El objetivo de la nueva conducción de Aerolíneas Argentinas (AA) es que la empresa estatal “recupere su posición de liderazgo”, según lo expresado por el presidente de la compañía recientemente designado, Pablo Ceriani.
Estas declaraciones están en sintonía con lo expresado por el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, quien anticipó que se exigirá, a las compañías low cost que operan en el país, que también cubran los itinerarios menos rentables.
Este objetivo no constituiría una mala idea si implicara, entre otras cosas, brindar un servicio confiable y de calidad, con tarifas razonables y competitivas. Es obvio que si la empresa aérea consiguiera vender más pasajes, equilibraría sus cuentas. Así, dejaría de depender del auxilio de fondos estatales para subsistir. Cabe acotar que los pasajes en Aerolíneas Argentinas al exterior pagarán el plus del 30 por ciento vigente para las privadas.
Para que nos demos una idea del déficit actual de la aerolínea estatal, Ceriani ya anticipó que la administración central deberá girarle unos 700 millones de dólares este año. Eso quiere decir que, en el país de las múltiples declaraciones de emergencia, se destinan casi dos millones de dólares por día del Presupuesto nacional para sostener a una empresa aérea estatal. Por lo tanto, nada mejor que pretender que la línea aérea de bandera vuelva a ser la líder de la aeronavegación comercial del país y la región, para que no requiera de esa asistencia.
Es de destacar que luego de hacerse cargo de sus funciones, la nueva conducción de la empresa reconoció que “operativamente” Aerolíneas fue encontrada “un poco mejor de como la dejamos, pero los números de la caja son alarmantes”. Se refería al tiempo de administración que dejó el kirchnerismo en diciembre de 2015. El problema es que la nueva gestión no se ha propuesto volver rentable a la compañía sino que su objetivo real es revertir la “desregularización salvaje” que supuestamente puso en marcha el gobierno del ex presidente Mauricio Macri al permitir el acceso al mercado de las llamadas “low cost”, empresas con vuelos de bajos costos que, en consecuencia, ofrecen pasajes mucho más económicos. Nadie podría negarse, si fuera necesario, a que se revisaran las condiciones de seguridad o de contratación de personal con que operan estas empresas de más fácil acceso para el bolsillo de los pasajeros. Pero la nueva conducción de Aerolíneas, y quienes la apoyan de manera directa o indirecta, no apuntan a eso.
El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, anunció que por 120 días no habrá cambios sectoriales, porque aspira a lanzar un nuevo sistema integral, que involucre a los trenes, a los colectivos, a los aviones y a los puertos. Pero tendría bajo estudio dos medidas para cambiar las reglas de juego a las aerolíneas low cost: por un lado, exigirles que cubran las rutas menos rentables; por el otro, reinstaurar la banda tarifaria.
Así, el Gobierno aumentaría los costos a estas nuevas líneas aéreas, al mismo tiempo que les fijaría un precio mínimo para cada pasaje. Es fácil imaginar que ese precio estaría en sintonía con el de Aerolíneas Argentinas.
Tamaña intervención del mercado aéreo significaría el final de las low cost, sin que ello asegure más viajeros a Aerolíneas Argentinas. Porque si las tarifas aéreas vuelven a subir, lo más probable es que los ómnibus de larga distancia recuperen la competitividad perdida en los últimos años.
Al menos eso es lo que esperan los empresarios del sector automotor, que presionan en el mismo sentido que lo hace la nueva conducción de la empresa aérea estatal. Como es lógico, no hay peor política pública que obstruir el funcionamiento de la empresa privada para asegurar el liderazgo del mercado a una compañía del Estado. En realidad, en materia de servicios públicos y transporte, no debería incomodar que lo estatal y lo privado compitan, tanto en calidad de prestación como en orden administrativo.
En los próximos meses se verá entonces cómo operan los cambios que se están anunciando en el mercado del transporte aéreo de personas.
