La crisis financiera llegó al Poder Judicial, razón por la cual la Suprema Corte decidió apelar a un “plan de emergencia” para solventar gastos corrientes con fondos que tenían otro destino, no sin antes renovar el reclamo a la administración de Francisco Pérez, por el envío de de $ 10 millones adicionales “como refuerzo de partidas presupuestarias”, y generar otras acciones para acceder más rápidamente a montos que le permitan un normal funcionamiento.
A través de la acordada 26.774, emitida del 19 de agosto, la Sala 3 de la Corte, con la firma de Jorge Nanclares (a cargo de la presidencia del tribunal, por ausencia de Pedro Llorente), Herman Salvini y Alejandro Pérez Hualde, decidió aprobar un “plan de funcionamiento como herramienta par maximizar y eficientizar los créditos asignados por presupuesto” al Poder Judicial.
En otras palabras, el máximo tribunal resolvió utilizar fondos que estaban destinados a infraestructura para solventar gastos corrientes. “Se usará el denominado 'financiamiento 21', que corresponde a ingresos de tasas judiciales que tenían destino de gastos estructurales, como el mantenimiento de edificios o de vehículos, pero que se usarán para comprar papel, entre otras cosas”, informó una fuente del palacio de Justicia.
Efectivamente, en la acordada de marras se especifica que con ese financiamiento, se atenderán gastos como compra de papel, de tóner para impresoras, el correo o el pago del servicio de limpieza, entre otros.
Según los jueces, este plan complementa la restricción de gastos que ya se había iniciado en la Justicia, pero que “sólo alcanza para terminar agosto”.
En el documento se expresa además la resolución de solicitarle al Ejecutivo provincial “el refuerzo de partidas presupuestarias necesarias para mantener el servicio de la Justicia”, al tiempo que le piden al ministro de Hacienda, Juan Gantus, “que libere la cuotificación impuesta en materia presupuestaria para hacer frente a las obligaciones asumidas”.
Este último punto se explica en que, habitualmente, el Gobierno envía las partidas presupuestarias en cuotas, para que el Poder Judicial haga frente a los distintos pagos que debe realizar periódicamente, aunque ante la necesidad actual, busca que esas cuotas “lleguen todas juntas” para afrontar la crítica situación.
En cuanto al refuerzo, según la acordada, a través del expediente 1.203/D/15, que “obra en la Dirección de Presupuesto desde el 22 de junio”, los jueces le pidieron al Gobierno $10 millones de refuerzo presupuestario. Para ello se basaron en el artículo 129 de la ley 8.701, de presupuesto 2014, el cual está reconducido este año, por la falta de similar norma para 2015, que sigue esperando aprobación en el Senado.
Los supremos dicen que han mantenido “varias reuniones” con el Ministerio de Hacienda, para mostrar esta situacion de crisis que atraviesan, “sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta favorable, no sólamente en los refuerzos presupuestarios sino también en la eliminación de la cuotificación impuesta”.
De acuerdo con su visión, y tal vez como una forma de presionar al Gobierno, los jueces aseguran que más allá de este plan de contingencia, la situación podría complicarse más aún.
“De no contarse con los refuerzos se deberán suspender algunos servicios básicos”, dicen, usando como ejemplo los honorarios de los abogados del Fuero de Familia, o los contratos de locación de mediadores o de profesionales del Cuerpo Médico Forense “afectando a la franja más vulnerable de la comunidad”, indican.
Los Andes intentó consultar al Ministerio de Hacienda sobre esta situación, pero al cierre de esta edición no recibió respuesta.
El silencio de Pérez
Ayer el gobernador Francisco Pérez participó de un acto en el cuarto piso de Casa de Gobierno. Era para presentar la realización de INTA Expone, una muestra regional de productos y tecnología agropecuaria que se realizará en San Juan entre el 4 y el 6 de setiembre. Pérez estuvo acompañado por un dirigente kirchnerista de Santa Cruz, el presidente del INTA y candidato a intendente de Río Gallegos Francisco Anglesio.
Ahi estuvo Pérez, hablando de producción agrícola y mandándole saludos a la presidenta por intermedio de Anglesio, diciendo que era momento para optar entre la continuidad de un modelo de inclusión o el ajuste.
Luego, cuando los periodistas esperaban poder dialogar con el Gobernador, Pérez salió rápidamente del salón Patricias. Era obvia la pregunta acerca del nombramiento de su secretario privado, pero no hubo oportunidad de preguntar.
Protesta en el Tribunal de Cuentas por acomodos
Los empleados del Tribunal de Cuentas denuncian que los nombramientos de parientes y amigos también suceden en esa repartición. Ayer hicieron una asamblea en el hall de entrada del organismo para protestar por el incumplimiento de la paritaria, en la que se acordó el ingreso de una veintena de trabajadores, que fueron reemplazados por otros empleados que, según ATE, son de familiares y amigos de las autoridades del Tribunal.
El secretario gremial del gremio Carlos Simón y la delegada del Tribunal de Cuentas Gabriela Chiroli encabezaron la medida de fuerza en la nueva sede del ente de control, ubicada en calle Rioja al 1.100.
Simón y Chiroli esgrimían una lista de 18 personas que habrían llegado bajo el amparo de alguno de los cuatro miembros del Tribunal, que cubrieron vacantes que deberían haber sido ocupadas por empleados con contratos de locación que ya vienen desempeñándose en el
Tribunal y cuyo ingreso ya estaba pactado en la paritaria 2015, que fue homologada por la Legislatura.
Además denunciaban que el fondo estímulo del Tribunal ahora deberá repartirse entre más trabajadores, por lo que bajará el monto que perciben en ese concepto.
Desde el ente no hubo respuesta, apenas un comentario extraoficial: todos los ingresantes llegan con la categoría mínima, cumpliendo la normativa vigente y que hacía tres años que no había ningún ingreso.
