Por Rosendo Fraga - Analista político. Especial para Los Andes
Las crisis políticas que se desarrollan en Brasil y Venezuela se aceleran, pero no tendrán una definición rápida ni inmediata, cuando el FMI informa que la región sufre la peor crisis desde 1983. En el primer caso el Senado votó el inicio del juicio político a Dilma, para lo cual requiere mayoría simple, tras rechazar una iniciativa del nuevo presidente de la Cámara de Diputados para impedirlo. Los 56 votos positivos anticipan que la oposición ya tiene los dos tercios necesarios, para desplazarla definitivamente, como resultante del juicio político que puede durar varios meses.
Ella ha dejado inmediatamente el poder y asume en forma interina el vicepresidente (Temer) durante los seis meses que tiene el Senado para realizar el juicio político, quien ha sido elegido para terminar el mandato el 1 de enero de 2019. Dilma asume que la votación será negativa para ella y ha dado los primeros pasos para una estrategia de "resistencia", ha dicho que renunciar sería convalidar el golpe y que ella prefiere que la destituyan para hacerlo evidente. Sostuvo que permanecerá hasta el último minuto y ha dispuesto conducir la estrategia de sus partidarios (el PT y movimientos sociales), desde el Palacio de la Alvorada -la residencia presidencial en Brasilia-, que seguirá utilizando hasta que la destituyan.
Se trata de un gesto simbólico destinado a mostrar que sigue siendo presidenta aunque no ejerza. El intento de negociar un llamado a elecciones anticipadas para evitar su destitución, si realmente existió no tuvo éxito. Esta semana, el Papa recibirá a dos personalidades opuestas al juicio político, en un gesto que favorece a Dilma. Mientras tanto la economía se deteriora cada día más y la calificadora Fitch redujo los bonos de Brasil al nivel de "bono basura". Sumado a la incertidumbre política existente, fiscales han acusado a Lula y tres de sus ministros por vinculaciones con el "Petrolao" y a ella de encubrirlos.
Temer ya ha organizado su gabinete, e intentará gobernar hasta el final del mandato, lo que hoy resulta incierto. Dará prioridad a intentar recuperar la confianza de los mercados, y para ello llevaría como ministro de Economía a un ex ministro de Dilma bien visto por ellos (Mireilles). El plan económico consistiría en anunciar una fuerte reducción de gastos -sin afectar los programas sociales más populares como es el "Bolsa Familia"-, avanzando en la reforma previsional y laboral. En los cargos políticos más relevantes designará a sus hombres de confianza dentro del PMDB, el partido al que pertenece, que ha sido hasta hace pocas semanas aliado del PT.
Pero tendrá como problema político relevante, las investigaciones de corrupción, que lo afectan tanto a él como a figuras de su círculo. La Suprema Corte resolvió la semana pasada separar al presidente de la Cámara de Diputados (Cunha) de la línea sucesoria, por sus vinculaciones con las denuncias de corrupción. Se trata de una figura clave en la decisión de dicha Cámara de enjuiciar a Dilma, quien habría enviado el mensaje al vicepresidente de que no lo abandone en estas circunstancias. Hoy parece claro que el Senado vote la destitución de Dilma, pero no que Temer logre alcanzar la gobernabilidad, con lo cual puede verse obligado a convocar a elecciones anticipadas antes de finalizar el año.
Al mismo tiempo, en Venezuela el referéndum revocatorio convocado por la oposición se va acelerando. Tras la decisión del Consejo Nacional Electoral, contraria a la opinión de Maduro, de autorizar el revocatorio, la oposición reunió en muy pocos días dos millones de firmas. Esto constituye diez veces más que las 200.000 requeridas (el 1% del padrón) por la Constitución para dar el primer paso. De las cuales ya han sido verificadas un millón y medio. Maduro dijo que las firmas eran falsas, que iba a hacer públicos los nombres de los firmantes y que se adoptarían sanciones contra los empleados públicos que habían firmado.
Pero el proceso está avanzando, con la atención puesta en las dos burocracias estatales que pueden jugar un rol decisivo en las próximas semanas. Una es la Justicia, totalmente adicta al chavismo hasta ahora, dado que los jueces antichavistas fueron removidos y los chavistas son mayoría absoluta tanto en la Corte como en los demás niveles de la Justicia. A su vez, dentro de las Fuerzas Armadas se habría generado una división. Mientras un sector mantiene firme su lealtad al chavismo a cualquier costo, otro ya habría hecho saber al presidente que no reprimirá protestas en las calles. Las fisuras que comienzan a evidenciarse tanto en la Justicia como en los militares, son señales de la descomposición del régimen.
Si el revocatorio se votara hoy sería desfavorable para Maduro, quien se vería obligado a dejar el poder. Se trata de un instrumento incorporado en las constituciones populistas de América del Sur: Ecuador, Bolivia y Venezuela. En los dos últimos países ya fue utilizado y fueron ratificados Chávez y Evo por este medio. La de ahora sería la tercera vez que se utiliza en la región, pero el primero que podría perder el presidente.
Mientras tanto, la situación económica y social del país se deteriora aceleradamente. Se combinan la inflación más alta del mundo, con una caída del PBI de aproximadamente 8%, un desabastecimiento de alimentos y medicamentos, cortes de electricidad cada vez más frecuentes y un nivel de inseguridad pública no sólo sin precedentes para Venezuela, sino que es uno de los países con mayor número de homicidios intencionales cada 100.000 habitantes, exceptuando los países que viven guerras civiles.
Mientras esto sucede, en la región andina Evo Morales denuncia que Chile habría instalado un puesto militar sobre la frontera a pocos kilómetros de un manantial que es motivo de controversia entre los dos países; en Colombia, aunque 60% apoya el acuerdo de paz con las FARC, la aprobación del presidente Santos ha descendido a sólo 20% y en Perú, los sondeos muestran que Keiko Fujimori ha pasado a tener entre 2 y 3 puntos de ventaja sobre su rival para la segunda vuelta de la elección presidencial que se realiza en la primera semana de junio.
En conclusión: Argentina, en las últimas semanas, ha adoptado una actitud prescindente frente a la crisis -al igual que han hecho EEUU y la mayoría de los países de la región- y con un gobierno de Temer no tendrá problemas a la vista, como sí pueden tenerlos países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, que asumieron una postura favorable a Dilma, respaldando su denuncia de que el juicio político es un "intento de golpe de Estado", y respecto a Venezuela, desde la campaña electoral Macri asumió una posición crítica hacia el chavismo.
