La Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó la condena de 4 años y 6 meses de cárcel contra un ginecólogo que agredió sexualmente a una joven en un consultorio de una obra social de Ciudad.
Se trata de Maximiliano Julián Cazorla Villafañe (45), un tocoginecólogo que había sido condenado por el juez Víctor Comeglio, en junio del año pasado, por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. Además, el médico tiene dos causas a punto de llegar a juicio por tres abusos sexuales simples cometidos en un hospital público de Tupungato que muestran el mismo modus operandi.
En febrero de 2013 la víctima fue a consultar a Cazorla sobre qué método anticonceptivo le convenía emplear, ya que había tenido relaciones sexuales por primera vez.
El profesional, "aprovechando su inexperiencia (de la víctima), realizó tocamientos excesivos e injustificados en su cuerpo y luego introdujo sus dedos en la vagina reiteradamente", previo obligarla a adoptar poses que nada tenían que ver con la práctica médica.
En la denuncia la joven ofreció un relato claro, preciso y sin contradicciones, acompañado de un cuadro de angustia y sin indicadores de fabulación ni mitomanía.
La semana pasada los jueces de la Segunda Cámara Penal -conformada por José Valerio, Mario Adaro y Omar Palermo- fallaron en contra del pedido de casación elevado por el abogado del condenado.
Allí se pedía que se anulara la sentencia de 4 años y medio y se absolviera al médico, o bien se lo condenara por abuso sexual simple. Los argumentos del abogado eran que se había violado el principio de plazo razonable (pasaron 5 años y 7 meses desde la imputación) y se lo juzgó como si fuera un caso de violencia de género. Todos los planteos fueron rechazados.
Para los magistrados de la Corte, "los hechos reflejan sin dudas un supuesto no sólo de violencia de género en general sino, específicamente, de violencia ginecológica y obstétrica", considerando el tipo de agresión como "un silencioso tipo de violencia, que desde antaño han sufrido las mujeres".
Los supremos citaron publicaciones como “La invisible violencia de género que sufren las mujeres en la consulta del ginecólogo" o “La violencia obstétrica en Argentina”, entre otros.
Según el fallo, la “violencia en trato” es una de las tantas formas de violencia y discriminación que sufren las mujeres, junto con la violencia de género, la institucional en el ámbito de la salud y la vulneración de derechos sexuales.
“Prácticas como las que han sido acreditadas en este expediente degradan, intimidan y oprimen a mujeres y niñas en el ámbito de la salud reproductiva, representando vestigios de una cultura misógina, autoritaria y jerarquizada, en la que predomina la despersonalización y cosificación de la mujer”, dice el fallo.
A la luz de caso concreto, el escrito sostiene que "un examen ginecológico en modo alguno puede implicar tocamientos de estimulación en los genitales o áreas sensibles del sistema reproductivo, tampoco insinuaciones sexuales, caricias ni manoseos como los relatados en el expediente".
Es que la víctima fue al consultorio a recibir información y el médico, lejos del rol que le competía, infringió el derecho a la información y a la salud de la joven, ejerciendo tangencialmente violencia obstetricia que es “aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado”.
Cuatro casos, el mismo modus operandi
La confirmación de la condena al médico Maximiliano Cazorla que ha realizado la Corte provincial no es el único tema judicial que tiene el ginecólogo.
Por la condena de 4 años y medio, podría recurrir a la Corte Nacional y así evitar momentáneamente la cárcel, ya que por ahora tiene prisión domiciliaria.
Pero además, en febrero pasado la fiscalía del Valle de Uco elevó a juicio dos causas por abuso sexual simple contra Cazorla. En 2013 dos hermanas lo denunciaron, afirmando que el médico había abusado de ellas en un consultorio del hospital Las Heras, de Tupungato.
Las jóvenes -una de 20 años y otra de 15- fueron a realizarse un control rutinario. El ginecólogo les dijo que las iba a atender por separado y habría dicho que tenían algunos problemas posturales.
Con esta excusa, las habría hecho tomar posiciones fuera de todo protocolo médico y luego les habría hecho tocamientos genitales.
Por otra parte, la fiscal de Tunuyán, Eugenia Gómez, lleva adelante otra investigación contra el mismo profesional de la salud, quien fue denunciado por otra paciente en 2018. Este expediente por abuso sexual simple se encuentra muy avanzado y estaría prácticamente listo para que sea elevado a juicio.
Así las cosas, desde el Valle de Uco trascendió que la idea es unificar las tres causas y que se realice un solo juicio, donde se defina la suerte del médico.
