Mario Fiore - mfiore@cimeco.com - Corresponsalía Buenos Aires
El Tratado de Entendimiento que la Argentina firmó con Irán en enero de 2013 y que el kirchnerismo ratificó en febrero de ese mismo año en el Congreso le sigue sumando dolores de cabeza a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En plena campaña electoral, la Casa Rosada debió ordenar una jugada compleja -y hasta acá efectiva- para evitar que la Cámara Federal de Casación Penal declarase inconstitucional aquel malhadado Memorando, el cual -recordemos- ya fue bochado por la Cámara Federal de Apelaciones y sobre el que se centró Alberto Nisman para denunciar a la Presidenta y a sus principales asesores una semana antes de aparecer muerto en su departamento.
El 10 de junio, mientras todos los partidos políticos anotaban sus alianzas electorales para competir en los próximos comicios, la Cámara de Diputados aprobó una nueva Ley de Subrogancias que pasó casi desapercibida en el debate parlamentario porque el oficialismo la trató simultáneamente a las leyes de implementación del nuevo Código Procesal Penal.
Con la nueva normativa, es ahora el Consejo de la Magistratura el que define quién subroga cada uno de los tribunales inferiores a la Corte Suprema y es también este órgano de selección y remoción de jueces el que tiene incluso la potestad de nombrar como magistrados interinos a conjueces, es decir a abogados elegidos por el Ejecutivo, los cuales deben tener el acuerdo del Senado (aunque la ley también le permite al Consejo hacer una lista ad hoc, sin aval de la Cámara alta, para casos excepcionales).
Este fue el soporte legal sobre el que la Casa Rosada montó su estrategia para desbaratar un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal contrario a aquel Pacto que la Argentina rubricó con la República Islámica para “avanzar” en la búsqueda de justicia sobre el atentado a la AMIA de 1994. Pero, sin duda, el nuevo régimen de subrogancias también le permitirá al Gobierno hacer maniobras similares en otras instancias, no sólo en la Casación, donde se tramitan causas lesivas a sus intereses.
El segundo paso de esta trabajosa estrategia del Gobierno sucedió hace sólo una semana, cuando los siete miembros del Consejo de la Magistratura que juegan en bloque en favor del oficialismo decidieron remover a los integrantes de la Sala I de Casación, los cuales se aprestaban a votar el pasado lunes sobre la constitucionalidad o no del Pacto con Irán.
Como dos de estos camaristas tenían preparados sus votos en contra del mismo, el Gobierno debió salir a toda prisa a frenar una decisión de este tenor, no tanto por el provecho que la oposición podría haber sacado del fallo negativo en plena campaña sino porque la declaración de la ilegalidad del Memorando con Irán podría dar lugar a nuevas denuncias contra la Presidenta y sus funcionarios, entre otras cosas por presunta traición a la Patria (ya que el Tratado implicaría una cesión de soberanía toda vez que creó una “Comisión de la Verdad” para revisar todo lo actuado por la Justicia argentina, entre ello, la investigación que llevó adelante el fallecido Nisman).
El primer juez al que se le apuntó fue a José María Cabral, ex presidente de la Asociación de Magistrados, un hombre poderoso dentro de la Justicia porteña, vinculado a sectores de la oposición. Cabral, que por estas horas pelea para que un amparo le devuelva el cargo del que el kirchnerismo lo eyectó, fue el blanco más fácil porque estaba subrogando desde hacía casi cuatro años en la Sala I, pero había sido puesto allí a dedo, sin pertenecer al fuero federal (es camarista de un tribunal en lo criminal de la Justicia ordinaria) ni tener el acuerdo del Senado para ejercer la magistratura en una última instancia, como lo es la Casación Penal, requisitos ambos que desde 1958 -desde la vieja ley orgánica del Poder Judicial- eran considerados como condiciones esenciales para ser juez interino.
Pero Cabral no fue el único al que se lo sacó de en medio. Los miembros K del Consejo de la Magistratura también decidieron poner fin al resto de las subrogancias de la misma sala. En otra resolución, el Consejo de la Magistratura nombró como reemplazantes a tres conjueces que habían sido escogidos por el Ejecutivo y que tenían desde fines de 2013 el acuerdo del Senado.
Los tres abogados tienen relación directa e inocultable con el gobierno nacional y al menos uno de ellos, Claudio Marcelo Vázquez (ex asesor del Ministerio de Justicia), deberá fallar ahora sobre el Pacto con Irán, ya que reemplazó a Cabral. De este modo, la Casa Rosada logró evitar perder una votación -que debía producirse el lunes pasado- en tiempo de descuento y cambiar la composición del tribunal que no le era para nada favorable por una más amistosa.
El margen de acción que tiene este gobierno -por el hecho de tener mayoría en el Consejo de la Magistratura- para ratificar o sacar jueces subrogantes será clave en su pelea con la Justicia. Si bien perdió aquella primera batalla por la “democratización” cuando la Corte Suprema bochó la ley que establecía la selección directa -por voto popular- de los consejeros no políticos de la Magistratura, ahora el kirchnerismo avanza con leyes menos ambiciosas en el mismo sentido.
Alrededor de un cuarto de los tribunales federales tienen vacancias debido a los engorrosos procesos de selección y designación que involucran al Consejo de la Magistratura, al Ejecutivo y al Senado.
La oposición, que votó en contra de la nueva Ley de Subrogancias, desconfió de la misma desde un primer momento porque entendió, entre otras cosas, que el Gobierno iba a frenar el ya lento proceso de designación de nuevos jueces titulares para sacarle el máximo provecho a esta herramienta que se le concedió al Consejo de la Magistratura.
Lo que no pudo o supo prever ninguno de los bloques opositores es que el remedio iba a ser utilizado con tanta urgencia por el kirchnerismo y en una causa tan sensible como la que gira en torno del Pacto con Irán. La norma fue publicada en el Boletín Oficial el 18 de junio y una semana después Cabral fue removido de su cargo interino en la Cámara Federal de Casación Penal.
Las denuncias que presentaron distintos actores de la oposición (Elisa Carrió siempre a la cabeza) contra Cristina Kirchner y los consejeros de la Magistratura K no pueden revertir ahora la cirugía mayor que el kirchnerismo planea hacer en la Justicia Federal en los próximos meses, antes de que se produzca en diciembre un cambio de gobierno que podría alterar la relación de fuerzas dentro del Consejo de la Magistratura.
Además, la Corte Suprema decidió no salir en auxilio de Cabral ni de la oposición ya que entendió que no es su tarea definir quién ocupa interinamente un juzgado sino abocarse a la resolución de causas judiciales.
Estas intervenciones del kirchnerismo sobre la Justicia Federal no son, sin dudas, todas iguales. Habrá casos en los que realmente urge nombrar jueces subrogantes nuevos -provenientes de otros tribunales o conjueces- para aliviar la tarea de los titulares que deben hacer su trabajo y encima cubrir vacantes producidas por retiros, destituciones o licencias de colegas.
Esto es lo que está sucediendo, en gran medida, en los Tribunales Federales de Mendoza, donde hay una gran cantidad de cargos vacantes que son cubiertos por los mismos magistrados que tienen a cargo la titularidad de otros juzgados. Pero, en otros casos, los intereses más personalísimos de los gobernantes serán difíciles de camuflar bajo estos mismos argumentos.
Es sencillo ensayar una respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué pasará con los jueces que están subrogando tribunales donde hay causas sensibles para la Presidenta como las que rozan a su círculo más íntimo, a su familia? La reestructuración total de la sala de la Cámara Federal de Casación Penal que debía resolver sobre el Memorando con Irán constituye, sin duda, una pista muy clara del modus operandi escogido por un gobierno que, en su despedida, ha decidido replegarse sobre el Poder Judicial.
