En una reciente decisión unánime, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la lista de conjueces designados por el Gobierno para eventuales remplazos, o para completar la mayoría en el máximo tribunal, por no contar con el acuerdo de los dos tercios de los miembros presentes en la sesión del Senado nacional en la que se trataron dichas nominaciones.
Para la aprobación de designaciones de jueces de tribunales inferiores a la Corte sólo es necesaria la mayoría simple de los miembros del Senado de la Nación, pero la Constitución Nacional determina que únicamente con el mínimo de los dos tercios de los miembros presentes del Senado puede ser aceptada la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
En este caso, la Corte consideró que la nominación de conjueces exclusivamente designados para formar parte del máximo tribunal, por recusación o excusación de alguno de sus miembros, debe seguir los mismos carriles que para la incorporación de los miembros plenos. por cuanto son designados para ser llamados a cumplir la función de uno de los ministros ante su eventual ausencia.
La determinación adoptada por los integrantes de la Corte tiene especial relevancia porque apela a un mecanismo establecido en la Constitución para destrabar una clara estrategia del gobierno nacional tendiente a controlar políticamente las decisiones de la Corte, un bastión republicano al que aún no pudo someter la voracidad política kirchnerista. Cabe consignar al respecto que los que fueron impulsados por el Poder Ejecutivo son diez profesionales que directa o indirectamente se encuentran identificados con el poder político de turno, lo que convierte en más razonable todavía la determinación adoptada por la Corte.
Justamente, esta pretendida embestida que neutralizaron los jueces supremos seguramente era una de las alternativas halladas por la Casa Rosada para torcer el brazo a la independencia del Poder Judicial representada en su máximo nivel de decisión. Prácticamente fracasada la postulación del abogado kirchnerista Roberto Carlés para ocupar el lugar que dejó vacante Eugenio Zaffaroni, quedaba al alcance del Gobierno este recurso de los conjueces en el marco de una jugada para ampliar a 9 el número de miembros de la Corte con la ilusión de llegar a tener una mayoría política clara en dicho ámbito.
Días antes, el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, había cuestionado la presunta intención presidencial de ampliar el número de integrantes del máximo tribunal, recordando que durante la presidencia de Néstor Kirchner fue justamente la entonces senadora nacional Cristina Fernández la que firmó el dictamen por el cual se fundamentó por qué la Corte debía ser reducida a cinco miembros, como finalmente se hizo. Fue una decisión muy elogiada en su momento, porque puso fin a la cuestionada ampliación a nueve miembros dispuesta durante la gestión presidencial de Carlos Menem y que pasó a ser conocida como la "mayoría automática" que favorecía a aquellos gobiernos.
Aquella señal de necesaria independencia del Poder Judicial que Néstor Kirchner pretendió instalar, con el tiempo se diluyó y hoy, paradójicamente, la premisa republicana de un Poder Judicial que debe poner equilibrio a posibles desmesuras de la política resulta intolerable para las pretensiones de sometimiento que el Gobierno pretende hacia los jueces.
