Especialistas en Ciencias Sociales suelen distinguir entre “asuntos” (situaciones cuya resolución puede postergarse sin que eso afecte a la sociedad) y “cuestiones” (que deben encararse o la sociedad se bloquea).
La Argentina presenta varias situaciones, cuestiones, que hacen difícil su avance. Nuestro recurrente déficit fiscal, el enorme crecimiento del gasto público y la carga tributaria, son algunas de ellas.
Una cuestión que arrastramos desde décadas, agravándose, es la laboral, que implica varios aspectos; seguramente el primero sea una legislación rígida, centralmente administrada, que genera una fuerte conflictividad y litigiosidad. Se dirime en el fuero laboral, donde se ha creado una verdadera “industria del juicio”, muchas veces con evidente connivencia entre jueces y los denominados abogados laboralistas, beneficiarios de la “industria”.
Un aspecto central de este problema es la existencia de convenios colectivos obsoletos por rama de actividad (como dice un especialista, “60% de los convenios describe situaciones y refleja tareas, categorías y funciones que ya no existen”). De esta maraña construida a lo largo de mucho tiempo derivan situaciones en las que llamativamente todos pierden: empleados, empleadores y la sociedad en conjunto; una: la baja capacidad de la economía de crear empleos privados formales, precisamente por las dificultades legales y sus efectos. Es frecuente escuchar a empresarios, sobre todo pymes, decir que “tomar un empleado es crearse un problema”; la contracara: el notable porcentaje de trabajo informal, precario, “en negro”.
En trabajo elaborado por la CGT se puede leer interesantes conceptos al respecto. “Existen dos definiciones de informalidad. Por un lado, en la definición productiva el empleo informal es aquél de baja calificación, marginal, con escasa productividad y bajo nivel tecnológico”. En la definición legal, el empleo informal es el que no se ajusta a las reglamentaciones laborales e impositivas, no está registrado. Esta situación, en números del Observatorio de la UCA: en el tercer trimestre de 2016 sólo 41,4% de la población económicamente activa urbana posee un empleo asalariado o no asalariado con plena calidad de derechos laborales; 30,7%, empleo regular pero sin vinculación con la seguridad social; 18%, subocupada en actividades de baja remuneración, alta inestabilidad y/o participan de programas de empleo; 9,9 %, abiertamente desocupado.
Como no podría ser de otra manera el informe señala que las remuneraciones difieren significativamente según la calidad del empleo al que acceden los trabajadores. En una serie de una década se puede comprobar que el trabajo no registrado tiene una remuneración inferior al salario mínimo, y de apenas una cuarta parte de los formales. En los trabajos informales se destacan, por cantidad, trabajadores por cuenta propia, falsas cooperativas de trabajo, monotributistas que en muchas oportunidades esconden una relación asalariada permanente, incluidas dependencias estatales.
Otro aspecto fundamental que contribuye a la alta informalidad del trabajo es un distorsionado sistema de cargas sociales o impuestos al trabajo que se ha ido construyendo “ladrillo a ladrillo” y que constituye un muro que separa el trabajo formal del resto.
Existen numerosos convenios que tanto por las retenciones al empleado como por los aportes del empleador a la seguridad social, a los sindicatos y a diversos “negocios” creados en connivencia entre sindicatos y asociaciones patronales, hacen que el costo laboral casi duplique al salario de bolsillo. Resultado final: una baja productividad laboral.
Un informe de la consultora Abeceb mide la productividad laboral en dólares/hora: 5,85 en Argentina, 15,92 en Chile, 87,67 en EEUU. Se explica por qué somos pobres.
