Carlos Sacchetto - csacchetto@losandes.com.ar - Corresponsalía Buenos Aires
La nueva y al parecer decisiva etapa de la embestida del Gobierno contra los jueces que no responden a sus órdenes, se ha filtrado de manera agresiva en el clima de campaña electoral con el que tanto el oficialismo como la oposición entretienen a la opinión pública. Está claro que la Presidenta no se caracteriza por andar con sutilezas cuando un objetivo la obsesiona, y que hoy la Justicia ocupa uno de los lugares más destacados de su agenda.
Esta vez, la batalla se anticipa a todo o nada. Luego del desplazamiento del juez Luis Cabral de la Cámara de Casación donde se discute la constitucionalidad del pacto con Irán, y su reemplazo por el abogado kirchnerista Claudio Vázquez, un juez federal de La Plata le apuntó al núcleo del problema, que es la ley de subrogancias. Con ese instrumento, aprobado por la mayoría oficialista en el Congreso, el Gobierno avanza en el reemplazo de magistrados por suplentes que responden a la Casa Rosada.
A modo de contraataque, el juez de La Plata, Alberto Recondo, declaró el jueves inconstitucional un artículo de la polémica ley. De esa forma desbarató la maniobra del kirchnerismo de legitimar al secretario penal Laureano Durán como titular del Juzgado que tiene a su cargo la custodia jurídica del proceso electoral en la provincia de Buenos Aires.
Presiones
La actitud de Recondo representó el pensamiento de un gran número de jueces de todo el país, que no toleran la violenta intromisión gubernamental en las decisiones judiciales. Después de no admitir el martes por razones formales un recurso en defensa de Cabral, la Corte Suprema de Justicia tomó intervención directa en la grave situación planteada.
El miércoles más de medio centenar de jueces penales enviaron una nota al presidente del máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, en la que expresan su inquietud y preocupación ante la designación de conjueces identificados con el Gobierno en juzgados donde se sustancian causas relacionadas con funcionarios supuestamente involucrados en actos de corrupción. La respuesta fue la convocatoria a los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país a una reunión el próximo martes para analizar el problema derivado de la ley de subrogancias.
La gran pregunta para la que todavía nadie tiene respuesta es si la Corte se pondrá al frente de la defensa de la independencia de la Justicia -como tantas veces lo ha proclamado Lorenzetti- y se plantará con firmeza ante la embestida oficial. Sobre esa actitud hay que diferenciar dos planos: en lo estrictamente jurídico, la Corte debe pronunciarse recién cuando un caso concreto llegue a esa instancia luego de pasar por las anteriores. Esa vía buscando la inconstitucionalidad de la ley de subrogancias ya fue abierta por el juez Recondo de La Plata y se espera que avance con celeridad.
La otra vía es la política. Se trata de un terreno en el que los miembros de la Corte se mueven con mucha cautela pero nada les impide inducir algunas conductas de magistrados para que se vaya despejando el camino. A propósito, el jueves en Tribunales y en otros ámbitos, más de uno se preguntó si la declaración de inconstitucionalidad de un artículo de la polémica ley por parte del juez de La Plata no fue consultada previamente con la Corte.
Actitudes
Para muchos, incluidos funcionarios cercanos a la Presidenta, la Corte ya ha dado señales de que llegado el momento podría trabar por inconstitucionales, los términos de la ley de subrogancias. De hecho, estaríamos ante una situación similar a la que se produjo con el rechazo a la llamada democratización de la Justicia, pero más grave aún.
El conflicto de poderes ya está planteado y coincide nada menos que con una campaña electoral definitoria para el kirchnerismo. ¿Es oportuna la batalla para el Gobierno? ¿El agresivo avance sobre la Justicia podría afectar la intención de voto de los sectores más independientes que ven en Daniel Scioli una versión más equilibrada del oficialismo?
Las opiniones sobre estos interrogantes están divididas en el Gobierno, pero hasta ahora las encuestas que miden el humor social no han registrado movimientos que alarmen a los estrategas de la campaña. Por las dudas, para darle mayor dimensión al enfrentamiento y ganar espacios de difusión, los magistrados y la oposición política han convocado para el martes, frente a Tribunales, a una concentración popular de repudio a la embestida oficial.
Pero mientras está en juego un principio fundamental de la democracia, los fuegos artificiales de la campaña proselitista encuentran a muchos mirando al cielo.
