Es lamentable que la delicada cuestión laboral de nuestro país se encare con proyectos de corta mira, motivados más cuestiones políticas de ocasión. El núcleo de la cuestión laboral es dilucidar por qué la economía no crea empleos suficientes para los que necesitan y quieren trabajar. Conviene recordar que el trabajo es uno de los factores de producción, junto con el capital, los recursos naturales y la organización.
La empresa, de cualquier tamaño y forma jurídica, demanda trabajo cuando piensa que los bienes y servicios que va a producir alguien lo va a comprar. Nadie demanda trabajo per se, es demanda derivada, si no hay producción no hay trabajo y para que haya producción se requiere esencialmente inversión. Crear un empleo productivo, eficiente, requiere de una inversión considerable, que puede ascender a decenas de miles de dólares según el tipo de actividad.
Al efecto resulta muy ilustrativo un preciso documento elaborado por Idesa, institución especializada en estos temas. “En la última década se crearon muchos empleos formales pero también fue masiva la destrucción de puestos de trabajo. No se trata de un hecho excepcional sino que ocurre en todos los mercados de trabajo ya que la permanente creación y destrucción de empleos es un fenómeno natural del sistema productivo. Por eso, prohibir por ley los despidos es una política destinada al fracaso que demuestra la escasez de ideas innovadoras y exceso de oportunismo político”.
En base a datos oficiales estima que entre 2004 y 2014 se crearon 10 millones de nuevos puestos de trabajo a la par que se destruyeron 8 millones; o sea, el crecimiento neto del empleo asalariado privado formal fue de 2 millones de puestos. Señalan que “el empleo aumenta con inversión física y en capital humano e instituciones laborales modernas”.
Sin duda que el déficit, en la última década, en estos tres factores es alarmante y el resultado ha sido que en cuatro años prácticamente no hubo creación de empleo en el sector privado. La inversión productiva ha sido muy baja, apenas alcanza para reponer el capital que se desgasta, en muchos casos la inversión ha sido de mala calidad, de baja o nula productividad social.
En materia de capital humano parece haber más bien un retroceso que una mejora, una simple observación muestra a mucha gente joven y no tan joven con capacidades laborales con casi inexistentes. El empleo público y el asistencialismo han hecho lo suyo en esa dirección.
Es evidente que en materia de modernización de las instituciones laborales es donde la situación es más grave, se ha retrocedido en lugar de avanzar. Al respecto Idesa apunta un tema: dice que el Congreso “se debería abocar a reducir la incidencia de las cargas sociales priorizando los salarios más bajos, y establecer una legislación que brinde protección sin generar costos espurios y litigiosidad exacerbada”.
Este último punto merece especial consideración, por el crecimiento exponencial de las causas en los tribunales laborales de todo el país y en nuestra provincia en particular. El desequilibrio jurídico que la legislación introduce en favor del empleado y la facilidad con que la Justicia otorga derechos a estos en desmedro de los empleadores, ha dado origen a la bien denominada “industria del juicio”.
Cualquier empresario pyme le va a relatar el verdadero “calvario” que implica esta situación, que en muchos casos se asemeja a los denominados “caranchos” en el caso de accidentes de personas. No pocos casos terminan con la destrucción de la pequeña empresa. Es necesario renovar la legislación para que los empresarios pymes sientan orgullo de tomar un empleado y no que sea una pesadilla.
