A horas de que Cristina Fernández de Kirchner (CFK) preste declaración indagatoria en la causa por la venta del “dólar futuro” que tramita el juez federal Claudio Bonadío, pocos días después de que la misma CFK fuera imputada por presunto lavado de dinero por el fiscal Guillermo Marijuán en la causa sobre “la ruta del dinero K”, que instruye Sebastián Casanello, y mientras se difunde información sobre sociedades offshore registradas en Panamá por los Macri, que incluyen hasta ahora dos en que el propio presidente, Mauricio Macri, figura como director, la pregunta de arriba no es de respuesta fácil, pero sí de extrema actualidad.
Ha habido diferentes intentos de medir el costo de la corrupción. Los investigadores Vito Tanzi y Hamid Davoodi estimaron, en base a datos de Transparencia Internacional, que publica su ya famoso “Índice de Percepción de la Corrupción”, que por cada dos puntos de mejora de un país en la calificación (esto es, a medida que se acerca a la percepción de país honesto, transparente) su tasa de crecimiento sostenible, “de largo plazo”, aumenta medio punto porcentual. Parece poco pero es mucho. Si la medida es correcta, significa que la Argentina podría crecer dos puntos porcentuales más, cada año, si igualara la nota de Chile.
Un “diagnóstico” sobre la corrupción en la Argentina de los economistas Eduardo Fracchia, Ezequiel Brodschi y Martín López Amorós, cita a su vez un informe de 2005 del ex procurador general de la Nación, Esteban Righi (quien renunció en 2012, atacado por el entonces vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone), que relevó las causas penales de delitos económicos privados o que afectaban al Estado por montos de más de cien mil dólares, concluyó que la mayoría de las causas, por un total de 7.000 millones de pesos (a la cotización de ese año, casi 2.500 millones de dólares) afectaban directamente a la administración pública y/o habían sido cometidas por funcionarios públicos.
El Diagnóstico cita otro informe del Centro de Investigación y Prevención sobre la Criminalidad Económica (Cipce), que calculó que desde 1980 a 2006 la corrupción costó al Estado unos 10 mil millones de dólares, o diez años de presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social.
Más recientemente, el consultor Federico Muñoz actualizó una comparación entre la evolución física de la obra pública y su costo monetario a precios constantes, despejada de la inflación, en la que se observa que a partir de 2004 esas curvas divergen brutalmente y los costos vuelan muy por encima de los resultados físicos (kilómetros de ruta, o de gasoductos, o de escuelas y hospitales, etc).
Además, Muñoz calculó lo que llamó “gasto público corrompible”: todo aquello “negociable” o con algún margen de discrecionalidad ejecutiva, lo que excluye renglones como el pago de salarios, jubilaciones y planes sociales mandatorios, como la Asignación Universal por Hijo, y se centra en obra pública, compra de bienes y servicios (trato con proveedores) y subsidios a empresas. El resultado, la “base imponible” de la corrupción, impresiona: 323.400 millones de dólares en doce años y medio de gestiones K. Cualquier porcentaje o “mordida” no insignificante sobre ese monto equivale a miles (o decenas de miles) de millones de dólares.
En ese contexto, la reciente confesión del “arrepentido” Leonardo Fariña luce verosímil. Fariña describió un sistema de exacción de dinero público diseñado y supervisado en persona por el difunto presidente Néstor Kirchner y ejecutado por el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, con la complicidad de un grupo de empresas “amigas” a través de una runfla de actores necesarios como el hijo y el contador de Lázaro Báez, el “empresario” preferido de Kirchner, el financista Ernesto Clarens, y hasta cierto momento, personajes como el propio Fariña y el joven financista Federico Elaskar, ex dueño de “La Rosadita”. El sistema, según diálogos que Fariña citó pero de los que no fue testigo presencial, fue heredado y era bien conocido por CFK.
Mientras estas causas avanzan en un marco de tensión social (por razones políticas y también por las penurias derivadas de una economía en recesión y con alta inflación) la reacción oficial a la información sobre la participación de Mauricio Macri y familiares y allegados en sociedades offshore registradas en Panamá ha sido morosa e insatisfactoria.
Hay, sin embargo, grandes diferencias con la respuesta del kirchnerismo en las causas que involucran a CFK: Macri no se victimizó, no buscó presionar a la Justicia con movilizaciones a Tribunales sino que se allanó a ella, y las sociedades inscriptas en Panamá en las que aparece su nombre no hicieron negocios con su gobierno, del que la separan casi 20 años.
Se trata, al parecer, de negocios de su padre, Franco Macri, empresario inescrupuloso y prebendario que trató con todos los gobiernos: desde los de la dictadura hasta los de Néstor y Cristina Kirchner, con los cuales hizo sus propios negocios (por caso, en el Belgrano Cargas, la línea ferroviaria de cargas de mayor potencial de la Argentina) y se constituyó en intermediario en la relación con China. Igualmente, Mauricio Macri fue partícipe y la Justicia debe investigar si incurrió o no en “omisión maliciosa” al no incluir aquellas viejas sociedades en sus declaraciones juradas de bienes.
Mientras, preguntémonos si de veras la corrupción nos importa o sólo nos molesta cuando la economía aprieta o para usarla como arma arrojadiza contra gobiernos y políticos que no nos gustan.
No todos los corruptos son iguales, pero sería un progreso saber si de verdad rechazamos la corrupción, venga de quien viniere.
