Los casos de corrupción en la función pública en nuestro país siguen causando estrépito por la magnitud de los hechos que salen a la luz en las distintas causas que se tramitan en los tribunales federales.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá presentarse este mes ante el juez Claudio Bonadio por la investigación de la causa denominada ‘de los cuadernos’.
Además de la actual senadora nacional deberán concurrir a su turno al tribunal ex funcionarios de su gobierno y casi un centenar de empresarios de la construcción que deberán comparecer en virtud del vínculo que tuvieron con el kirchnerismo en la nefasta e institucionalizada trama de sobornos por la obra pública.
Por otra parte, la declaración ante la Justicia de la viuda de un influyente secretario privado del matrimonio Kirchner, como Daniel muñoz, en la que reveló el pago de coimas al juez Luis Rodríguez para frenar una causa judicial, más la explicación del contador del ex matrimonio presidencial sobre cómo llevaban el dinero en valijas a Río Gallegos, para depositarlos en domicilios de los Kirchner, reflejan un cuadro de situación en la vida institucional argentina reciente que de ningún modo deben pasar inadvertidas para el grueso de la población.
La investigación que se lleva a cabo en el tema concreto de los cuadernos de Centeno toma derivaciones implorantes porque habría permitido descubrir nuevas redes de contacto en el supuesto pago de sobornos, que es lo que motiva al juez a convocar para comparecer a tan importante número de representantes de empresas de todo el país.
Algunos personajes políticos identificados con la oposición, especialmente con el kirchnerismo, salieron públicamente una vez más a denunciar una persecución política detrás del accionar de los jueces federales que, como Bonadio, investigan hechos de corrupción cada vez más evidentes cometidos desde el poder central durante más de una década. Sorprende tal actitud puesto que, sin ninguna duda, quienes están siendo sometidos a investigaciones judiciales y quienes ya superaron esa instancia y purgan sus penas en unidades carcelarias son la clara evidencia de muchos años de atropello y latrocinio que alguna vez debía tener en nuestro país la sanción judicial y ciudadana que merecen dichos atropellos.
El momento es muy especial. Esta nueva etapa de los referidos procesos judiciales se superpone, en lo mediático y en lo político, con una campaña electoral para la renovación presidencial que adelanta sus tiempos en virtud de problemas de gestión indudables que han puesto al gobierno nacional en una encrucijada con respecto a la respuesta que pueda obtener de parte de la ciudadanía tanto en las PASO de agosto como en las generales de octubre.
El debate por los problemas económicos indudables que afrontan los argentinos, y que el actual gobierno nacional no supo encarar ni solucionar conforme lo prometido en la campaña de 2015, no debe hacer perder de vista la gravedad que para la vida institucional argentina han significado años de corrupción indiscriminada al amparo de medidas populistas y muchas veces demagógicas ideas para acallar reclamos y reacciones generalizadas.
El recambio o la ratificación de conducción política del Estado que permite el libre ejercicio de la democracia debe hacerse sobre propuestas basadas en la idoneidad para la función que se piensa ejercer y en antecedentes de honestidad. La Justicia ya se encarga de aquellos que priorizaron sus intereses sobre los del grueso de los argentinos.
