Sociedad
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hace 1 hora
La Corte Suprema de Justicia de la Nación le solicitó al Gobierno aumentar el giro de fondos para que los salarios del Poder Judicial sean incrementados un 20% extra antes de fin de año, con el objetivo de alcanzar un alza del 40% en 2018.
La solicitud fue realizada a través de una nota formal enviada por el máximo tribunal de justicia al jefe de Gabinete, Marcos Peña. El Gobierno reconoce que la inflación de este año superará el 42%.
El pedido consiste realizar una modificación presupuestaria para enviar unos 1.605 millones de pesos extra al Poder Judicial. De ese total, 205 millones serán administrados por la propia Corte y el resto, 1.400 millones de pesos, por el Consejo de la Magistratura.
Con ese dinero, dice la nota enviada por el máximo tribunal a Peña, se aplicará un aumento salarial en dos tramos: 10% a partir del 1° de octubre y del 10% a partir del 1° de diciembre.
“Sin otro particular, y a la espera de una resolución favorable sobre el requerimiento realizado, lo saludamos a usted muy atentamente”, finaliza el escueto texto enviado a Peña.
La nota lleva la firma del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y la vicepresidenta, Elena Higton de Nolasco. Asimismo, acompañan los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Maqueda.
Este pedido fue realizado por la Corte una semana después de que Cambiemos frenara en el Congreso un tratamiento exprés de un proyecto de ley de la Unión Cívica Radical para que todo el Poder Judicial sea afectado al pago del impuesto a las Ganancias.
En la madrugada del jueves 25 de octubre quedó en evidencia que una importante cantidad de diputados está a favor de que todos los jueces, sin excepción, empiecen a pagar el impuesto a las Ganancias.
Por eso Cambiemos, en acuerdo con la oposición, se comprometió a tratar en comisión el proyecto del radicalismo que elimina este beneficio histórico en los próximos días, para llevarlo al recinto antes de fin de año.
Este beneficio para jueces, fiscales y defensores federales, del que también gozan los empleados judiciales, está vigente de manera formal gracias a la acordada 20 de la Corte Suprema de Justicia de 1996, que los exime del pago de Ganancias.
Ese mismo año, con Carlos Menem de presidente, el Congreso sancionó la ley 24.631 e hizo caer la exención del Impuesto a las Ganancias para los legisladores y jueces.
Diputados y senadores empezaron a pagarlo sobre el básico, pero a los pocos días la Corte Suprema dictó la acordada 20/96 que consideró “inaplicable” esa norma para los magistrados y así instauró este privilegio hasta nuestros días.
A fines de 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, el Congreso aprobó una ley que estableció que “todos los magistrados, funcionarios y empleados en los poderes judiciales y o del Ministerio Público, tanto de la Nación como de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya designación hubiera ocurrido a partir del 1° de enero de 2017, estarán alcanzados por el Impuesto a las Ganancias”.
Pero siguen eximidos quienes ya estaban en funciones antes de esa fecha. Es decir la gran mayoría de los magistrados.
