Política
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hace 2 horas
La Corte Suprema de Justicia exigió que la activista social Milagro Sala sea beneficiada de manera "urgente" con el arresto domiciliario tal como reclamaron organismos defensores de derechos humanos internacionales.
En un dictamen, los jueces de la Corte Suprema pidieron a la Justicia de Jujuy, que entiende en diferentes causas legales contra Sala, que "se adopten con carácter de urgente" las medidas solicitadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), entre otras instituciones, para "salvaguardar la vida, la integridad personal y salud" de la militante social, indicó el Centro de Información Judicial (CIJ).
"Se requiere que en el plazo de cinco días se brinden a este tribunal las razones por las cuales no se habría dado cumplimiento" al pedido de que Sala gozara del beneficio de la prisión domiciliaria.
El 31 de julio pasado Sala, que lleva más de dos años en prisión, fue hospitalizada en la ciudad norteña de San Salvador de Jujuy al desvanecerse en el lugar donde se encuentra detenida.
Sala, referente de la Organización Barrial Túpac Amaru de Jujuy, fue encontrada inconsciente en el lugar de detención en el que se encontraba, que no era su vivienda, indicaron sus allegados.
Una vez recuperada de la descompensación que le había provocado su desvanecimiento, el juez jujeño Pablo Pullén Llermanos ordenó su traslado a un penal en la vecina provincia de Salta.
Allegados a Sala indicaron que en el lugar de detención se encuentra aislada de otros detenidos y la celda que ocupa no recibe la luz del sol. Por ese motivo, inició hace una semana una huelga de hambre.
Sala, de 54 años, quedó detenida el 16 de enero de 2016 después de que la Justicia de Jujuy la acusara, entre otras 15 causas, por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones gravísimas, extorsión, asociación ilícita y defraudación al Estado en al menos 60 millones de pesos (1,9 millones de dólares) otorgados por el Estado para construir viviendas.
Por su caso se interesaron diferentes organizaciones internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (ONU).
De origen indígena, y al frente de la Túpac Amaru, Sala lideró a más de 100.000 militantes y recibió millonarios fondos del Estado durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) para fines sociales.
