De suma gravedad son los problemas que trajo consigo la estatización de Aerolíneas Argentinas por parte del gobierno anterior, ya que no parece haber soluciones a la vista, con lo cual la crisis se agrava cada día más.
Desde el principio todo estuvo mal hecho. Se estatizó la aerolíneas porque la empresa que la administraba, de hecho la condujo a la quiebra. Sus pasivos eran mayores que la suma de todos sus activos, por lo cual quedarse con ella significaba asumir como propia la deuda acumulada. Como, por otro lado, se quería dar un golpe político de efecto haciendo quedar a la estatización como una proeza gubernamental en nombre de la soberanía nacional, se la apropió sin más con lo que quedaron todas las puertas abiertas para que la empresa concesionaria iniciase un juicio por daños y perjuicios a pesar de que su patrimonio total era negativo. Algo cuyas consecuencias vislumbramos en estos momentos en que los organismos donde se hizo el reclamo han validado el mismo y entonces más temprano que tarde el Estado argentino debería pagar más de trescientos millones de dólares de indemnización por algo que no valía nada.
Además de ese pasivo que se contrajo, el funcionamiento de la aerolíneas demandó desde el inicio de su estatización un subsidio estatal millonario que pese a las reformas administrativas encaradas por esta gestión, es imposible de finalizar, por lo cual son todos los argentinos los que pagan el servicio aéreo. Así, quienes nunca han viajado en avión colaboran con sus impuestos en el precio de los pasajes.
Sin embargo, a pesar de ese drenaje colosal de dinero, las penurias no finalizan allí, porque la aerolíneas mantuvo a todo el personal existente e incluso incorporó aún más, dentro de un sistema de organización gremial que se encuentra dividido en más de media docena de sindicatos que compiten entre sí para ver quién es más confrontativo.
A ello se le suma que en momentos electorales como los actuales, los sindicatos más duros, aquellos que están dirigidos por gente afín con el gobierno anterior, no dejan de provocar medidas de fuerza que perjudican mucho más a los pasajeros que a las empresas, porque generalmente se los toma de rehenes, aprovechando los fines de semana largos o las fechas de vacaciones para realizar paros sorpresivos que convierten los aeropuertos en un caos.
Las últimas protestas sindicales realizadas ni siquiera son por cuestiones reivindicativas relacionadas con reclamos salariales o de mejores condiciones de trabajo. Es que convencidos de algún modo los jefes sindicales de que son los dueños de hecho de la aerolíneas, ahora se enfrentan en sus comunicados y en sus acciones contra las políticas aerocomerciales, queriendo influir en el rumbo de las decisiones que corresponden a las autoridades designadas por el Estado nacional, que es el propietario de la empresa.
Además, como si todo esto fuera poco, los sindicatos se oponen a que empresas privadas de aeronavegación, nacionales o extranjeras, vengan a competir en los cielos argentinos, con lo cual afectan también en esto los intereses y las alternativas de elección de los usuarios.
En síntesis, se trata de un mal negocio por donde se lo vea, que poca o ninguna relación tiene con la defensa de una supuesta aerolíneas de bandera. Había muchas opciones más razonables si se quería tener aviación estatal, que no afectaban de modo tan dramático los intereses del Estado, que es de todos los argentinos. Pero ante lo que ya no se puede cambiar, al menos se requeriría que los miembros de la empresa dejen de actuar en modo corporativo.
