"Desde el 11 de septiembre, debajo del sillón del medio de la sala de audiencias de la Corte, se puso una kriptonita para que nunca más surja un superpresidente". El comentario circula por estos días en el cuarto piso del Palacio de los Tribunales porteño, donde los ministros tienen sus despachos. Parte de boca de lo que en los pasillos se conoce como "el POM": el personal de ordenanza y maestranza.
El comentario acerca de la presencia del único material capaz de debilitar a Superman anulando sus poderes, refiere al proceso abierto en los últimos tres meses y medio en el máximo tribunal. Sorpresivamente ese día una mayoría le puso fin a casi doce años de Ricardo Lorenzetti como presidente y designó en su lugar a Carlos Rosenkrantz, uno de los dos, junto a Horacio Rosatti, de más reciente incorporación.
La llegada de Rosenkranzt resultó del compromiso de dar mayor participación a los cuatro ministros restantes en todas las decisiones de la Corte, como también una mayor transparencia. En función de ese compromiso, el balance que se hace desde una de las vocalías sobre estos cien días de "la transición", como la llaman, es positivo: además de la renovación en la presidencia, por primera vez se elaboró una agenda de temas a tratar que se hizo pública, y así se institucionalizó; más el compromiso de mayor participación que se tradujo en lo que para sectores del Gobierno nacional se trató de un "vaciamiento de poder" de Rosenkrantz: la acordada 44/2018, según la cual las decisiones administrativas y jurídicas deberán tomarse no sólo con la firma del presidente sino con la de tres, entre los que él puede o no estar incluido.
La primera reacción a “la 44” surgió desde la propia vocalía de Rosenkrantz; se hizo trascender a la prensa que se preparaba una denuncia penal contra “la mayoría peronista”, lo que hizo pensar que el acuerdo del jueves pasado iba a ser un “arde Troya”. Sin embargo, Rosenkrantz tuvo que meter violín en bolsa con la denuncia, más mediática que judicialmente viable, y aceptar la acordada: todas las resoluciones firmadas desde el 18 de diciembre cuando se aprobó, llevan la firma de tres ministros; en algunos casos, con la del presidente más otros dos que variaron; en otros, con la firma de otros tres.
Así, la sangre no llegó al río el día del acuerdo último de 2018. De él surgieron muchísimas sentencias, sorpresivamente con la firma de los cinco ministros, y políticamente “equilibradas”: desde la que avaló a la fiscal que denunció el acuerdo que casi condonó la deuda del Correo de la familia Macri con el Estado, hasta la que rechazó un planteo de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre el sorteo de un tribunal que la juzgará por supuesta corrupción.
Pero también hubo un primer avance en la evaluación de posibles temas de la agenda para el primer trimestre judicial de 2019, que terminará de definirse, incluida fecha de tratamiento, en el primer acuerdo de febrero tras la feria estival. Un punteo de los probables temas que integrarían lo que será la segunda agenda de trabajo de la Corte, es el siguiente:
- Prisiones preventivas dictadas sobre todo contra ex funcionarios kirchneristas en causas de corrupción. Se trata de la llamada "doctrina Irurzun", que habilita detenciones por la sospecha de "vínculos residuales" que pueden entorpecer la investigación. Por esa "doctrina" están presos unos veinte ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas. Uno de los planteos sobre el que podría fallar es del detenido ex ministro Julio De Vido.
-Jubilados. Después del fallo en el caso Blanco que reconoció el índice más favorable para calcular las jubilaciones en vez del que quería aplicar la Anses, que tendrá alcance sobre otros 150 mil jubilados, habrá otros dos. Uno es sobre la constitucionalidad de los topes a los haberes jubilatorios, que alcanzaría a 1.5 millón de jubilados; se trata de una demanda colectica presentada hace ocho años por el Defensor del Pueblo. Otro es para determinar sobre el pago de impuesto a las ganancias para las jubilaciones.
- Blanqueo de capitales. A la Corte llegó la denuncia del diputado Felipe Solá. La justicia federal le dio luz verde para continuar con un planteo que impugna el decreto con el que Macri modificó la ley para permitir que familiares de funcionarios accedan al blanqueo.
-También figuran expedientes sobre: lesa humanidad; juicio por jurados, y facultades de los municipios para cobrar tasas en diferentes rubros: uno es por instalación de antenas y otro sobre estaciones de servicio.
