El Congreso quedará eclipsado por el repentino despertar de la Justicia. Por decisión de todas las fuerzas políticas, al menos en las dos próximas semanas no habrá sesiones. Incluso se postergó el primer informe que iba a dar el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ante la Cámara baja, y en el Senado se congeló la votación de los pliegos de los dos candidatos propuestos por el Ejecutivo para la Corte Suprema: Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.
La larga sucesión de indagatorias de ex funcionarios del kirchnerismo en diferentes causas judiciales y la imputación del presidente Mauricio Macri luego de que su nombre apareció en los “Panama Papers” elevaron la tensión política al máximo y llevaron a los líderes parlamentarios a repensar la agenda de temas en tratamiento.
El punto más álgido de la confrontación política se dará el próximo miércoles, cuando Cristina Fernández de Kirchner se presente a declarar en la causa que lleva adelante un viejo rival: el juez Claudio Bonadío, quien investiga las operatorias con el dólar futuro que instrumentó el Banco Central en el último año de su gobierno.
Ese día, el cristinismo se movilizará hasta Comodoro Py para apoyar a la ex presidenta. La cita es a las 11. La imputación que hizo ayer el fiscal Guillermo Marijuán a Cristina Fernández, luego de las explosivas declaraciones de Leonardo Fariña en el expediente en el que se investiga la ruta del dinero K, radicalizó la convocatoria por las redes sociales, donde se instaló la consigna “13A todos con Cristina”.
El titular del bloque de diputados K, Héctor Recalde, pidió al presidente de la Cámara baja, el macrista Emilio Monzó, que se postergue la visita de Peña hasta el 27, por eso no habrá sesión la semana entrante ni la otra.
El kirchnerismo envió 800 preguntas al ministro coordinador pero no tiene ansiedad por las respuestas porque prioriza la pelea que se está librando en los tribunales porteños. A su vez, el FpV planea una serie de denuncias contra Macri.
La primera la radicó el diputado neuquino Norman Darío Martínez, quien consiguió que el fiscal Federico Delgado pidiera la imputación del Presidente por no declarar su participación en las empresas radicadas por su padre, Franco, en paraísos fiscales y de las cuales fue directivo.
Para ese mismo día, sectores de la sociedad civil, que vienen confrontando desde hace cuatro años con el kirchnerismo y que colmaron las calles cuando fue encontrado muerto el fiscal Alberto Nisman, están convocando a una gran movilización nacional para reclamar prisión para los responsables de la corrupción K.
También con la consigna “13A”, la convocatoria agrega: “Contra la Impunidad”. La intención de los organizadores es sumar más que el kirchnerismo, ya que pretenden que la ciudadanía salga a la calle, en todas las ciudades, a las 19, para manifestarse. El gancho que está prendiendo en las redes sociales es emular el “#18F” de 2015, cuando se cumplió un mes del deceso del ex fiscal de la causa AMIA que denunció a Cristina.
Los avances de cinco jueces federales sobre causas vinculadas a la corrupción kirchnerista tienen en vilo a la clase política.
Bonadío investiga las operatorias con el dólar futuro, a raíz de denuncias que hicieron diputados de Cambiemos. Pero también citó a Julio de Vido por un expediente que ya fue a juicio: la tragedia de Once.
Julián Ercolini detuvo a Ricardo Jaime por la compra de chatarra de trenes a España y Portugal.
María Servini de Cubría tiene en la mira los negociados con Fútbol para Todos.
Sergio Torres investiga el posible enriquecimiento ilícito de Ricardo Echegaray.
Y Sebastián Casanello tiene en sus manos las dos causas más mediatizadas: la que involucra al empresario K Lázaro Báez en maniobras de lavado y la denuncia contra Macri por los “Panama Papers”.
Vacantes en la Corte, al freezer
El martes, el presidente Mauricio Macri recibió en su despacho a los jefes de los bloques del Senado y apenas tocó el tema de las vacantes de la Corte Suprema que esperan ser llenadas. Los pliegos de los juristas propuestos por el mandatario, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, tienen el aval de la comisión de Acuerdos desde hace tres semanas pero no hay fecha pactada para votarlos.
Las explicaciones que hay sobre esta demora son varias. En el oficialismo dicen que el bloque del peronismo que conduce Miguel Pichetto, donde hay una decena de cristinistas, todavía está convulsionado por la votación de la ley de pago a los fondos buitre. Desde la oposición justicialista creen que Macri es el que no tiene apuro por colocar justo en este momento, cuando ha sido imputado por un fiscal, dos hombres en el Máximo Tribunal.
