Financiación ilegal, adjudicaciones irregulares de contratos públicos, fortunas escondidas en el extranjero... Las sospechas de corrupción golpean al partido liberal catalán CDC, del presidente regional independentista Artur Mas, poniendo en entredicho la concepción de una Cataluña limpia de corrupción en España.
Mientras en los años 1980 y 1990 los escándalos de corrupción se sucedían en los grandes partidos españoles, la ausencia de casos en esta región nororiental, gobernada entonces por el fundador de Convergència Democrática de Catalunya (CDC), Jordi Pujol, hacía hablar de un “oasis catalán”.
Pero ahora, mientras el actual líder de CDC, Artur Mas, apuesta por llevar la región a la independencia, el oasis parece convertirse en espejismo y pone en riesgo su reelección como presidente catalán.
Su formación no salió indemne de los escándalos de corrupción que asolan el país, especialmente del Partido Popular del jefe de gobierno conservador Mariano Rajoy y de la principal formación opositora, los socialistas.
El último se produjo ayer, cuando la policía entró en el domicilio y las empresas de tres de los hijos del histórico dirigente Jordi Pujol, bajo investigación judicial desde que en 2014 reconoció haber escondido durante 34 años la herencia de su padre en Andorra, un pequeño país entre Francia y España.
Él, su esposa y sus siete hijos están siendo investigados en la causa, especialmente por fraude fiscal y blanqueo de capitales. Pujol, emblema del nacionalismo catalán, no aportó pruebas para demostrar el origen hereditario de este dinero, lo que hace aumentar la sospecha de un enriquecimiento ilícito durante sus gobiernos.
Todos los miembros de la familia están imputados en causas judiciales, ya sea por esta herencia u otras tramas como un supuesto blanqueo de 33 millones de euros cometido por su primogénito o un presunto delito de tráfico de influencias de Oriol Pujol, hasta hace poco número dos de Mas en el CDC.
Presunta financiación ilegal
Esta trama no es, sin embargo, el único quebradero de cabeza para Mas, delfín político de Pujol, ni de su formación, cuyos dos últimos tesoreros fueron detenidos la semana anterior por una presunta trama de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas.
La fiscalía anticorrupción investiga si CDC cobró en forma de donaciones a una fundación suya una comisión ilegal del 3% a “empresas adjudicatarias de contratos en ayuntamientos gobernados por este partido”.
Desde agosto, la Guardia Civil española registró en dos ocasiones la sede del partido y, según una fuente judicial, encontró un vínculo temporal entre las reuniones del tesorero de CDC con los empresarios, la adjudicación de los contratos y las donaciones de estas empresas.
El escándalo es muy similar a la llamada trama Gurtel del Partido Popular de Rajoy, que durante décadas podría haber mantenido una contabilidad en negro procedente de ingresos de empresas adjudicatarias de contratos públicos.
También el Partido Socialista español (PSOE) está bajo el foco de la justicia por una presunta malversación de fondos de ayuda a desempleados del gobierno regional de Andalucía (sur).
Estos escándalos, que coincidieron con la grave crisis económica y las duras medidas de austeridad aplicadas por el ejecutivo de Rajoy, provocaron la irrupción de nuevos partidos con un duro discurso anticorrupción, como el centrista Ciudadanos o los antiliberales Podemos, que jugarán un papel importante en las elecciones legislativas del 20 de diciembre.
En Cataluña, también provocaron el ascenso del partido anticapitalista e independentista CUP, que en las elecciones regionales del 27 de setiembre obtuvo diez diputados y tiene en sus manos la reelección de Mas, candidato de la transversal coalición Junts pel Sí (Juntos por el Sí), como presidente.
Esta coalición obtuvo 62 diputados y junto a los diez de la CUP tienen una mayoría absoluta en el parlamento regional (72 sobre 135 escaños) con la que la próxima semana quieren declarar el inicio de un proceso para declarar una república independiente en esta región nororiental española de 7,5 millones de habitantes.
Pero para ello deben acordar quién presidirá el gobierno. Por ahora, el único candidato es Artur Mas pero la CUP rechaza apoyarlo por su liberalismo y también las sospechas de corrupción que, ahora más que nunca, planean sobre su partido.
Rajoy dijo que combatirá operativo independentista
El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró este martes que utilizará “todos los mecanismos” a su alcance para combatir una eventual declaración independentista presentada al parlamento regional catalán, en una demostración de firmeza a menos de dos meses de las elecciones generales.
“El Estado no va a renunciar al uso de todos los mecanismos políticos y jurídicos que en defensa de la soberanía del pueblo español y de la defensa del interés general de España le atribuyen la Constitución y las leyes”, dijo Rajoy en una declaración institucional.
El jefe del gobierno español calificó de “acto de provocación” esta propuesta de resolución de nueve puntos presentada poco antes en el parlamento catalán en la que se anuncia el inicio de un proceso separatista.
La resolución, que aún debe ser debatida, sería el primer paso de una hoja de ruta, pactada por los independentistas, que debería llevar a la “desconexión” de España a más tardar en 2017.
“El parlamento de Cataluña declara solemnemente el inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república”, recoge esta propuesta que debería ser votada la próxima semana en la cámara, constituida el lunes tras las elecciones regionales del 27 de setiembre, presentadas como plebiscitarias por los independentistas.
Estas dieron una mayoría absoluta de escaños (72 sobre 135) a las dos listas independentistas, la transversal coalición Junts pel Sí (Juntos por el Sí) con 62 diputados, y la CUP (izquierda anticapitalista) con 10 diputados, aunque no lograron la mayoría de votos.
'Declaración de autoconsumo'
En la resolución, estos dos partidos declaran “la voluntad de iniciar negociaciones” para hacer efectiva la independencia de la región, con la principal esperanza de lograr la adhesión de la coalición de izquierda radical, de la que forma parte Podemos, Cataluña Si que es Pot (CSQEP).
Sin embargo, el portavoz de esta coalición en el parlamento catalán, Joan Coscubiela, ya ha calificado esta resolución de “declaración de autoconsumo” considerándola “papel mojado”.
La propuesta de los independentistas también insta a desoír a las instituciones del Estado español, incluido el Tribunal Constitucional y sus decisiones.
Este alto tribunal fue recientemente reformado para permitir sancionar a cualquier dirigente que incumpla sus decisiones, en lo que fue considerada una modificación que apuntaba directamente a Cataluña.
“Con los instrumentos del Tribunal Constitucional y con todos los instrumentos que nos da la Constitución, yo garantizo que eso que se dice en esa propuesta de resolución no va a surtir efecto alguno”, insistió Rajoy mostrando una imagen de firmeza ante el nuevo paso de los independentistas.
