Hace pocos días, el Senado aprobó con amplia mayoría de votos, que incluyeron a representantes de la oposición, la nominación del ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, para sumarse a la Suprema Corte de Justicia en reemplazo del doctor Alejandro Pérez Hualde, quien renunció para jubilarse.
La aprobación constituyó un fuerte aval legislativo para un funcionario que superó sin cuestionamientos los filtros reglamentarios previos a la votación para su cargo.
Resulta entendible que el Gobernador ubique en la instancia suprema de la administración de justicia a una persona que, como colaborador suyo, ha venido motorizando las reformas judiciales que en muchos casos tuvieron el necesario consenso entre los tres poderes del Estado y que promete públicamente buscar los mecanismos para, una vez en su nueva función, afianzar el cumplimiento de esas pautas.
Sin embargo, en esta semana el oficialismo intentó seguir avanzando con la propuesta legislativa que incluye sumar dos miembros a la Suprema Corte provincial.
Pero en este caso una vez más debió resignarse al rechazo de la oposición, que directamente negó el quórum para iniciar la sesión, pese a que previamente se había indicado que determinado sector partidario habilitaría con su presencia el tratamiento del tema en el recinto de sesiones.
Así, el buen clima institucional que irradió la designación del doctor Dalmiro Garay se diluyó en muy poco tiempo y nuevamente dominó la escena la enorme grieta que separa posturas al momento de abordar la temática judicial.
Hubo críticas bastante duras de parte de representantes del oficialismo legislativo y réplicas y aclaraciones de miembros de la oposición alcanzados por la metralla de disidencias conceptuales y metodológicas.
El Gobernador, por su parte, dijo hace un par de días que no se dará por vencido a pesar de la estrategia (válida, sin duda) de no dar quórum por parte de la oposición para abordar la ampliación del número de miembros de la Corte.
El clima caldeado incluyó réplicas y aclaraciones, en muchos casos también de elevado tono, tanto de representantes de la oposición política como de organizaciones que representan a magistrados de la provincia.
Entendemos que si en cuestión de días se observan posturas tan alejadas con respecto a un mismo tema, como es el funcionamiento de la Justicia (cómodo aval a la designación de Dalmiro Garay en la Corte por parte del Senado y rotunda negativa a ampliar el máximo tribunal, en Diputados), se ha llegado a una instancia en la cual las partes deberán esforzarse y comprometerse para buscar mecanismos de diálogo que conduzcan al necesario consenso que el tema requiere.
Sólo así las partes en disputa demostrarán a los mendocinos que no existe en el medio ningún interés que vaya más allá de la búsqueda de un buen servicio judicial para la gente: ni Justicia adicta al poder ni condicionamientos de apoyo a cambio de nombramientos interesados.
