La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado argentino "medidas alternativas a la detención preventiva" de la dirigente kirchnerista jujeña Milagro Sala, "como el arresto domiciliario" o bien que "pueda enfrentar los procesos (judiciales) en libertad con medidas como la fiscalización electrónica" (tobilleras).
Y aunque abunda en argumentos a favor de esas "medidas alternativas" de detención, la CIDH en ningún momento pide la liberación lisa y llana de Sala, como se ilusionaban quienes, desde el kirchnerismo, decían que la líder de la Tupac Amaru sufre una persecusión política y está detenida sin jutificación judicial.
Este pedido integra las “medidas inmediatas” contempladas en una cautelar otorgada por la CIDH en favor de Sala, cuyo alcance se conoció ayer y que habían solicitado ante ese organismo de la OEA el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional Argentina y la asociación de abogados del noroeste argentino Andhes.
“La Comisión tomó en cuenta que existen una serie de particularidades que rodean la privación de la libertad de la señora Milagro Sala e identificó múltiples factores de riesgo que incluyen presuntos hostigamientos, una amenaza de muerte y agresiones en su contra”, señaló la CIDH en un comunicado.
Además, "verificó la continuidad de la privación de la libertad de la señora Sala, a pesar del pronunciamiento del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria que en su opinión 31/2016, publicada en octubre de 2016, calificó tal detención como arbitraria y violatoria de los estándares del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, llamando a su liberación inmediata".
“La Comisión determinó que la suma de las fuentes de riesgo identificadas se traduce en una situación de riesgo a la vida e integridad de la señora Sala que requieren medidas inmediatas para salvaguardar sus derechos”, subrayó.
En el comunicado, también indicó “que el otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables”.
En las numerosas causas penales promovidas en su contra, impulsadas en su mayoría por el gobierno de Jujuy y su fiscal de Estado, Mariano Miranda, Sala está acusada de fraude en el uso de fondos públicos destinados a viviendas sociales, extorsión y asociación ilícita, entre otros delitos.
A mediados de junio último, una delegación de la CIDH había visitado a la jefa de la Tupac en el penal del barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy.
Previamente, la delegación encabezada por el presidente de la CIDH, Francisco de Eguiguren, se había reunido con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el fiscal de Estado.
En esa ocasión, Eguiguren declaró a la prensa que la comitiva de la CIDH viajó a Jujuy, invitada por el gobierno provincial, para conocer en terreno la situación de Sala y en el marco de la medida cautelar solicitada a la Corte Interamericana, otorgada este jueves.
Jujuy dice que se convalidó la actuación judicial
El gobierno de Jujuy aseguró en un comunicado que tomó conocimiento “por los medios de comunicación” de la resolución emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y afirmó que esa administración provincial “garantiza la integridad” de la detenida y dará intervención a la Justicia jujeña.
“En dicha resolución se solicita al Estado Argentino que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de la señora Milagro Sala, sin hacer lugar al pedido de liberación efectuado por el CELS, Amnistía Internacional Argentina y Andhes”, afirma el gobierno provincial en un comunicado oficial.
“Sin perjuicio de que la resolución emitida por la CIDH convalida la actuación de la justicia provincial con relación a la prisión preventiva, avocándose sólo a la situación de la integridad personal de la señora Sala por presuntos actos de hostigamiento en su contra, desde el gobierno de la provincia, en lo que es de su competencia reafirma su compromiso de garantizar la vida y la integridad personal de la señora Sala”, detenida desde enero de 2016 en la prisión de Alto Comedero.
