La Asamblea Constituyente que rige Venezuela con poderes absolutos acordó, por unanimidad, asumir competencias del Parlamento controlado por la oposición, que aseguró desconocerá lo que denunció como su “disolución” impuesta por el presidente Nicolás Maduro.
Reunida en sesión ayer, la Constituyente decidió que legislará en las materias para “garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los bienes del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos”, según el decreto.
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) aseveró en Twitter que Maduro busca anularla a través de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), por lo que, dijo, no reconoce ni acatará esa decisión, que calificó como un “golpe de estado”.
“La ANC es nula y sus actos ilegales e inconstitucionales. Decisión de anulación no será acatada por AN, comunidad internacional o pueblo”, agregó el Congreso, que convocó a sus seguidores y a miembros del cuerpo diplomático a una sesión en la mañana de hoy.
La Asamblea Constituyente debe redactar una nueva Carta Magna pero mandará en Venezuela por dos años como un “suprapoder”, superando el período de Maduro, que finaliza en enero de 2019.
“Más allá de reescribir la Constitución, se convierte de facto en el órgano legislativo. Era uno de los espacios que el gobierno buscaba finalmente controlar”, declaró Diego Moya-Ocampos, analista del IHS Markit, con sede en Londres.
El decreto, que incluye la potestad de dictar leyes, fue tomado en una sesión a la que se negó a asistir la junta directiva del Congreso, que había sido citada por la presidenta de la Constituyente, la excanciller Delcy Rodríguez.
“¡No vamos a permitir más desviaciones de poder! ¡Llegó la Constituyente a poner orden!”, advirtió Rodríguez en tono enérgico, poco antes de la lectura del dictamen.
Rodríguez recordó que todos los poderes públicos están subordinados” a la Constituyente, por lo que sus representantes, incluido Maduro, han comparecido ante ella desde se instaló el 4 de agosto. Excepto el Congreso.
En una carta abierta, la junta directiva parlamentaria había señalado que consideraba nulo los “mandatos y todos los actos emanados” de la Constituyente, elegida el 30 de julio entre denuncias de fraude y desconocida por más de una docena de países latinoamericanos, Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU y la OEA.
Al considerar que la “disolución” del Parlamento es “ilegítima e inconstitucional”, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió con urgencia una reunión especial del organismo.
A fines de marzo pasado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de servir al gobierno, había asumido funciones del Parlamento. Ello provocó amplio rechazo internacional, lo que lo hizo dar marcha atrás en menos de dos días.
Aunque la Corte revirtió entonces su decisión, desató una ola de protestas que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio, así como miles de detenidos y heridos. De todas formas, el TSJ considera nulas todas las decisiones del Congreso, tras declararlo en desacato desde que la oposición asumió en enero de 2016 el control del Legislativo.
“Para los que andan chillando, la ANC no ha eliminado la AN, solo asume funciones de quienes se han colocado al margen de la Constitución”, enfatizó el poderoso dirigente chavista y asambleísta, Diosdado Cabello.
