Mario Fiore - Corresponsalía Buenos Aires
La ley multipropósito que esta semana tendrá sanción de la Cámara Baja tiene una particularidad: implica una enorme cantidad de recursos públicos pero ni el Gobierno ni la oposición saben precisar de cuánto dinero estamos hablando.
La única certeza que existe es que el pago de las sentencias firmes que tienen los jubilados, que suman unos 50 mil millones de pesos.
Pero no se sabe a ciencia cierta cuántos jubilados que aún esperan sentencia aceptarán la propuesta -que implica quitas- y tampoco hay coincidencias de a cuántos beneficiarios alcanzará la actualización promedio del 45% de los haberes. En este último punto, se habla de un gasto extra de 1,7% del PBI en 2017.
Pero las principales dudas se posan sobre el blanqueo de capitales. Se estima que hay 400 mil millones de dólares que los argentinos no tienen declarados. Pero el Gobierno espera que ingresen vía el impuesto extraordinario unos 20 mil millones de dólares (280 mil millones de pesos).
Para la oposición, el número -en el mejor de los casos- no será mayor de 6.000 millones de dólares (24.000 millones de pesos) y sería una mínima compensación al costo fiscal de la reparación histórica de los jubilados. Por eso la ley establece la posibilidad de apelar al Fondo de Garantía de la Anses y, con algunas restricciones, a la venta de acciones.
El segundo ingreso de recursos que prevé el Gobierno es la moratoria fiscal. Aunque por esta vía podría ingresar un flujo corriente de recursos -se prevé 60 cuotas- el impacto no sería sustancial en los tres primeros años en los que se terminará de pagar juicios y retroactivos. Además, los diputados del PJ dialoguista metieron a la deuda por aportes jubilatorios que las provincias tienen con la Nación. El número es abultado: unos 30.000 millones, pero se pagará 90 cuotas. Para los productores agropecuarios, la moratoria será de 90 cuotas también.
Un número que sí está computado es el gasto que hará la Anses al devolver el 3% de la coparticipación este año a las provincias recibirán 21.000 millones, pero el número crecerá a 37.000 millones en 2017 y se actualizará hasta 2020. Este mayor costo fiscal se incrementa con el artículo que metieron los gobernadores de provincias con cajas de jubilaciones, que se garantizaron transferencias automáticas para paliar sus déficits.
Pero como primero deben hacerse auditorías, tampoco se puede precisar cuánto dinero deberá poner la administración de Mauricio Macri en este punto. Los provincias reclaman entre el 40 y el 65% de sus déficit. Sólo Córdoba pretende 4.200 millones. Chaco unos 400 millones y Entre Ríos otros 2.600 millones anuales.
Como vemos, la cuenta no para de crecer cuando se trata de erogaciones. En cambio, a la hora de computar los ingresos probables, las estimaciones no tienen sustentos. Si la Casa Rosada permitió que su proyecto de ley se transformase en una Caja de Pandora es porque conjuga su debilidad política en el Congreso con su urgencia económica. Aspira a que el ingreso de capitales no declarados y los pesos de más que los jubilados tendrán en sus bolsillos ayuden a reactivar la economía.
En pos de este objetivo, y teniendo en cuenta que en 2017 las elecciones serán un test clave, la Nación decidió sacrificar la meta del déficit fiscal. Al punto de que pese a los tarifazos, el objetivo de reducir 1,5% este año el déficit heredado de Cristina Kirchner no bajará. ¿Por qué? Por la reducción de la presión fiscal (fin de retenciones, aumento de los pisos de Ganancias, eliminación del IVA a la canasta de alimentos), la cual se seguirán achicando con las exenciones de Bienes Personales y de Ganancias en el aguinaldo, que se sumaron a la ley ómnibus que está en el Congreso.
