El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentará el presupuesto nacional de 2017 ante la justicia, obviando al Parlamento, de mayoría opositora, en una maniobra que golpea al Poder Legislativo pero que puede traer graves consecuencias de cara a los mercados internacionales.
Una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), publicada ayer, estableció que “el presupuesto nacional deberá ser presentado por el presidente de la República ante la Sala Constitucional (del TSJ), bajo la forma normativa de Decreto que tendrá Rango y Fuerza de Ley”.
Pese a ser una decisión de la máxima instancia judicial del país, diputados opositores sostuvieron que va en contra de la Constitución y alertaron que, de concretarse ese procedimiento, el gobierno se verá impedido de contraer deuda.
“No hay, ni por estado de excepción ni por decreto de emergencia, posibilidad de que Maduro se haga su propio presupuesto”, aseguró Julio Borges, jefe de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD, oposición).
Por su parte, José Guerra, presidente de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, hizo un llamado de “alerta a los bancos de Venezuela, a los bancos del exterior, a los bancos de inversión, que se van a tener que abstener de otorgar financiamiento a un gobierno que está cometiendo una ilegalidad”.
El tribunal fundamentó su decisión en “el propósito de mantener el funcionamiento del Estado, la garantía de los derechos fundamentales y el orden constitucional”.
También sostuvo que la medida responde al “desacato que voluntariamente mantiene un grupo mayoritario de diputados que actualmente integran la Asamblea Nacional, respecto de sentencias del TSJ y de la Constitución, así como también en el Estado de Excepción y Emergencia Económica”, en vigor desde marzo pasado.
La Corte acusa a la directiva de la Asamblea Nacional de encontrarse en desacato por haber juramentado a tres diputados indígenas de oposición, cuya elección fue objetada por el chavismo.
El TSJ, al que la MUD acusa de estar al servicio del gobierno, ha bloqueado todas las iniciativas del Parlamento, dominado desde enero por la oposición y por primera vez en 17 años de hegemonía chavista, lo que ha enfrascado al país en una profunda crisis institucional.
“Creo que se le hace un daño muy grande al país. Lo mejor hubiese sido que el gobierno hubiese llevado la ley del presupuesto y la ley de endeudamiento al Parlamento, y nosotros le hacemos las modificaciones pertinentes y se lo aprobamos”, dijo Guerra.
Así, se habría evitado “lo que lamentablemente va a pasar en 2017 y es que se va a trancar el financiamiento interno y externo, porque nadie va a adquirir un bono de la deuda pública nacional si no está en la ley de endeudamiento que tiene que aprobar la Asamblea”, añadió.
La MUD realizó un "firmazo" simbólico contra el presidente
La oposición venezolana realizó ayer un simulacro de la recolección de firmas que emprenderá dentro de dos semanas para pedir un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, a quien busca demostrarle que una contundente mayoría quiere su salida del poder.
Grupos de opositores se concentraron en 1.356 puntos de recaudo de firmas establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para recoger, el 26, 27 y 28 de octubre, cuatro millones de rúbricas (20% del padrón de votantes) que exige la ley para convocar la consulta.
En el simulacro, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) motivó a los electores para conseguir que lo que llaman el “firmazo” sea simbólicamente un revocatorio en sí contra Maduro, ante la severa crisis económica que sufre el país por la escasez de alimentos y la elevada inflación, que el FMI proyectó en 475% para 2016.
“Tenemos que lograr más del 20%. Si sacamos siete u ocho millones le estaremos diciendo a Maduro que queremos un cambio inmediato. Así se evitaría mayor daño al país”, dijo Ismael Dacorte, un abogado de 51 años, en el colegio La Consolación, uno de los puntos de concentración.
Henry Ramos, jefe de la Asamblea Nacional -de mayoría opositora-, aseguró que pese a la poca presencia de opositores en esta jornada, el gobierno verá una masiva recolección de firmas.
“Pelen el ojo: lo que viene es un pueblo movilizado para sacar a esta pandilla de hampones que están saqueando a Venezuela”, afirmó.
Caso cerrado
Asunción. El Canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, dio por cerrado el caso de Venezuela en el Mercosur, al menos hasta diciembre, cuando deberá producirse el cambio de la presidencia pro témpore del bloque regional.
“Para nosotros, Venezuela en el Mercosur es un caso cerrado hasta el mes de diciembre. Nuestra posición es invariable, no ha cambiado absolutamente nada”, dijo Loizaga en rueda de prensa.
Agencia DPA
