Carlos Sacchetto - csacchetto@losandes.com.ar - Corresponsalía Buenos Aires
Pocas expresiones definen mejor la situación que enfrenta al Gobierno con el Poder Judicial que aquella antigua frase bíblica recogida por el refranero español: “El que siembra vientos cosecha tempestades”.
Las pretensiones de Cristina Fernández de “ir por todo” al costo que sea, las presiones e interferencias en determinadas causas, las acusaciones públicas, aprietes y amenazas a los magistrados y las maniobras para designar jueces y fiscales partidarios, entre otras cuestiones, fueron acumulando facturas que hoy buscan ser cobradas.
¿Significa esto que la actual embestida judicial contra la Presidenta y otros funcionarios está basada sólo en una actitud revanchista? Desde los más altos niveles de la Justicia lo niegan de modo terminante.
“Son todas causas que estaban en marcha y cuyos tiempos procesales se van cumpliendo con normalidad”, se afirma en Tribunales. Para Cristina y sus voceros, en cambio, se trata de una conspiración mediático-judicial-opositora que busca desestabilizar al gobierno para que no finalice su mandato.
Lo irrefutable es que a 300 días de la entrega de las formalidades del poder, la Presidenta (junto a algunos colaboradores) está imputada por encubrimiento de terroristas internacionales, y el Vicepresidente está procesado por corrupción. Ese solo dato muestra la gravedad de la crisis institucional que atraviesa el país, y el tenor de las complicaciones que acompañan al kirchnerismo en su final de ciclo.
Los silencios
El Gobierno ha resuelto apuntar todos sus fuegos contra la marcha del próximo miércoles convocada por los fiscales como homenaje a Alberto Nisman.
La incontinencia verbal aguda que sufren Jorge Capitanich y Aníbal Fernández, ha degradado tanto la polémica, que la sociedad escucha atónita la seguidilla de barbaridades que se dicen por los medios.
El objetivo es sembrar el miedo a que pudiera suceder algún incidente, o el más sutil que es para los ciudadanos comunes estar participando, sin proponérselo, de un golpe de Estado que la inmensa mayoría de los argentinos no desea.
Pero ésa es la batalla mediática. En realidad, la verdadera preocupación del Gobierno pasa por otro carril. El fallecido fiscal Nisman, ¿tenía pruebas adicionales que todavía no se han conocido para fundamentar su denuncia? Algunos de sus colegas lo dan por seguro, señalando que ante un caso de tanta gravedad como el que involucra a la Presidenta, “un tipo tan riguroso como Nisman no iba a sostener semejante acusación con pruebas endebles”.
Si esas pruebas existen, serán motivo de otra batalla más silenciosa pero decisiva para la imagen del Gobierno, con lo que el panorama se anticiparía aún más grave de lo que todos se imaginan.
Pero también puede suceder que esas pruebas se hayan ido a la tumba junto al fiscal, con lo que su muerte impediría demostrar que el pacto con Irán buscó extender la impunidad para los autores del atentado a la AMIA.
Es evidente que la situación política del Gobierno se complica de manera acelerada, y sus reacciones son parte del problema. La Presidenta, en su discurso del miércoles pasado ante los militantes en la Casa de Gobierno, no contribuyó en nada a serenar los ánimos.
Por el contrario, alentó la confrontación entre “ellos y nosotros” y provocó mayor irritación no sólo entre sus opositores sino también en aquellos segmentos sociales que aspiran a que la transición hacia un nuevo gobierno no sea traumática.
¿Neutralidad?
Decidida a jugar un rol protagónico no sólo en el terreno judicial sino también en el político, la ex mujer de Nisman se sentó el jueves ante la oposición parlamentaria. Dijo que la causa por la muerte del fiscal tiene una sobreexposición mediática y pidió que todos los poderes colaboraran con la prudencia. Palabras razonables, pero no ingenuas, en medio del feroz cruce de opiniones apresuradas entre el oficialismo y los opositores.
La mayoría de los legisladores que la escucharon valoraron su presencia porque la tomaron como un respaldo a la audiencia pública que, a la misma hora, se diferenciaba de la sesión del Senado en la que el oficialismo, a solas, daba media sanción a la reforma de la ley de Inteligencia.
Pero otros, alimentando una también razonable desconfianza, abrieron la posibilidad de que lo dicho por Arroyo Salgado le fuera funcional al Gobierno.
Eso sucedió antes de conocerse la imputación a la Presidenta por parte del fiscal Gerardo Pollicita basándose en el escrito elaborado por Nisman. Pero hasta ese momento, que se hablara menos de la denuncia y muerte del fiscal era parte de la estrategia oficial para enfrentar la crisis. Ahora las cosas cambiaron y nadie puede evitar lo inevitable.
