La Corte Suprema de Justicia pidió opinión a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sobre la detención de la dirigente jujeña Milagro Sala, quien lleva más de un año presa por investigaciones sobre fraude, extorsión y asociación ilícita, entre otros delitos.
En su acuerdo, el máximo tribunal “corrió vista” a la Procuración General de la Nación para que se pronuncie sobre la forma en que fue detenida Sala, quien permanece encarcelada desde hace más de un año.
La Corte analiza la situación de detención de Sala ante un planteo de la defensa de la jefa de la Tupac Amaru, quien tiene dos condenas en su contra y rechaza los motivos de la Justicia jujeña para mantenerla bajo arresto ante la posibilidad de que su liberación resulte intimidante para testigos.
El dictamen de la Procuración no es vinculante, es decir que aún cuando Gils Carbó opine que Sala debe ser liberada, el Máximo Tribunal podría resolver lo contrario sin que ello implique nada en términos judiciales, explicaron fuentes tribunalicias.
La Corte fue llamada a intervenir sobre dos cuestiones esenciales: si la condición de diputada electa del Parlasur -cargo por el cual no llegó a jurar en Montevideo- otorga a Sala fueros que impiden su detención y si la forma y el contexto en que fue detenida fue o no arbitrario.
Simultáneamente, el tribunal también reclamó un informe actualizado sobre el estado de todas las causas por las cuales Sala está detenida, y las que la involucran como imputada aun cuando no haya sido decretada la prisión.
Semanas atrás, la Corte pidió al Servicio Penitenciario de Jujuy informes sobre las condiciones de alojamiento de Sala en relación con el resto de las personas detenidas en el instituto, su estado de salud y los servicios de atención médica con los que cuenta el establecimiento.
En ese marco, la Corte había dado intervención al Juzgado Federal 1 de Jujuy para que recabe información sobre “el estado de las causas en trámite -ante la jurisdicción local o federal- a que hubiera dado lugar la detención de Milagro Sala”.
La Corte Suprema también autorizó al juez a solicitar la asistencia de todas las dependencias del Poder Judicial de la Nación, como el Cuerpo Médico Forense.
Sala, jefa de la agrupación filokirchnerista Tupac Amaru, está detenida desde enero de 2016 tras montar un campamento que impedía el ingreso a la Casa de Gobierno y el tránsito por la zona céntrica de Jujuy, tras lo cual la Justicia dispuso su excarcelación por esa contravención pero mantuvo su arresto por otras causas más graves que estaban en curso.
En diciembre de 2016 fue condenada a tres años de prisión en suspenso como instigadora de daños agravados por un violento escrache que perpetraron sus seguidores contra el entonces senador Gerardo Morales y dirigentes radicales.
También fue condenada a pagar una multa y realizar trabajos sociales sin habilitación para integrar organizaciones por tres años, a la vez que la Justicia dispuso su procesamiento y prisión preventiva en las causas por aparente desvío de fondos nacionales que debían llegar a cooperativas para construir viviendas en la provincia y por la agresión contra dos dirigentes sociales cometida en 2006, entre otros.
