A 2 meses del “tarifazo” del gas y camino a cumplirse un mes desde que la Justicia Federal en Mendoza lo suspendiera con un amparo hasta agosto, la batalla legal sobre el impacto de la quita de subsidios en los bolsillos mendocinos dio otro giro. Es que la jueza interviniente, Olga Arrabal, ratificó su competencia en la causa para frenar la pretensión de que pasara al fuero de Capital Federal y, a la vez, va a estudiar la posibilidad de designar un interventor en Ecogas para controlar la información y facturas a usuarios.
Cabe recordar que el 27 de mayo, Arrabal resolvió suspender la aplicación de tarifas con subas de hasta 700% por la quita de subsidios durante 3 meses, además de ordenar a Enargas y Ecogas refacturar con un techo de 80%. La medida no sólo disparó apelaciones cruzadas de las demandadas (Ecogas y Enargas) y la demandante (la ONG Protectora), sino también una movida política a través de la jueza en lo Contencioso y Administrativo de Capital Federal N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires, María Alejandra Biotti.
Biotti había solicitado días atrás la inhibitoria de su par Arrabal en la causa “Protectora Asociación Civil de Defensa del Consumidor c/Distribuidora de Gas Cuyana y Ots p/ Medida Autosatisfactiva”, y el giro del expediente N° 10.266/2016 a su juzgado. Fue uno de los tantos oficios librados a las regiones del país donde proliferaron los amparos que mantenían frenadas las subas, detrás de los cuales se esconde una maniobra política del Gobierno nacional, interesado en eliminar trabas al recorte de subsidios.
La medida se apoya en la ley 26.854, sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández, por la cual las cautelares que afectan a intereses del Estado nacional deben resolverse en la Justicia porteña.
"Resuelvo rechazar el pedido de inhibitoria formulado por la juez (en lo Contencioso y Administrativo Alejandra Biotti) y mantener la declaración de competencia de este Juzgado para el conocimiento y decisión de la causa", dictaminó Arrabal basándose en que el conflicto tuvo origen en Mendoza.
Si bien ahora la Cámara Federal en Buenos Aires deberá expedirse al respecto, el jueves 16 la magistrada le elevó las actuaciones con un refuerzo de su postura. Básicamente, el dictamen del fiscal subrogante, Fernando Alcaraz, que avala a la jurisdicción local.
Por el conflicto de competencias, el expediente se dividió en 3 piezas. En las restantes 2 (apelación de la cautelar y denuncia contra Ecogas por incumplimiento) interviene la Cámara Federal de Mendoza.
Denuncia e interventor
Si algo faltaba al litigio para convertirse en un festival de box, es que en el mismo ring haya 2 retadores por turno: a la pelea de fondo (Protectora vs Ecogas y el Gobierno nacional), se suma una preliminar entre jueces federales.
En el medio están los mendocinos, que acumulan quejas por la recepción de facturas, incluso tras el fallo del 27 de mayo, con el temor de cortes del servicio. Un vecino de Godoy Cruz al que se le retiró el medidor el 10 de junio, tras el vencimiento de su factura por $ 800 el día 2 es caso testigo de una denuncia contra Ecogas.
Según César M., que intentó tramitar la reconexión, para Ecogas la cuenta adeudaba otros 2 períodos que estaban pagos. Al considerar que Cuyana violó la medida judicial (sin contar la intimación a la información que induce a los usuarios a pagar las facturas “post- fallo”), Protectora pidió a Arrabal designar un “interventor informante”.
En principio, tendría una doble función: controlar lo que la distribuidora informa a los usuarios y la refacturación ordenada. Algo que deberá dirimir la titular del Juzgado Federal N°3 de Mendoza luego del feriado.
Luego de plantear que la empresa incurrió en “desinformación, en franca desobediencia de la manda judicial”, acusándola de “crear un estado de conmoción y miedo” por la falta del servicio, la ONG planteó la importancia de un veedor ante “la grave afectación social producida por el hecho denunciado”. Todo, no sin insistir en la falta de refacturación, que es parte de lo ordenado en el fallo emitido el viernes 27 de mayo.
A la espera de la notificación respectiva, rápidamente llegó el descargo desde la empresa: “El asunto está sobredimensionado, pero vamos a informar de qué se trata”.
Más allá de lo que se determine, en cierta medida el planteo pone en tela de juicio la eficiencia del rol del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), cuya oficina en Mendoza no deja de recibir reclamos de usuarios preocupados por el monto de las facturas que reciben.
Apelaciones en espera
No es el único frente que mantiene con la guardia en alto a la distribuidora. También está a la expectativa de una de las 3 apelaciones que Arrabal tiene sobre su escritorio: la que busca lisa y llanamente revertir el efecto del amparo, junto con la de Enargas (igual propósito) y Protectora (retrotraer tarifas al 1 de abril).
Los abogados de la empresa con sede en Córdoba apuestan a que el juzgado resuelva si admite modificar la cautelar (admitir el Anexo III del fallo) o la apelación.
“La tarifa social, según el anexo, contempla un incremento máximo del 150%. Pero el promedio es cercano al 80% que estipuló la jueza como tope”, argumentan en la compañía.
