La presencia de 44 oficiales de la Policía de Mendoza sospechados de cobrar su sueldo sin prestar los correspondientes servicios, a la espera de la culminación de su trámite jubilatorio, será analizada el próximo jueves por la Comisión Bicameral de Seguridad que preside el radical, Héctor Quevedo.
“Es una de las decisiones inexplicables de este gobierno y junto a ella no se nombra a la gente que terminó el curso en el Instituto de Seguridad. Es más, este instituto permaneció (en agosto) treinta días sin actividad, supuestamente por falta de recursos, pero los profesores cobraron igual”, disparó Quevedo. Y consideró que el principal responsable de estas situaciones es el Gobernador Francisco Pérez.
“Vamos a analizar un par de citaciones al ministro (Leonardo Comperatore) y al jefe de Policía (Juan Carlos Calleri)”, adelantó el representante del PRO en la Bicameral, Gustavo Cairo. “Justamente el personal de mayor experiencia es el que más debería estar actuando por la seguridad”, agregó Cairo.
“Es una situación irregular dentro de la misma fuerza. A diferencia de esos oficiales, los suboficiales que pidieron la jubilación están trabajando y lo seguirán haciendo hasta que les aprueben el trámite”, destacó Daniel Cassia del Frente Renovador.
“El hecho de mantener una casta de ñoquis de alta jerarquía en la policía es una provocación que aporta a la inseguridad”, fustigó desde el FIT, el trotskista Héctor Fressina.
Por “trabajo riesgoso”, la ley en vigencia permite al personal policial acceder a la jubilación con treinta años de aportes sin límite de edad, lo que hace posible el pase a pasiva con tan sólo cincuenta años.
Los cuestionamientos se centran en la falta de actividad de oficiales que iniciaron su trámite jubilatorio a pesar de que todavía el Anses no ha aprobado su retiro.
Los Andes destacó en su edición de ayer que se trata de 14 comisarios generales, 15 comisarios inspectores, 12 comisarios y 3 subcomisarios, todos oficiales pertenecientes al personal de jerarquía de la fuerza con más de 30 años de antigüedad. El caso de los denominados “oficiales ñoquis” actuó de disparador de otros temas que motivaron quejas de calibre similar entre los legisladores de la oposición.
“Siempre he estado en contra de la flexibilización de las condiciones de ingreso al Instituto de Seguridad que inició Alfredo Cornejo cuando era ministro de Julio Cobos y continuaron Juan Carlos Aguinaga y Carlos Ciurca como ministros de Celso Jaque”, recordó el massista Cassia. Y mencionó que por falta de un estudio socioambiental previo, entre los aspirantes a auxiliares de la Policía ingresaron “familiares directos de detenidos, una mujer con antecedentes de prostitución y un hombre con tres causas penales”.
Por su parte el macrista Cairo recordó que “a un año de haberse aprobado la ley que ordena la implementación del registro de huellas genéticas de procesados y condenados, la Suprema Corte de Justicia no ha hecho nada. Y esto a pesar de que en el Cuerpo Médico Forense está todo el material necesario para organizarlo”.
Finalmente, el radical Quevedo cuestionó las decisiones judiciales -especialmente de la Suprema Corte- “que permiten que el asesino del empresario marmolero Bardasco ya esté en libertad; que el violador de una niña de doce años en Tunuyán tenga prisión domiciliaria, igual que homicidas y autores de robos agravados. Todo a pesar de que la ley sólo permite la prisión domiciliaria a condenados con más de 70 años o que padecen enfermedades terminales”.
