La movilización hoy de las organizaciones sociales, más la marcha federal convocada para la semana próxima a Plaza de Mayo por los sindicatos docentes nacionales: más el paro con acto en el mismo lugar que resolvieron ayer las dos CTA para el jueves 30: más la huelga nacional a la que mañana convocará la CGT para el primer jueves del mes próximo, primera contra la política económica y social del Gobierno nacional, configuran hasta bien entrado abril la situación de mayor conflicto social y laboral que deberá afrontar la Presidencia de Mauricio Macri a poco más de un año de gestión y a meses de elecciones de medio término clave.
El paro nacional de 24 horas sin movilización del 6 de abril venidero al que el consejo directivo de la CGT convocará mañana al mediodía después de la multitudinaria movilización de hace una semana, no logrará ser revertido por la táctica dispuesta desde entonces por el Gobierno nacional de buscar romper la unidad sindical a partir de reuniones y eventuales negociaciones particulares con los sindicatos de los gremios industriales, los más afectados por la política económica gubernamental de apertura de las importaciones y los consecuentes despidos.
"Si la CGT para, la UOM para". La definición fue ayer del secretario general de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica), Antonio Caló, apenas salió de la reunión en la sede de Trabajo con el titular de ese ministerio, Jorge Triaca, y su sindicalmente cuestionado par de Producción, Francisco Cabrera. Los funcionarios nacionales iniciaron ayer con los sindicatos industriales metalúrgico, textil, cerámico y del calzado, reuniones específicas para atender sus situaciones particulares, afectadas por los despidos y el cierre de empresas por la apertura de importaciones.
Además Caló se pronunció, en sus declaraciones a periodistas, contra modificaciones a las condiciones laborales como las que el Gobierno negoció con el sindicato de mecánicos Smata; flexibilizaciones similares al “caso testigo” de los petroleros en Vaca Muerta, que Macri anunciará hoy en la Casa Rosada.
Caló dijo que estará en la firma del acuerdo por el cual las empresas automotrices “se comprometerán a invertir 3.500 millones de dólares para producir un millón de unidades anuales”, pero alertó: “La UOM no firmará convenio alguno que afecte los intereses de los trabajadores”.
En la misma línea, otro de los sindicalistas que desfiló ayer por la sede de Trabajo, el secretario general del calzado, Agustín Amicone, reclamó al Gobierno nacional recomponer el poder de compra del mercado interno y en función de ello pidió un aumento salarial de emergencia de 5.000 pesos para “todos” los trabajadores. “Si no -sentenció- no tenemos destino ni salida”.
Ante estos intentos gubernamentales por contrastar su disposición al diálogo con la supuesta intransigencia sindical, el por estas horas máximo vocero político de la Rosada, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se mostró sorprendido.
Dijo a periodistas: “El llamado a los paros y las manifestaciones, cuando todas las variables macroeconómicas muestran que se está saliendo de lo peor, hacen pensar que está teñido de un adelantamiento del año electoral”.
En tanto, las organizaciones representativas de los trabajadores informales (Ctep, Barrios de Pie y CCC), convocaron para hoy en el centro porteño a una manifestación.
