misma Corte que nunca quiso tratar los reclamos de aquellos que les fueron confiscados sus ahorros administrados por las AFJP. La Justicia tampoco colabora para dar seguridad jurídica.
