Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
Desde la campaña electoral, los principales candidatos hicieron profesión de fe en el objetivo de restablecer el federalismo perdido en la Argentina y cuando asumió el Presidente Macri, ratificó dicho objetivo. Pero en el camino tomó decisiones con falta de oportunidad que lo complicaron y hoy hay una reacción de los gobernadores justicialistas reclamando fondos en nombre del federalismo que, justo es reconocer, no hicieron en los doce años del kirchnerismo.
El problema es qué se entiende por federalismo. ¿Es reparto de fondos? Y, en ese caso ¿a cuáles fondos nos referimos? ¿Cómo queda el reparto de responsabilidades entre la Nación y las provincias?
El federalismo, como parte indisoluble de la forma de gobierno elegida por nuestra Constitución Nacional, está referido a Estados autónomos no independientes (las provincias) que se juntan y delegan en un gobierno nacional la unificación de la representación internacional, la emisión de papel moneda y la defensa nacional, especialmente el control de las fronteras, entre las principales.
Las provincias son las proveedoras de los servicios básicos del Estado destinados a generar igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos en cumplimiento de los principios de igualdad ante la ley, sobre todo en cuanto a la posibilidad de ejercitar todos sus derechos en plenitud. Así, las provincias son responsables del servicio de educación gratuita y laica y de los servicios de salud. También quedan bajo su control natural la seguridad y la justicia.
A raíz de un fallo de la Corte Suprema, acogiendo el reclamo de San Luis, Córdoba y Santa Fe por la retención indebida del 15% y un decreto de último momento de Cristina Fernández extendiendo el beneficio a todas las provincias (que Macri derogó), comenzó a moverse el avispero de los reclamos provinciales.
Pero lo grave fue cuando, luego de transferir la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, le triplicó la transferencia de fondos nacionales. Hay consiguió un doble efecto político. Primero, consiguió juntar a los gobernadores justicialistas que quieren ser un polo de poder y reavivó el reclamo de mayores fondos.
La respuesta del Gobierno nacional ha sido la de comprender la situación y pedir paciencia dada la situación aunque no puede justificar por qué hay fondos para la Ciudad y no para el resto, que aprovechan para victimizarse. Pero Macri introdujo un concepto peligroso y fue decir que “vamos a ayudar a los que hagan las cosas bien”. ¿Cómo ayudar? El reparto de recursos debe ser fijado por ley y ser transparente para no repetir los vicios del reparto discrecional del kirchnerismo.
De qué plata hablamos
Para hablar del reparto, hay que saber de qué montos estamos hablando y todos caen en el facilismo de limitarlo al reparto de impuestos existente en los regímenes de coparticipación. Es que también la Nación distribuye fondos entre las provincias cuando tiene reparticiones instaladas como AFIP o regimientos militares. Esto implica salarios que se pagan en las provincias, se gastan en ellas y complementan la masa salarial en cada región. Pero además, la Nación provee fondos para obras públicas, viviendas y otras inversiones que deberían ser imputados a la hora de hablar de reparto.
Dado que los fondos se originan en las provincias, lo razonable sería que las provincias coparticiparan a la Nación lo que son capaces de recaudar, pero ya sabemos que eso es imposible. Por eso, el reparto debe contemplar otras variables.
Todos reconocen que se debe aumentar la distribución primaria, es decir, de la masa total, incrementar el porcentaje que se destina a las provincias, y ahí habrá que ver de qué forma se estructura el reparto porque muchos fondos se derivan al sistema jubilatorio y hay impuestos que no se coparticipan (ganancia mínima presunta) o se lo hace en una pequeña porción (impuesto al cheque).
El problema vendrá cuando se discuta la distribución secundaria ya que algunos quieren establecer sistemas de premios y castigos y eso vulnera el espíritu y la letra del sistema federal. Quizás haya que pensar en otro modelo.
Posiblemente, la distribución secundaria debería tener una atribución básica que respetara el espíritu del sistema y, luego, una ampliación que contemplara otras variables, como la eficiencia en la administración o la asignación por habitante.
Si se va a discutir un sistema de distribución hay que poner arriba de la mesa la totalidad de los recursos no escondiendo nada, pero tampoco dejando la posibilidad de que haya asignaciones discrecionales para evitar que repitan ciclos ya conocidos que nunca se justificaron. Todos recordarán los recursos que recibía La Rioja y, especialmente, Anillaco, en la presidencia de Menem, al igual que Santa Cruz y, especialmente, El Calafate, en el ciclo kirchnerista.
Si se hace un nuevo sistema hay que hacerlo bien ya que estas discusiones son muy difíciles y complicadas debido a que todos esperan llevarse algo más. El otro tema deberá ser la forma en que se administra, aunque algunos crean que se viola la autonomía.
Si el tema pasa por la viveza para conseguir recursos, habrá que repensar si es viable el sistema federal.
