Algunas de las medidas sociales adoptadas por el gobierno no han tenido el resultado previsto. En 2016 se sancionó una ley por la cual se dispuso devolver el IVA sobre el consumo de alimentos básicos a los sectores "vulnerables" (jubilados que cobran la mínima, beneficiarios de la AUH, veteranos de Malvinas, etc.).
Pero sólo uno cada cinco está cobrando la devolución. Es que se realiza mediante tarjeta de débito, y la mayoría de los "vulnerables" no la tienen y carecen del conocimiento para manejarla.
Al mismo tiempo, un tercio de los hogares urbanos y suburbanos no accede a los servicios esenciales: agua corriente, gas natural o electricidad. Cabe señalar que un tercio de los niños se está alimentando en comedores comunitarios. Es aproximadamente el mismo tercio el que está en ambas situaciones.
El Indec ha informado que en mayo, una familia tipo (padre, madre y dos hijos) necesitó 18.834 pesos por mes para no estar en situación de pobreza. Ello implica un incremento de 3,2% respecto al mes anterior.
En cuanto a la indigencia o pobreza extrema (en este caso padre, madre y tres hijos), en mayo se incrementó 4,8%, siendo el mayor aumento desde que Macri llegó al gobierno.
Es que la devaluación comenzó a afectar el precio de la canasta básica, que determina la indigencia. Ella está compuesta casi exclusivamente por alimentos básicos.
En este marco, el gobierno pretende reducir en un tercio las pensiones por incapacidad, porque muchas han sido adjudicadas sin los requisitos necesarios. Pero en este contexto social, este propósito resultará impracticable.
También analiza aumentar los subsidios sociales, comenzando por la AUH y los planes "Argentina Trabaja", frente al deterioro de la situación social.
En cuanto al empleo, el Indec informó que la tasa de desempleo en el primer trimestre había llegado a 9,1%, lo que implica 400.000 desempleados más que el anterior.
Una entidad privada (Idesa), en una aparente contradicción, sostuvo que en dicho período había aumentado la creación de empleo. Pero también sostuvo que ello iba a evolucionar negativamente desde el segundo trimestre del año.
Ya en mayo, el gremio de la construcción (Uocra), informó que si bien el empleo en el sector había mejorado 8,1% respecto al mismo mes del año anterior (2017), bajó 0,2% en comparación con el mes anterior (abril). Es la primera vez en más de un año y medio que evoluciona negativamente respecto al mes que pasó.
Esto hizo que el primer sector con el cual el gobierno retomará el diálogo después del paro fue la construcción, haciéndolo a través del ministro del Interior (Frigerio). Se acordó acelerar el pago de las obras, para evitar que se afecte el empleo.
Mientras esto sucede, el gobierno nacional pretende que provincias y municipios reduzcan su personal, algo que parece políticamente inviable, con la perspectiva socio-económica que el mismo gobierno ha asumido en los últimos días de junio (Peña, Dujovne, Sica, Triaca, etc. reconocieron que será un período complicado)
En el primer trimestre del año los salarios perdieron poder adquisitivo frente a la inflación. Esta situación se va a acentuar durante el trimestre que finaliza. La recomposición tarifaria, aunque se atenúe, es otro factor que deteriora el poder adquisitivo de los salarios.
En cuanto a los salarios, ya en la primera semana de junio el presidente de la Cámara Argentina de Comercio (Di Fiori) dijo que "las paritarias del 15% quedaron en la historia".
Al mismo tiempo, crecía la presión en diversos gremios para comenzar a discutir la "revisión" prevista en la mayoría de los convenios acordados durante los primeros cinco meses del año.
En la primera semana de junio, el gremio estatal más dialoguista (UPCN), acordó 15% de aumento, un bono de 2.000 pesos para todos y cese de despidos por 60 días. Pero el gremio estatal más combativo (ATE), que tiene más afiliados, rechazó esta propuesta.
Por su parte el Poder Ejecutivo, mediante un decreto, oficializó el plus salarial del 5% que había anunciado para el sector privado.
En este marco, los gobiernos provinciales comenzaron a hablar de adelantar el pago del medio aguinaldo, para postergar hasta julio los reclamos de aumento salarial que enfrentan. Ya en la última semana de junio lo hizo la gobernadora de Buenos Aires (Vidal).
Camioneros venía pidiendo un aumento salarial de 27%, frente a una oferta del sector empresario del 15%. Tras el paro del gremio que se realizó en coincidencia con los docentes y otros gremios a mediados del mes, el sector empresario aceptó dar 25% en tres tramos más un bono. Fue una victoria importante para Moyano, diez días antes del paro general.
Este acuerdo se transformó en la nueva referencia salarial para los gremios. En los días siguientes, un gremio aliado del dirigente de camioneros (bancarios) acordó 24%; también logró 25% un gremio enfrentado con Moyano (gastronómicos), el ministro de Transporte (Dietrich) convalidó 25% para los choferes de la UTA, sin consultar al ministro de Trabajo (Triaca) y el gremio de la alimentación, acordó 25,5%.
Esta nueva pauta se va extendiendo en el sector privado y el ministro del Interior (Frigerio) dijo que estaba de acuerdo con ella si el sector privado la podía pagar.
Pero el problema es en el sector público, donde el gobierno tiene asumidos compromisos de ajustar el gasto con el FMI. Ya la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, al aumentar la jubilación mínima en la última semana de junio y anunciar que en julio retomaría el diálogo con los docentes, anticipó que el sector público se moverá en esa dirección.
En cuanto a los trabajadores informales o en negro, en ellos el ajuste comenzó desde mediados de mayo. Es que en este ámbito, donde no hay protección laboral, "no vengas más", "vení la mitad del tiempo" o "te puedo pagar la mitad" son decisiones de implementación inmediata. Esta situación aumenta la pobreza y la afluencia a los comedores comunitarios. En el universo del trabajo informal están trabajado en Argentina 800.000 niños, 300.000 de ellos en la provincia de Buenos Aires.
Pero lo más relevante es que en el segundo semestre que se inicia bajarán al ámbito social los desequilibrios económicos que se han generado en el segundo trimestre.
