Después que se descabezara la composición de la Corte Suprema de Justicia de Menem, la de la mayoría automática, apareció una nueva composición que, en principio, parecía poner las cosas en su lugar. La justicia es pilar del sistema republicano para defender el estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes y, sobre todo, proteger los derechos de los ciudadanos, cuya declaración está en el mismo texto de la carta Magna.
Pero esta Corte, más allá de algunos cambios en su composición, si bien fijó posición aceptada en fallos estrictamente jurídicos, no tuvo una buena actuación en otras decisiones que marcaban posiciones políticas, además de jurídicas. Esta Corte no solo convalidó, en su momento, la pesificación asimétrica (que generó juicios que perdimos en el CIADI) .
Por otra parte, nunca resolvió sobre los amparos de miles de ahorristas que obtuvieron la devolución del total de sus ahorros, confiscados por los bancos. Una gran cantidad solo recibió un máximo del 70% y el resto del dinero nunca se devolvió y el Tribunal nunca se expidió al respecto. Una decisión a favor de los ahorristas hubiera complicado a los bancos y al Estado a los que se privilegió congelando los reclamos.
Cuando el gobierno de Kirchner decidió eliminar el sistema de capitalización delos ahorros jubilatorios el gobierno se apropió indebidamente de los ahorros que estaban en custodia de las administradoras en cuentas individuales a nombre de cada aportante.
Con estos fondos hicieron el Fondo de Garantía de Estabilización, que fue un mecanismo de financiamiento para-estatal. Los aportantes reclamaron ante la justicia la devolución de esos fondos que les pertenecían y la Corte jamás se expidió al respecto, para no perjudicar al gobierno de entonces.
En 2006, el gobierno de Cristina Kirchner decidió extender en forma unilateral un Acuerdo Federal que las provincias habían firmado con la Nación en 1992 para aportar un 15% de la masa coparticipable para contribuir al sostenimiento del Anses. Ese año vencía el acuerdo y ya no tenía sentido porque el organismo había recuperado financiamiento al eliminar el sistema de capitalización.
Desde ese entonces algunas provincias hicieron el reclamo ante la Corte y otras lo hicieron posteriormente, pero el Tribunal nunca resolvió hasta que en Noviembre de 2015, a pocos días que Cristina Fernández, cuyo partido había perdido las elecciones, dejara el gobierno, le ordenó al Ejecutivo la devolución de esos fondos a la provincia de San Luis, que fue la primera en reclamar. Otro fallo posterior favoreció reclamos de Córdoba y Santa Fe. Antes de dejar el poder, Cristina firmó un decreto (endoso para Macri) para que les devolviera a todas las provincias.
Ahora la Corte recepta una medida cautelar de varias provincias contra la eliminación de IVA por 90 día a varios alimentos básicos y a una disminución del impuesto a las ganancias que afectan a los trabajadores en relación de dependencia. En este caso, se objeta que la decisión se haya tomado por un DNU en lugar de un acuerdo con los gobernadores y le ordena al Ejecutivo que mantenga las rebajas pero que no les descuente a las provincias lo que les corresponde por coparticipación. Esto implica agrandar el gasto fiscal en $ 32.000 millones y las provincias no ponen nada para mejorar la situación de las provincias. Cada día es más importante entender que el equilibrio fiscal no es solo responsabilidad del Ejecutivo. El Estado son los tres poderes.
