Un fallo de la Sala I de la Suprema Corte de Justicia habilita el ingreso a la administración pública sin haber rendido concursos. La medida, que también mostró disidencia entre los jueces votantes, generó fuerte rechazo en el Ejecutivo.
El fallo, con la firma de los supremos Jorge Nanclares y Julio Gómez y la disidencia de Alejandro Pérez Hualde, rechaza una demanda dos trabajadores que buscaban que se declare inconstitucional el decreto 779/15, que homologó las paritarias de la Administración Central de 2015 y que habilitó el ingreso de personal contratado al Estado sin necesidad de rendir concurso.
Si bien no hubo declaraciones oficiales en el Gobierno, no faltaron los funcionarios que mostraron su ira con la decisión y hasta señalaron que “se retrocede 30 años” en el concepto para ingresar al Estado con este fallo.
Es que la gestión de Alfredo Cornejo se jacta de impulsar los concursos para garantizar “una carrera del empleado público”. De hecho, en 2016 hizo un “histórico” primer llamado para cargos jerárquicos en la Administración Central.
El fallo en cuestión surge de la demanda de los empleados estatales Flavio Alaniz y Gerónimo Quinteros, que en 2015 pidieron la nulidad del Decreto 779/15, que homologó las paritarias de la Administración Central, firmadas por ATE y Sitea, con el Gobierno de Francisco Pérez.
La demanda hace foco en el punto 17 del acuerdo, que establece la efectivización del personal en cargos temporarios o interinos que subrogan una clase. Según esa acta, los gremios y el Gobierno de entonces acordaban el ingreso a planta permanente de contratados con locaciones de servicio.
Los demandantes, representados al iniciar su planteo por el abogado Alejandro Jofré (hoy subsecretario de Trabajo), consideraron injusto ese punto porque no cumplía con los requisitos de “idoneidad” e “igualdad de condiciones” para entrar al Estado.
Plantearon la “inconstitucionalidad” porque tanto la Carta Magna provincial (artículos 30 y 43), como la nacional (artículo 16), establecen esos requisitos, que se aplican con leyes que el propio Estado dicta.
“Así sucede con el Estatuto del Empleado Público (Decreto-ley 560/73) y otras leyes y acuerdos paritarios, que piden el ingreso por concurso”, recordaron fuentes del gobierno actual, coincidentes con la demanda.
Voto dividido
También mostró cierta coincidencia con los demandantes Pérez Hualde, al argumentar que el acto es “susceptible de ser objetado en su constitucionalidad”. Resaltó que la propia Corte ha “reconocido la posibilidad de impugnar la constitucionalidad” del acto de homologación del acta paritaria y hasta del acta paritaria en sí. Recordó un reciente pronunciamiento en ese sentido, con un caso particular contra la Municipalidad de San Rafael.
Además, Pérez Hualde destacó que si bien la Constitución nacional garantiza el derecho a la negociación colectiva (art. 28), esa instancia “no lo es en forma ilimitada”, sino que está sujeta “a las leyes que reglamentan su ejercicio”. Añade que ese precepto “debe ser objeto de interpretación coherente y armónica con el plexo constitucional”, en particular, “con el principio de igualdad”.
Pero el voto de Pérez Hualde encontró argumentos en contra del gobierno de Pérez, de la Fiscalía de Estado, de ATE y, fundamentalmente de los otros dos jueces.
En principio, ATE y el Gobierno anterior buscaron deslegitimar a los demandantes. Los puntos 16 y 17 “en nada los perjudica”, dijeron los abogados de Pérez. “No tienen impedimento para concursar”, destacó el gremio.
La gestión Pérez además, consideró “irrazonable” la pretensión, “al solicitar que se deje sin efecto lo acordado en las paritarias aprobadas por ley”.
El rechazo de Gómez en tanto, entre otros puntos, promovió la constitucionalidad del acto paritario. “La negociación colectiva de derechos que luego reposan individualmente en cada trabajador o empleado vinculados al convenio constituye un sistema de creación normativa validado y exigido por la Constitución y convenios internacionales de innegable legitimidad”, argumentó el supremo, marcando claras diferencias con Pérez Hualde y, sobre todo, con el gobierno actual.
En la actualidad hay un planteo de inconstitucionalidad contra la Ley 8908 (que ratificó el decreto 779/15), que interpuso la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Su presidente, Ignacio Boulin, se mostró “decepcionado” con este fallo y consideró que “se promueve que entren los amigos del poder. Es un fracaso en el mejoramiento del Estado”, añadió.
Claves
Paritaria 2015. ATE , Sitea y el gobierno de Pérez acordaron el pase a planta permanente de contratados y la efectivización de subrogancias en cargos interinos y temporarios.
Demanda. Dos trabajadores consideraron inconstitucionales esos dos puntos del acuerdo paritario y decidieron demandar a la provincia por ello.
Fallo dividido. La Sala I de la Corte, con el voto de dos de los tres jueces, rechazó la demanda y consideró constitucional el pase a planta por medio de paritarias. En el gobierno actual y en la CLDH entienden que se desestima así el llamado a concursos.
Mendoza será sede de la cumbre del Mercosur
El gobernador Alfredo Cornejo confirmó que Mendoza será sede de la Cumbre de Jefes del Estado del Mercosur y Estados Asociados.
“Susana Malcorra me confirmó que la cumbre del Mercosur se realizará en Mendoza, entre el 17 y el 21 de julio. Vamos a recibir a buena parte de los presidentes de los países miembros del Mercosur, aunque aún no tenemos confirmación de todos los asistentes”, anunció Cornejo.
Luego agregó: “Hoy recibimos la confirmación, pero desde hace un tiempo estamos trabajando para los aspectos de seguridad”.
En principio, se espera la llegada de delegaciones de 14 países, entre los que estaría México. El que seguramente no vendrá, por la situación de su país y por la mala relación con la mayoría de los países de la región, es el venezolano Nicolás Maduro.
La mayor incógnita es qué pasará con Brasil, sumido por estos días en una profunda crisis política y con su presidente, Michel Temer, pendiendo de un hilo.
El plan que se presentó para postular a Mendoza como sede de esta cumbre del Mercosur fue elaborado entre el área de Turismo y el Ministerio de Seguridad.
“Si bien es un tema diplomático, nosotros creemos que nos ayuda a dinamizar la hotelería y la gastronomía, pero, por sobre todo, colabora para sostener la marca Mendoza a nivel internacional. Necesitamos que se hable en muchos sitios de nuestra provincia, de los atractivos y las ventajas que ofrece”, argumentó el Gobernador.
“En la medida en que traigamos grandes eventos a Mendoza, como esta cumbre del Mercosur y el encuentro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el año entrante, logramos que la imagen de Mendoza se muestre y se mantenga de un modo atractivo”, agregó.
