Sociedad
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hace 4 minutos
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York denegó este viernes la apelación de la República Argentina y de YPF de reconsiderar su fallo de la semana pasada que dejó firme en primera instancia, en el caso iniciado por el fondo Burford Capital tras la compra del Grupo Petersen, ex accionista de la petrolera.
De esta manera, el tribunal ratificó lo resuelto el 19 de abril por la Corte de Distrito Sur de Nueva York, a cargo Loretta Preska- en el que se consideró que la Argentina violó los términos de la expropiación.
Fuentes oficiales explicaron que la semana pasada la Procuración del Tesoro presentó un recurso urgente de apelación advirtiendo sobre la vigencia de un "stay" que está en manos de la Corte Suprema de Estados Unidos, a lo que el Tribunal de Apelaciones respondió con la denegación del pedido y habilitando a la jueza Preska a continuar con sus actuaciones.
La causa -que podría contemplar una demanda por unos US$ 3.000 millones- fue iniciada por el fondo Burford luego de comprar en la justicia española los derechos para litigar, en el marco del proceso de quiebra de las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora.
A partir de ahora, tras el rechazo de la apelación, la jueza Preska debería iniciar formalmente el proceso contra el Estado argentino a partir del reclamo del fondo Burford, por lo que se puede anticipar que citará a las partes a negociar cuánto le tiene que pagar el país a los demandantes.
En paralelo, se seguirá el proceso al que recurrió la Argentina ante la Corte Suprema de Justicia de aquel país sobre la definición de la jurisdicción.
En caso de que la Corte falle finalmente en favor del pedido del Gobierno e YPF y determine la jurisdicción de la Justicia argentina, la demanda pasará a los tribunales locales, en caso contrario seguirá el proceso que deberá iniciar Preska, si el país no presenta un nuevo recurso en su despacho.
De esta manera, el máximo tribunal deberá decidir sobre una cuestión de forma, por lo que en enero pidió al Gobierno del presidente Donald Trump, su opinión al respecto.
Las fuentes explicaron que esta medida conocida no es el fin de la causa sino que a la Argentina le quedan recursos ante la propia Preska, la Cámara y la Corte Suprema de Estados Unidos.
El caso fue presentado en 2015, luego que el fondo adquirió las dos empresas españolas que eran propietarias del 25% de las acciones cuando se nacionalizó la petrolera.
En el prospecto de la privatización se estableció que si en algún momento se producía un cambio de titularidad, el accionista mayoritario debía darle la oportunidad a los accionistas minoritarios de comprarle las acciones, pero en el gobierno anterior decidieron no hacer eso.
Por el contrario, el argumento de la demanda es que el Estado argentino decidió expropiar 51% de paquete accionario en manos de Repsol solamente, lo que configuraría la ruptura de las leyes internacionales y que habría derivado en la imposibilidad de Petersen de hacer frente de dos prestamos que había recibido la empresa de US$ 3.000 millones.
