Casi todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia son partidarios de que los miembros del Poder Judicial sin excepción paguen el impuesto a las Ganancias, como lo prevé un proyecto de ley que la UCR presentó en Diputados con el respaldo del PRO.
Fuentes del máximo tribunal advirtieron sin embargo a este diario que si ese proyecto se convierte en ley habrá una avalancha de medidas cautelares, fundamentadas en la afectación de derechos adquiridos a partir de la inconstitucionalidad de legislar con retroactividad.
Los integrantes de la Corte que por declaraciones públicas o en sus fallos se han pronunciado a favor del pago de Ganancias de todo empleado del Poder Judicial son su presidente, Carlos Rosenkrantz; su antecesor Ricardo Lorenzetti; Horacio Rosatti y el cordobés Juan Carlos Maqueda, mientras que la única que está en contra es Elena Highton de Nolasco.
En el caso de Maqueda, el decano de los miembros de la Corte, un cercano colaborador suyo confirmó que si bien nunca lo hizo en forma pública, "desde que llegó al cargo siempre fue partidario del pago de Ganancias, sin excepción alguna".
Ayer, la vicepresidenta de la Corte, Highton de Nolasco, se rehusó a opinar acerca del proyecto de ley que obligará a pagar Ganancias a jueces, como también a legisladores y funcionarios. "No quiero hablar de este proyecto de ley que es muy nuevo, no lo he leído, no es momento para hablar de este proyecto, no voy a opinar sobre Ganancias", afirmó a periodistas durante un encuentro nacional sobre adopción en la Casa Rosada.
Sin embargo, su posición contraria ya es conocida. En diciembre de 2014, en una causa por Ganancias por ingresos de estudios de profesionales que llegó a la Corte, el único voto en disidencia fue el de ella; los otros cuatro (Lorenzetti y Maqueda entre ellos) lo hicieron positivamente al considerar que las ganancias provenientes de la retribución de los servicios prestados por estudios profesionales, aunque estén organizados como empresas, encuadran en la cuarta categoría de la ley de este impuesto.
Igualmente conocidas son las posiciones de Lorenzetti, Rosenkrantz y Rosatti.
Además de aquel fallo de 2014, el hasta hace poco presidente de la Corte durante casi 12 años dijo dos años después en declaraciones periodísticas que "nos parece razonable" que jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales paguen Ganancias, pero "hay que tratar de no desequilibrar" a los empleados.
En igual sentido se pronunciaron los otros dos durante las audiencias públicas en el Senado a las que debieron someterse previo a la aprobación de sus pliegos en marzo de 2016, después de que el presidente Mauricio Macri apenas asumió los nombró "en comisión" a través de un decreto.
"Estoy dispuesto a pagar los impuestos y voy a militar para que el Poder Judicial pague. Pero no me corresponde pagar si no estoy obligado y hoy no hay obligación", dijo el jefe de la Corte desde hace pocas semanas.
En esa misma ocasión, Rosatti dijo que "los jueces deben pagar Ganancias" y recordó que así se pronunció en 2006: como conjuez de la Corte y ante la decisión de excusarse de sus entonces nueve miembros, el santafesino fue uno de los dos que fallaron en ese sentido en el "caso Gutiérrez", un juez de la justicia sanjuanina que demandó porque le descontaban Ganancias.
El proyecto de la UCR para que los jueces paguen Ganancias a partir del Presupuesto 2019 dice textualmente que deben hacerlo los ingresos por el "desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los Poderes Ejecutivos y Legislativos y los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos".
De aprobarse, la ley supone que sin límite de fecha, todos los integrantes de los poderes judiciales del país paguen Ganancias.
El argumento es el principio de igualdad ante la ley, pero esto colisiona con el principio de derecho adquirido: hace menos de dos años, en diciembre de 2016, el Congreso sancionó la llamada "ley Massot" por la cual pasaron a pagar Ganancias los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y provinciales, pero sólo cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir de enero de 2017. Es decir, no se legisló con retroactividad por entender que sería inconstitucional.
De allí que en el cuarto piso de Tribunales anticiparon a este diario que en caso de aprobarse, se abriría un escenario de "alta litigiosidad", según palabras del operador de un integrante de la Corte. "Habría por lo menos diez mil pedidos de cautelares de los alrededor de 20 mil empleados judiciales nacionales", estimó.
