Sociedad
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hace 18 minutos
La Corte Suprema de la Nación dictó sentencia en la demanda presentada por La Pampa contra Mendoza por las aguas del río Atuel. Podría decirse que el fallo parte diferencias y La Pampa no consiguió el millonario resarcimiento económico por el daño ambiental supuestamente causado por Mendoza en la zona noroeste de la vecina provincia, pero sí consiguió que el Tribunal ordene que ambas provincias fijen un caudal apto para la recomposición del ecosistema, así como la reactivación del Comite Interprovincial de Atuel Inferior (CIAI), conformado por las dos provincias y el Gobierno nacional.
En el marco del CIAI, las dos provincias y la Nación deben proponer a la Corte un plan de obras para asegurar la provisión de agua potable y la restitución del ecosistema y esas obras pagarlas en conjunto.
La Corte, con el voto de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti (Carlos Rosenkrantz votó en disidencia), argumentó que era competente para dirimir el reclamo, contrariamente a lo que planteaba Mendoza de que este tema ya había sido dirimido por el Tribunal en el fallo de 1987.
Según el Tribunal la cuestión a dirimir ahora es diferente a la de aquella oportunidad, porque hay una cuestión ambiental sobre la que resolver, derecho de incidencia colectiva incorporados en la Constitución en el año 94.
Ordenó a ambas provincias acordar ese caudal apto para la recomposición del ecosistema en un plazo de 30 días y en reactivar el CIAI creado por un acuerdo interprovincial del año 89 para proponer a la Corte en 120 días un plan de obras que las provincias y la Nación encaren y paguen en conjunto.
El fallo más que traer una resolución definitiva del conflicto, como hubiera pretendido La Pampa, apuesta al diálogo entre las partes y de hecho ordena que todo el plan de obras que exige se desarrolle en forma conjunta más el Estado nacional.
Mendoza tampoco ha ganado, porque se le impone la conformación del manejo de las aguas del Atuel en consejo de cuenca, cosa que hasta ahora la provincia ha intentado eludir.
