Mendoza está otra vez bajo la lupa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otra vez por violencia institucional.
La diferencia es que esta vez las autoridades apuntadas por la denuncia son dos actuales miembros de la Suprema Corte de Justicia: Jorge Nanclares y Alejandro Pérez Hualde.
La denuncia data del año 2008 y es por "retardo injustificado en la decisión sobre los recursos de jurisdicción interna". Para decirlo en palabras sencillas: supuestamente la Corte archivó el pedido de una mujer para que le provean un defensor oficial.
Desde la Suprema Corte se informa que la denuncia no pesa contra personas, sino que es institucional por una decisión de la sala administrativa del Tribunal y la denuncia pesa contra el país.
Desde hace casi un mes circula en Casa de Gobierno una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación fechada el 3 de mayo pasado; es la nota 563 de 2017. En esa misiva se le informa al Gobierno provincial que el 19 de abril la misión permanente de la Argentina en la OEA fue notificada de la petición P-1375-08-FRP, PSP, RMP.
En esa misma nota se informa al Gobierno provincial que el Estado argentino tiene un plazo de tres meses para responder y le pide a la provincia que informe sobre este caso antes del 2 de junio.
La petición data del año 2008. La víctima es Rita Marta Adelia Pérez, con la representación de la Asociación Protección al Ciudadano, que presidía Gloria Dávila. Los memoriosos recuerdan que Dávila y su organización ganaron espacio en los medios de comunicación a fines del gobierno de Julio Cobos, cuando una serie de asesinatos resonantes movilizaron a la sociedad en marchas en reclamo de seguridad.
La denuncia dice que Rita Pérez pidió que un defensor oficial la representara en su reclamo de cuota alimentaria adeudada para cubrir la manutención de sus tres hijos. También pide representante oficial para llevar adelante el divorcio contencioso.
Hizo una presentación ante la Suprema Corte que, según la denuncia ante el CIDH, fue archivada con la firma de tres jueces del máximo tribunal, Nanclares, Pérez Hualde y el ya fallecido Herman Salvini.
La mujer pidió una revocatoria que, según la denuncia, nunca fue respondida por la Corte.
En los pasillos tribunalicios se dice que la respuesta a la revocatoria llegó después de presentada la denuncia ante la Comisión Interamericana y que esa respuesta fue firmada por la sala administrativa de la Corte, pero con otra conformación: repite Nanclares como el entonces presidente de la Corte, más Pedro Llorente y Fernando Romano.
Lo que se comenta es que en realidad nunca se le negó patrocinio legal a Rita Pérez. Incluso, hay quienes indican que tuvo dos abogados del cuerpo de defensores oficiales y un profesional "ad hoc", es decir un abogado independiente y que la Justicia paga honorarios a destajo, es decir, cuando obtienen sentencia.
Entre paréntesis, según la denuncia ante el CIDH, lo que reclamaba Pérez era un profesional "ad hoc".
Después de peregrinar por diversas oficinas e incluso la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, aquí consiguió patrocinio para llegar a la CIDH, con el apoyo de la entonces diputada Mirta Díaz.
En la denuncia se indica que los funcionarios responsables son los supremos, pero ante la Comisión Interamericana, la violencia institucional es responsabilidad del Estado nacional, como garante de los derechos humanos.
Ante la consulta de Los Andes, desde la Corte respondieron justamente en estos términos. "La denuncia no es contra personas, es contra el país. La Corte remitió los antecedentes al Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia el lunes pasado y ellos la enviarán al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Para hacer pública nuestra respuesta, hace falta la autorización de esa cartera", señalaron en comunicación oficial.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es el encargado de elaborar la estrategia de defensa de la Argentina, por eso todos los antecedentes se remiten allí.
Una noticia inesperada
Hace diez años, una serie de asesinatos movilizaban a la sociedad. Entonces Gloria Dávila y el de la Asociación Protección al Ciudadano (APAC) aparecieron en las crónicas periodísticas.
Hoy APAC está diluida, aunque conserva la personería jurídica. APAC está inscripta desde el ‘97, pero empezó a ganar protagonismo diez años después, después de los asesinatos Laura Abonassar, Matías Basallo, Fernanda Vera y Carlos Passetti.
Los hijos de Rita Pérez tenían entonces 17, 15 y 12 años. Hoy la mujer acota que tienen 26, 24 y 21 años. Se muestra sorprendida por el avance de la denuncia y dice: “No sé si es una buena o una mala noticia. Eso ya lo había enterrado”. Hace un par de años, Pérez publicó un libro, “Emociones dibujadas. Cómo detectar el abuso en los niños a través del dibujo”.
