Por acciones y decisiones del Gobierno nacional se puede evaluar que la causa Malvinas está activa, aunque nunca será suficiente lo que se haga para recuperar esos territorios usurpados por los británicos hace 187 años.
El presidente de la Nación ratificó el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Malvinas e islas del Atlántico Sur, en dos ocasiones en estos iniciales tres meses de gestión.
La primera fue en oportunidad del inicio de la segunda etapa de la Campaña Antártica, con la partida del buque rompehielos Almirante Irízar al continente blanco, a comienzos de enero pasado. La segunda, en el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el domingo pasado.
En este último acto y cuando finalizaba el informe ante diputados y senadores, el Presidente anunció que presentará al Congreso tres proyectos sobre las Islas Malvinas, que apuntan a fortalecer los “derechos de soberanía” y a “endurecer las sanciones” sobre quienes exploten “ilegalmente” los recursos naturales del archipiélago.
La primera iniciativa es la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos de las Islas Malvinas.
La segunda es una norma para “la demarcación del límite exterior de la plataforma marítima argentina” y el tercer proyecto es la creación del “Régimen Federal Pesquero”, para “endurecer las sanciones a los que pescan ilegalmente sobre los recursos naturales del país”.
El concepto de estas medidas en gestación es asumir que “tenemos una tierra a la que nunca vamos a renunciar y reclamar como propia”, según palabras del mandatario.
Por supuesto que se necesitará mucho más que buenos deseos, declaraciones y las acciones prometidas para avanzar en la máxima pretensión nacional de recobrar una porción de suelo que está dentro de la plataforma continental del país y donde sin embargo hay un enclave de un Estado extranjero, que lo mantiene ilegalmente ocupado.
Queda claro que la reivindicación argentina está muy lejana todavía, pero cada paso que se tome nos mantiene en una cruzada abierta, especialmente por las futuras generaciones.
Por otra parte, la Cancillería argentina, en los primeros meses de labor, ha dado algunos pasos alentadores, como por ejemplo jerarquizar la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, además de poner bajo control de la misma a la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina (Copla); suspender las reuniones sobre las investigaciones pesqueras conjuntas que se habían iniciado en diciembre de 1995 con el Reino Unido en el ámbito del Atlántico Sur; y desafectar de la embajada del Reino Unido a Renato Carlos Sersale, quien en 2018 había calificado de “máximas autoridades” a las británicas usurpadoras en Malvinas.
La causa Malvinas no es una cuestión en la que podamos poner en duda la pertenencia ni el objetivo, que ya está perfectamente definido en la cláusula primera de las Disposiciones Transitorias de la Constitución Nacional: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes…”
Además, algunos analistas en Atlántico Sur sostienen que el Gobierno debería llevar adelante medidas concretas que puedan favorecer los intereses nacionales.
El doctor César Lerena, ex secretario de Estado, propone, entre otros aspectos, promover un Protocolo Adicional Mercado Común Pesquero (Mercopes) en el Atlántico sudoccidental y Pacífico sudeste, dentro del Tratado del Mercosur, entre sus miembros (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y sus adherentes Bolivia y Chile), con el objetivo de: a) Ocupar el área adyacente del Atlántico Sudoccidental con buques de los países del Mercosur y adherentes; b) Desalentar a los buques extranjeros que pescan ilegalmente en el Atlántico Sudoccidental y en el Pacífico Sudeste.
También es importante consignar el pensamiento de César Mayoral, ex representante argentino ante la ONU y ex embajador en Canadá y en China. El diplomático sostuvo que “el Gobierno deberá volver a insistir en el reclamo en las Naciones Unidas, que no serán quienes nos devuelvan las islas pero que tienen un peso importante a nivel global.
En el reclamo bilateral la Argentina no tiene el mismo poder que Gran Bretaña, pero a nivel regional y multilateral la Argentina incrementa la fuerza de su reclamo”.
En síntesis, el deber de recuperar las Malvinas sigue siendo un mandato histórico que tiene bases cimentadas en la Constitución y el derecho irrenunciable de los argentinos y sus gobiernos de no dar por perdida la recuperación de los territorios australes.
