La Suprema Corte de Justicia tiene en sus manos un caso que podría generar polémica en el ámbito del Estado. Se trata de un pedido de inconstitucionalidad realizado por la Fundación Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH) por el pase a planta de unos 1.300 empleados estatales en 2015, último año de gestión de Francisco Pérez.
Hace unas semanas, el presidente del tribunal, Jorge Nanclares, aceptó un pedido de otro juez de la Corte, Pedro Llorente, para que este tema se tratara en plenario y no en la Sala 1 (Civil), debido a la sensibilidad del caso. El problema es que su resolución podría sentar precedentes sobre la estabilidad de los estatales que ingresaron entre enero y diciembre de 2014 (y que pasaron a planta en 2015).
Los planteos se los realizó a Nanclares otro de los ministros del máximo tribunal, Mario Adaro, quien sostuvo que la convocatoria a plenario "podría afectar el derecho de defensa de personas ajenas al proceso, respecto de las cuales la intervención de los gremios resulta insuficiente". De hecho, los sindicatos fueron notificados de la presentación, pero no las propias personas involucradas.
Desde el entorno del juez indicaron también que la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) "no fue notificada sobre la presentación del CLADH" y que se debería dar intervención de manera individual a cada estatal involucrado –no sólo a los gremios–, ya que "se estaría discutiendo un tema sin la presencia de todas las partes".
En este sentido, Adaro pidió que, en vez de una convocatoria a plenario la Corte resuelva con un fallo "en pleno", es decir, sobre el caso en sí, con todas sus variables.
Nanclares no dio lugar a ese pedido “porque las alegaciones respecto a la eventual coincidencia de la pregunta del plenario y la problemática a resolver, en modo alguno, justifican dejarlo sin efecto”.
Además, con relación a la falta de legitimación que planteó Adaro por la afectación de intereses individuales de los estatales involucrados, el presidente de la Corte respondió que "la supuesta afectación de intereses individuales será resuelta en cada caso particular que pueda presentarse, garantizando el debido derecho de defensa en juicio".
En tanto, quien deberá fallar también será el juez Julio Gómez, sobre quien habían pedido la recusación, ya que un familiar suyo trabaja en el Estado. Nanclares resolvió no hacer lugar a esta acción.
Si bien aún hay plazo para decidir, seguramente un camarista civil reemplazará a Omar Palermo (de licencia), mientras que Dalmiro Garay (propuesto para reemplazar a Alejandro Pérez Hualde) podría participar si es elegido por el Senado en la sesión del 19 de junio.
La causa
La polémica surgió en 2015, en el último año de gobierno del peronista Pérez. Durante esas paritarias, el Gobierno acordó con los gremios, al margen del aumento salarial, el pase a planta unos 3.400 trabajadores que tenían contratos temporarios y también de funcionarios (varios de los cuales salieron al llegar Cornejo).
Esta medida fue la denunciada por el CLADH. Ignacio Boulín, presidente de la Fundación, hizo hincapié en lo “injusto” que es el ingreso al Estado porque “solamente se puede llegar por contactos”.
Además, el abogado hizo referencia a la gran expectativa que hay en los concursos para trabajar en estas dependencias: este año se inscribieron 33.000 personas para 114 cargos.
No obstante, Boulín aclaró que “en ningún momento” se pidió la cesantía de los involucrados en esas paritarias. También adelantó que si se declaran inconstitucionales estos pases a planta, ello “tendrá un efecto positivo, no se entrará al Estado sin concursos”.
Desde el SUTE, Sebastián Henríquez acusó al gobierno de Cornejo y al radicalismo de "estar detrás de las presentaciones de 2015" y aseguró que "quieren que la Corte falle en contra de esos convenios colectivos".
Para el sindicalista el objetivo es "limitar la injerencia de las paritarias y volverlas algo casi simbólico" y comentó que además de los 1.300 empleados en planta, en Educación están en juego 7.000 titularizaciones que aún no se concretan.
Martín Caín, del sindicato de Juegos y Casinos, sostuvo que el gobierno "trabaja para poner en situación de inestabilidad de los trabajadores".
Asimismo, Roberto Macho, de ATE, agregó que los trabajadores "tienen derechos que no se pueden sacar, como la estabilidad laboral".
Todos sostuvieron que realizarán planteos en la Corte nacional y en los organismos internacionales en caso de un fallo en contra.
