La CGT endurece su postura en la previa electoral

Anunció un posible paro general con fecha a definir y cuestionó la política económica de Macri. Acto en Plaza de Mayo con bajas importantes y serios incidentes.

La CGT endurece su postura en la previa electoral

La CGT anunció ayer la decisión de su consejo directivo de realizar un paro general contra la política económica y social del Gobierno nacional cuya aprobación y fecha dependerán de una reunión que hará su Comité Central Confederal (CCC) el lunes 25 de setiembre.

El anuncio con semejante antelación parece ser un plazo apuntado a abrir alguna instancia de diálogo y negociación de la CGT con el gobierno de Mauricio Macri.

“Falta un mes. Iremos viendo si hay alguna tratativa del Gobierno”, sinceró luego del acto el cosecretario general de la CGT, Juan Carlos Schmid, encargado de hacer el anuncio en tanto único orador del multitudinario y breve acto realizado en la Plaza de Mayo. La manifestación  dejó expuestas las divisiones internas entre los sectores “confrontativo” y “dialoguista”, y que tuvo el apoyo de las dos CTA y de las principales organizaciones sociales.

Hoy, por lo pronto, el titular del sindicato de obras sanitarias, José Luis Lingeri, se reunirá con los ministros de Salud y quizás también de Desarrollo Social, junto al superintendente de Servicios de Salud, para “avanzar” en la instrumentación de un seguro de salud universal por, anticipó él mismo a este diario, unos 8 mil millones de pesos.

“Esta Confederación General del Trabajo ha resuelto llamar el 25 de setiembre al Comité Central Confederal para reiniciar un plan de lucha que incluya un paro general, plenarios de regionales, reunión con los legisladores y todas las medidas que sean necesarias para defender el interés nacional y el de todos los trabajadores”, dijo Schmid al cerrar su discurso.

Al inicio, condenó el reciente atentado terrorista en Barcelona; alertó sobre una eventual “escalada militar en América Latina” (una referencia a la amenaza de Donald Trump a Venezuela), y pidió por la aparición con vida de Santiago Maldonado: “La ministra de Seguridad (Patricia Bullrich), tan ejecutiva en desalojar obreros de las fábricas, tiene que actuar con la misma celeridad porque no queremos que haya otro Julio López”.

También la reclamó al Gobierno nacional “una respuesta política” a los reclamos de la CGT, después de aclararle que “no nos alcanza sólo con votar” y que “no venimos a levantar la bandera de ningún candidato, no venimos detrás de ninguna conspiración, sino con una demanda: trabajo digno y salario justo, es la principal. No atrasamos al país ni somos un freno para las inversiones”. Además le recordó al Gobierno las crisis a las que condujo la aplicación de las políticas económicas del FMI y del Banco Mundial.

Apenas 15 minutos duró el discurso, que finalizó exactamente a las 15, la hora prevista para el inicio del acto. El adelanto fue para prevenir que pudieran tomar mayor volumen los incidentes que una hora antes habían protagonizado afiliados del sindicato de Camioneros chubutenses y fueguinos, que se arrojaron botellas, palos e insultos, en su pelea por ocupar espacio al pie del escenario. La seguridad, sin embargo, estuvo garantizada con celo: a cargo estuvieron unos mil militantes de Camioneros y panaderos, dijo uno de los encargados, el panadero Rodrigo Frutos; se trató de un número cuatro veces mayor que en el acto del 7 de marzo cuando no pudieron impedir los incidentes frente al Ministerio de Industria, ante el reclamo de delegados sindicales de izquierda y kirchneristas que clamaban por ponerle fecha al paro.

Antes, Schmid enumeró los puntos fundamentales de la “agenda social” que la CGT reclama al Gobierno: “Aumento de emergencia para nuestros jubilados; fin de las intervenciones a sindicatos; rechazo a cualquier reforma laboral y/o previsional que lesione nuestros derechos; plena vigencia de los convenios colectivos; defensa del modelo sindical, de nuestras obras sociales y de los fueros laborales; control de precios sobre alimentos y medicamentos, y emergencia social y alimentaria para los sectores populares más desprotegidos”.

Bajo un cartel que decía “Por la defensa del empleo”, Schmid compartió el palco con el también cosecretario general de la CGT, el estacionero de servicio Carlos Acuña, cercano al gastronómico Luis Barrionuevo. Pero en cambio no estuvo allí el tercer triunviro, el diputado Héctor Daer: el dirigente de la sanidad encabezó la columna, menguada, de su sindicato, como para demostrar su disidencia con el acto, en línea con los llamados “gordos” de los sindicatos de servicios, los más numerosos, sin dejar de ser orgánico. Después desmintió a este diario su intención de renunciar, ante un rumor procedente del sector protagonista del acto, particularmente  de Camioneros que tuvo en Pablo Moyano, secretario gremial cegetista, su cara visible en el palco.

También en el palco estuvieron los “independientes”, el estatal Andrés Rodríguez y Lingeri, pero no pudieran hacerlo, por resistencias internas en la CGT, los titulares de las CTA Hugo Yasky y Pablo Micheli, ni el bancario Sergio Palazzo, aun cuando sí lo hicieron dirigentes de su Corriente Federal, como el curtidor Walter Correa. Tampoco participaron, siquiera desde el llano, los sindicatos del Masa que dirige el taxista Omar Viviani. Sí, en cambio, pudo verse a los dirigentes de las organizaciones sociales Ctep, Barrios de Pie y CCC.

La magnitud del acto estuvo lejos de la del 7 de marzo. “Muchos”, dijo Schmid cuando se le preguntó cuántos asistentes hubo.

Echan a dos funcionarios

Anoche, Mauricio Macri tomó la primera decisión como respuesta a la marcha: mandó a que le pidieran la renuncia a Luis Scervino, el Superintendente de Servicios de Salud. El cargo es el más importante que tienen los sindicatos en la estructura estatal. Desde allí se controlan las obras sociales, que desde siempre fueron receptoras de la mayor caja que manejan los sindicatos.

Hombre de José Luis Lingeri (jefe del gremio de los trabajadores de Aysa), Scervino también le prestó servicios a Camioneros y la UOM. La Superintendencia tiene un presupuesto anual de unos 7.000 millones, y entre los programas que controla está el giro de los pagos que financian los tratamientos de enfermedades con tratamientos costosos que deben atender las obras sociales. Macri también le pidió la renuncia a Ezequiel Sabor, viceministro de Trabajo, distanciado con Triaca. CC

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