Han pasado ya tres meses del "año electoral" y los mendocinos aún no sabemos cuándo votamos. Porque ya existe fecha para la elección de legisladores nacionales, pero el Gobierno provincial no se ha expedido sobre cuándo se realizarán los comicios para la renovación de las dos cámaras de la Legislatura provincial y otro tanto sucede con los intendentes departamentales respecto de la renovación de los respectivos concejos deliberantes. Tanto el gobernador como los intendentes están en su pleno derecho de establecer las fechas y resulta hasta oportuno que se realicen en forma independiente, pero lo grave radica cuando esa decisión no se adopta por una cuestión de Estado o de pensamiento ideológico, sino que en la decisión pesa el oportunismo político.
El cronograma electoral para las elecciones nacionales ya está perfectamente establecido. Las elecciones se realizarán el 22 de octubre para diputados y senadores; se renovará la mitad de la cámara baja y un tercio del Senado. En el caso específico de nuestra provincia, se procederá a la elección de cinco diputados nacionales pero no habrá votación para senadores porque aún no se vence el mandato de los actuales titulares. Debe señalarse también que el 13 de agosto se realizarán las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para elegir a los candidatos que se presentarán para ocupar los cargos. Ese cronograma establece además que el 24 de junio vence el plazo para la presentación de las listas de candidatos ante las juntas electorales.
Sin embargo, en el caso de la provincia, ese calendario electoral aún no se conoce. En oportunidades anteriores, en la gran mayoría de los casos las elecciones para la renovación de las bancas provinciales se realizaron en forma conjunta con la elección nacional. Se adujo que se intentaba así reducir gastos, por los altos costos que genera un acto comicial, aunque la realidad marcaba que se trataba de una decisión oportunista, si las encuestas le daban favorable al gobierno nacional. De allí que resultara saludable el desdoblamiento electoral, más allá de los gastos que puedan llegar a generarse. Porque el pueblo tiene oportunidad así de valorar y poner en consideración -con premios y castigos a través del cuarto oscuro- la gestión del Presidente, del Gobernador y de los intendentes departamentales. Se evita así también el "efecto arrastre" que suele caracterizar a las boletas sábanas.
En la provincia se da también una circunstancia especial. Por una decisión de la Legislatura recién recuperada la democracia, se dispuso que los diputados y senadores no asuman el 10 de diciembre, sino el 1 de mayo del año posterior.
En su momento se indicó que la decisión se adoptaba para permitir que los legisladores, en la primera renovación, pudieran cumplir más de la mitad de su mandato, lo que les permitiría ser considerados como "mandato cumplido", aunque algunas voces disidentes hacían alusión a un oportunismo para el caso de las jubilaciones. Lo cierto y lo concreto es que esa situación de asumir seis meses después le permite al gobernador de turno "jugar" con las fechas y hasta considerar la posibilidad de llamar a elecciones para los primeros meses del año que viene.
Lo concreto es que resulta saludable que el pueblo pueda valorar individualmente las gestiones de los gobernantes de turno tanto a nivel nacional como provincial o municipal. Pero la situación ronda lo criticable si esa decisión responde exclusivamente a un oportunismo político porque en ese caso se estaría jugando con la confianza del electorado.
