La sanción de leyes que limitan severamente el uso y disposición de la propiedad, el caso emblemático es la Ley de Abastecimiento, políticas de fijación de precios, limitaciones o prohibiciones de exportar o importar bienes, cepo cambiario, llevan ya muchos años de vigencia en nuestro país.
En el largo período kirchnerista, el espacio de la economía privada se ha reducido considerablemente; como contrapartida, ha crecido en forma notable la economía estatal.
Puesto de otra manera, la economía de mercado ha sido debilitada y reducida a algunos pocos sectores de actividad, la economía globalmente considerada funciona prácticamente como una economía dirigida desde el Estado.
Aquellas preguntas centrales de los manuales para definir los sistemas económicos: qué, cómo, cuánto y para quién producir ya no las resuelven el funcionamiento de los mercados, es decir la interacción entre consumidores y productores.
Se resuelven en oficinas colmadas de burócratas muy bien remunerados, y los empresarios privados las aceptan, resignados e impotentes en algunos casos, con aceptación y ventajas en no pocos.
De cualquier modo resulta evidente que la conformación de la economía de estas características lejos está de producir resultados favorables para la sociedad en conjunto.
Por el contrario, estamos transitando el segundo año en recesión y con inflación creciente, y los pronósticos para el año próximo prevén condiciones similares.
Cabe preguntarse por qué se ha llegado a esta situación, por qué ha sido tan débil la actitud de los empresarios, con excepción de algunas entidades representativas del sector agroexportador.
Pregutarse por qué hemos vuelto a una organización económica con los peores defectos de los ’70 y ’80. Existe una profusa literatura (con opiniones encontradas) sobre el tema para quienes quieran profundizar la cuestión, desde la óptica de las ciencias sociales.
Digamos aquí que hay algunas líneas de ideas en las cuales existen bastantes coincidencias. Una es que largas décadas de políticas sustitutivas de importaciones, alta protección arancelaria, aceptación de situaciones monopólicas, industrias sin escala ni capacidad para competir en el mercado internacional, créditos subsidiados, fueron constituyendo una mentalidad empresaria adversa al riesgo, a la competencia y al libre funcionamiento de los mercados.
En ese tipo de modelo, las empresas protegidas, incluidos indirectamente el comercio y los servicios, tenían asegurado un mercado interno cautivo; quienes pagaban las consecuencias eran los consumidores, sin opciones de comparar precios y calidades.
Este modelo de organización económica, que se ha llevado al extremo en la última década, es funcional a las ideas imperantes en la mayoría de los sectores políticos, la burocracia estatal, los intelectuales y los medios de comunicación siempre críticos de la función de los empresarios privados y adictos a la intervención del Estado.
Debe decirse que una amplia gama de empresarios -con excepción de, insistimos, parte del sector agropecuario- reiteradamente requiere esa intervención.
Es habitual escuchar que se necesita que el Gobierno indique dónde invertir, qué producir, dónde vender; más aún, que el Estado compre lo que producen.
La consecuencia ha sido un empresariado fragmentado, con recurrentes enfrentamientos inter e intra sectoriales, reflejada en una multiplicidad de agrupaciones empresarias débiles, sin recursos económicos y en no pocos casos dependiente de aportes públicos para funcionar.
Hay excepciones, sin duda, y hay sectores empresarios que han contribuido a formar instituciones de estudios y análisis económicos de gran prestigio.
Pero lo que no se ha podido lograr es que la opinión pública reconozca la función del empresario en la sociedad; la encuesta muestra la opinión negativa que existe el respecto.
Baste un ejemplo elocuente: la mayoría cree que el aumento de precios, la inflación, la producen los empresarios, no el Gobierno con su política fiscal y monetaria.
Finalmente es necesario señalar otra cuestión llamativa: en la Argentina no hay desde hace ya bastante tiempo un partido político que sostenga explícitamente que está favor del funcionamiento de una economía libre de mercado, abierta al mundo, competitiva.
Que proponga no digamos eliminar, simplemente disminuir la intervención del Estado en la economía. En descargo de los empresarios, juegan con las reglas que les imponen.
