La semana pasada, Oscar Balmes, juez del Primer Juzgado de Instrucción de Tunuyán, dictó el procesamiento por "homicidio agravado por el vínculo" contra Claudia Vera (42), la mujer que en junio de este año mató a su marido, Miguel Aloise (55, empleado municipal), de una puñalada en el pecho y después se entregó a la Policía.
Con esto, el magistrado del Valle de Uco rechazó el argumento de "legítima defensa" que había presentado Carolina Jacky, abogada defensora de Vera, con la idea de que el hecho fuera encuadrado en un caso de violencia de género.
Por su parte, el juez Balmes, quien llevó a cabo un escrito de más de 40 páginas para explicar su parecer en el auto de procesamiento, indicó a este diario que "si bien está comprobada la violencia de género, no encontré la sustancia para encuadrar el caso en lo que es la legítima defensa; de ahí mi resolución", contó con amabilidad ante la pregunta, "ya que no está bien que yo defienda mi resolución mediante la prensa".
En ese sentido, el magistrado de Tunuyán aseguró que después de chequear las pericias y escuchar testimonios, el caso de Vera no es uno de legítima defensa "toda vez que la mujer tuvo posibilidades de no llegar al extremo de matar a su pareja. El caso es mucho más técnico pero así se puede sintetizar, al menos para explicarlo someramente".
El caso
El caso de Claudia encierra de lleno la pesadilla violenta que muchas mujeres viven durante años con su marido: una historia de golpes originados en celos, tensiones económicas o sentido de propiedad.
Vera, el día que mató a su esposo, le contó a la periodista de Los Andes Gisela Manoni: "Habíamos discutido al mediodía por plata. Me golpeó y hasta cortó la línea del teléfono para que no pidiera ayuda. Creía que le estaba enviando dinero a mi mamá a San Juan (su madre está en silla de ruedas). En la noche volvió a golpearme. Me acuerdo que se levantaba y me pegaba... varias veces hasta que en una pausa del castigo tomé el cuchillo, que estaba en una mesa de luz, y se lo clavé".
Claudia se entregó a la Policía y hasta llevó el puñal que utilizó. Le imputaron homicidio y la llevaron primero a la Alcaidía de Tunuyán, luego al psiquiátrico El Sauce y después a la cárcel de Mujeres de El Borbollón; en ninguno de esos sitios había estado nunca.
El mismo Balmes accedió a que Vera cumpliera prisión domiciliaria hasta que hace una semana dictó su procesamiento. Igual, la mujer no ha perdido ese beneficio y esperará el debate en esa situación procesal.
En lo referido a no hacer lugar al pedido de legítima defensa pretendido por la defensora de la mujer, es probable que el magistrado haya tenido en cuenta, por caso, la presencia del cuchillo en la mesa de luz. "Aunque en mi escrito explico la ausencia de otros presupuestos para entender que ella no actuó en lo que se conoce como legítima defensa", según explicó.
Malestar
El hecho de procesarla por homicidio agravado por el vínculo (un delito que contempla prisión perpetua) provocó el malestar de Carolina Jacky, la abogada especialista en violencia de género, quien tiene en mente hasta recusar a Balmes.
En un escrito dirigido a la prensa, la abogada destacó: "Después nos escandalizamos cuando es noticia un femicidio, obviamente que con el criterio de este juez, Claudia Vera hoy tendría que estar muerta y el juzgado sería su marido, esto desde ya facilitaría a este juez resolver sobre el tema, seguramente con un criterio garantista a favor del victimario".
Finalmente aclara que ya se presentó la apelación ante la Cámara del Crimen, a la espera de que "se resuelva favorablemente la situación de la señora Vera".
Entretanto, Claudia Vera, acusada de matar a su marido golpeador (hay denuncias contra el hombre), ha perdido bastante más que la inocencia silenciosa de la mujer golpeada: perdió su trabajo (hacía y vendía empanadas en su barrio) y dejó de estudiar en el Cens al que concurría hasta el día que mató a su esposo.
La defensa: "Se apartó de la ley"
Carolina Jacky, abogada de Claudia Vera, envió un escrito a los medios de prensa. Este es un extracto de esa suerte de carta abierta: "El auto de procesamiento del juez Oscar Balmes ha sido atacado de nulo y apelado por la defensa, la que entiende que él no aplicó las normas procesales de la Ley 26.485 (violencia de género), que son de orden público y superiores a las del Código de Procedimientos Penales de la Provincia de Mendoza.
“De acuerdo con el artículo 16 inciso d) de dicha ley, Claudia Vera tiene el derecho y garantía de que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecte. El juez no cumplió con lo ordenado por la ley. Y el inciso i) del mismo artículo concede como derecho y garantía ‘la amplitud probatoria’. En esto tampoco cumplió el juez, quien en su resolución lo expresa y reconoce que todavía falta prueba a rendir, pero que con la existente ya puede tomar esta decisión.
“Esto es un supino desconocimiento del derecho. El juez puede tener su propio criterio, pero no puede apartarse de la ley”.
Una interpretación recurrente
La explicación recurrente de los magistrados a la hora de hacer lugar a atenuantes como lo son la legítima defensa (o por caso la emoción violenta), es sembrar la idea en la opinión pública de que "cualquier situación se pueda amoldar a la legítima defensa y, en este caso puntual, que cualquier mujer mate a su marido alegremente con la idea de que no va a pagar por eso", contó un especialista en Derecho a este diario a la hora de tratar de entender por qué el juez Balmes actuó de ese modo.
