El gobierno de Alfredo Cornejo busca esmerarse en el tratamiento de los presos en las cárceles mendocinas. Tanto el Gobernador como sus ministros involucrados en el área, sacan a relucir -cada vez que pueden- los avances en el tema. Y si bien reconocen que “falta mucho”, sacan a relucir el plan de obras diagramado y algunas concreciones.
Por eso resulta lógico que el Ejecutivo accediera al pedido de Los Andes de ver la cárcel "por dentro" para conocer esos avances.
Cabe recordar que Mendoza está supervisada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que emitió una medida cautelar por la situación en Almafuerte y San Felipe. Lo hizo ante denuncias de que los presos corren "riesgo de vida" por la violencia reinante, el hacinamiento, la falta de atención médica y de salubridad y una alimentación inadecuada, entre otras fallas.
También un hábeas corpus planteado a la Suprema Corte obliga al Ejecutivo a mejorar la calidad de vida de los presos.
Si bien el Gobierno muestra mejoras, las discusiones con los abogados de derechos humanos no cesan. “Les hemos pedido reunirnos en las cárceles para comprobar juntos las malas condiciones”, dicen los letrados. “Que vengan, así ven lo que se está haciendo”, contestan los funcionarios.
Visita guiada
Un comité de bienvenida, encabezado por el jefe del servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, y el director de Enlace Penitenciario, Ignacio Mulet, recibe a cronista y fotógrafo. También están las autoridades del penal, Julio Lucero (director) y Fernando Alvear (subdirector), acompañados de otros funcionarios que tendrán la tarea de detallar lo que allí pasa.
Tras superar la custodia de ingreso, lo primero que se aprecia son tres “módulos educativos”, estructuras similares a contenedores que albergan a 20 o 25 alumnos. Con estructura de chapa, de aspecto confortable y equipados con tecnología suficiente para dar clases, suelen albergar a los alumnos del Cebja (Centro de Educación Básica de Jóvenes y Adultos), del CENS y a los universitarios.
Los módulos son iguales a otros dos que se instalaron en el penal de mujeres de El Borbollón y -como otros avances- figuran en el informe que el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, entregó a la CIDH en Washington, en marzo pasado.
“Son parte de la refuncionalización de espacios que comprometimos”, informa Mulet. “Se instalaron el año pasado y así se amplió el cupo educativo universitario”, añadió.
Efectivamente, hasta 2016 no había universitarios en Almafuerte. Ahora, hay 29 estudiantes, integrados a los 326 de todos los penales. Cursan 16 carreras de las facultades de Derecho, Filosofía y Letras, y Ciencias Políticas y Sociales. “Somos la universidad en contexto de encierro con más alumnos de América Latina”, festejó un supervisor.
Otro logro que remarca el Gobierno es el incremento de la matrícula educativa. Un informe señala que mientras que en 2015 había 1.611 estudiantes de todos los niveles, este año hay 2.356.
Sin embargo, hay quien duda de lo que pueda pasar con la aplicación de la nueva ley que obliga a trabajar o estudiar a los presos. “Si tienen que elegir estudio o trabajo, tal vez muchos prefieran trabajar y podría bajar la matrícula”, se preocupó una profesora del Cebja.
Atrás de los módulos está el predio deportivo. Un par de canchas de fútbol y un predio para jugar al rugby. “Incorporamos el programa ‘rugby de inclusión’, que ayuda a socializar y es dado por ciudadanos, no por penitenciarios”, se jactaron las autoridades.
El recorrido sigue en los talleres de la UPP (Unidad de Producción Propia). En Almafuerte funcionan los de tornería, carpintería y herrería. Aunque los internos también trabajan en la panadería, hacen labores de fajina, jardinería y granja.
“Ésta es la parte que más les gusta, porque se sienten libres”, dice uno de los guías, fundamentando el principio de “seguridad humanizada” que busca aplicarse en esa cárcel. Tanto la granja como el jardín “fueron iniciativas de esta gestión”, resaltaron.
Al momento de la visita, carpinteros y herreros se mostraron en plena producción. Actualmente, en Almafuerte trabajan 436 personas por turno (son dos). En toda la provincia, son 1.387 por turno. De todos modos, el número total no es exacto porque “hay oficios, como plomero o gasista, que se repiten”, se informó.
Es cierto que el servicio de comidas está tercerizado (ver aparte) y es el único lugar donde no trabajan internos, pero sí lo hacen en la panadería, que prepara “pan y tortas” exclusivamente para ese penal.
También aquí se trabajaba a pleno. Llamó la atención que un panadero manipulaba un cuchillo para cortar masa. “Eso demuestra que la resocialización de estos internos -que están ahí por buena conducta- es posible”, celebró Orellana.
El hacinamiento, la materia pendiente que espera obras
El ingreso a dos pabellones de mediana seguridad permitió interactuar con los presos y ver sus condiciones de vida. Sin dudas, el hacinamiento es tema central.
Es que Almafuerte tiene capacidad para 1.215 personas y hoy contiene a 1.438 internos. El propio Gobierno reconoce que es el penal “con mayor sobrepoblación” de Mendoza.
Los presos reflejaron la realidad. “Vivimos 5 ó 6 por celda, eso nos hace sentirnos un poco incómodos”, planteó respetuosamente un detenido. En su pabellón hay 62 camas pero se alojan 90 personas.
En Mendoza hay 4.600 presos, 700 más de los que había cuando asumió Cornejo. Para los detractores, eso contribuye al hacinamiento. Pero es aquí donde el Gobierno saca a relucir parte de su anunciado plan de obras, que también presentó a la CIDH, con un gasto total de $ 2.200 millones.
Entre esas obras, postula la construcción de Almafuerte II, que “permitirá albergar a 1.046 internos” y estará listo “en dos años”.
La cárcel federal -licitada hace 10 días- también ayudará a descomprimir, alojando a 600 personas.
Otras obras futuras son la nueva unidad de Colonia Sixto Segura (San Rafael), a construir en 10 meses, aún sin licitar, que alojará a 70 personas; un establecimiento en Tunuyán, para 40 personas, con plazo de ocho meses, tampoco licitado aún; una nueva alcaldía en Boulogne Sur Mer (sin planos aún) y otra en el Barrio San Martín, ya habilitada.
La descompresión también se busca con las prisiones domiciliarias. “Hay 330 dispositivos electrónicos para ese fin enviados de forma gratuita por la Nación, que se suman a 100 que ya tiene Mendoza”, informó Mulet. “Llegarán 70 más”, añadió.
Otro fuerte cuestionamiento es la alimentación. Desde 2014, una empresa privada ofrece la comida “de alta calidad y con varias dietas diferentes”, dijo la única nutricionista que trabaja en Almafuerte.
La misma empresa ofrece el servicio de viandas a las cárceles sin cocina.
“Queremos certificar normas IRAM. Estamos en condiciones”, añadió la profesional.
La discusión con los abogados de DDHH
En su resolución 314/2015, la CIDH obligó a Mendoza a “garantizar la vida e integridad personal” de los presos de las cárceles de Almafuerte y San Felipe. El motivo fue una denuncia, hecha en 2014 por el abogado Carlos Varela Álvarez, que aseguraba que los presos corren “riesgo de vida” ante el hacinamiento, la falta de higiene y salubridad y los hechos violentos. También hay un hábeas corpus avalado por la Suprema Corte, que también planteó Varela Álvarez y que igualmente obliga al Gobierno en este tema.
El lunes pasado, en una audiencia a la que asistieron todas las partes, el Gobierno intentó que se descartara ese hábeas corpus, apoyado en los avances que implican su plan de obras y sus actos. Planteó una negociación directa con Varela Álvarez y los otros abogados de DDHH (la organización Xumek). Los letrados rechazaron el pedido y la Suprema Corte no dio respuesta todavía.
Los abogados insisten en que “sólo tiene un plan de obras” y “falta mucho” para reales avances. De hecho, destacaron la persistencia de hechos violentos (citaron el caso del preso que fue tatuado, entre otros).
Destacaron que esta gestión “al menos plantea la discusión” del tema. “Saludo que lo atiendan y que se avance en las reuniones, pero si desaparece la Corte y las medidas cautelares, desaparece su obligación”, dijo Álvarez.
"Cuando salgo nadie me da trabajo"
La llegada de Los Andes a los pabellones fue recibida con algarabía por los internos, que se acercaron a mostrar los productos de sus "terapias", como se les llama a las tareas.
Muebles, una biblioteca (con 50 libros que se renuevan cada 20 días), una mesa de ping pong, sábanas, toallas, entre varios más, producen los internos. “Se los damos a la familia para venderlos”, contó un joven.
Todos se mostraron a favor de la ley que los obliga a trabajar. “No hacía falta que nos obligaran, nos gusta”, dijo uno.
Sin embargo, no pocos mostraron preocupación por lo que pueda suceder después. "El problema es que cuando salgo, nadie me quiere dar trabajo y tengo que volver a hacer lo mismo", señaló otro, que transita su tercer ingreso al penal, condenado por robo agravado (con arma).
"En mi caso, yo hago canastitos, me las rebusco haciendo artesanías, pero ¿quién va a recibir lo que aprendí adentro cuando esté afuera?", señaló un tercero. "Salgo de acá y no me dan ni un caramelo", se quejó.
Y si bien la ley busca capacitarlos para conseguir trabajo, hay escépticos. “La gente está mal informada. Acá queremos hacer las cosas bien y después tener trabajo, pero no nos reinsertan”, se lamentó un interno.
