Es muy factible que el planteo quede un poco fuera de lugar en razón de que la decisión del Gobierno de construir un "polo judicial" en terrenos ubicados detrás de la cárcel de Boulogne Sur Mer está tomada, e inclusive ya lanzó la licitación para iniciar la construcción de la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos, en un área de 18 mil metros cuadrados.
Tampoco podemos cuestionar la decisión de terminar con un problema de vieja data, como significaba el traslado de detenidos desde la Penitenciaría hasta el edificio de Tribunales, por el costo económico que significa y el peligro que lleva aparejado.
Pero es dable advertir que el tema del funcionamiento de una cárcel en un lugar rodeado de barrios y viviendas merece al menos la consideración profunda de la clase política -más allá de una gestión gubernamental- porque es necesario pensar en un futuro a largo plazo en un tema que es de permanente preocupación para la ciudadanía en general.
Cuando hablamos de grandes obras públicas que involucran a varias generaciones, como pueden ser las avenidas o accesos, hospitales, escuelas, incluyendo a la Penitenciaría, los encargados de proyectarlas tienen en cuenta no sólo lo que ocurre en ese momento, sino también lo que puede llegar a suceder en el futuro.
Cuando se decidió la construcción de los accesos Este y Sur, a mucha gente le llamó la atención -y muchos también lo criticaron- el hecho de que se decidiera erradicar franjas tan anchas para construirlas.
En ese momento, las críticas de muchos de los "afectados" tenían su fundamento, en razón de que la cantidad de automóviles que circulaban era mínima.
Sin embargo, el paso del tiempo les dio la razón a los proyectistas y hoy son necesarios tres carriles de circulación para cubrir las necesidades de un tránsito cada vez más intenso.
Si trasladamos esa situación a lo que ocurre con la Penitenciaría, cabría recordar que cuando se decidió construirla sobre calle Boulogne Sur Mer se lo hizo porque se trataba de una zona prácticamente despoblada, sólo cubierta como "vecinos" por los terrenos del Ejército, en el sector sur, y el Tiro Federal, en el norte.
Sin embargo, con el correr de los años la situación se modificó sustancialmente. La calle Boulogne Sur Mer pasó a convertirse en una de las principales vías de acceso a numerosos barrios que incluyen a miles de viviendas en las adyacencias del pedemonte, mientras el edificio central de la cárcel ha sido rodeado de viviendas, algunas de las cuales corresponden a algunas villas que fueron creciendo en esa zona del Gran Mendoza.
No se trata de un problema que atañe sólo a Mendoza, sino que en la gran mayoría de las grandes ciudades se tomó la decisión de erradicar las cárceles de las zonas densamente pobladas.
Es más, en nuestra provincia, con el objeto de llevar algún tipo de solución a un edificio colapsado, se decidió la construcción de la cárcel de Cacheuta y se insiste para que el Gobierno nacional haga lo propio con el edificio para contener a los presos federales.
Los datos, surgidos de las frías estadísticas, son preocupantes. La cantidad de presos durante los últimos 15 años se incrementó un 86%, algo notable si tenemos en cuenta que en el mismo período la población total de la provincia aumentó un 17%.
La mayoría de los internos se encuentran alojados en Almafuerte, Boulogne Sur Mer y San Felipe y la tasa de 239 presos por cada 100 mil habitantes determina un índice mayor al de 2016, ubicando a Mendoza como la tercera provincia con mayor nivel de encarcelados en el país.
En la actual gestión gubernamental se decidió la construcción del polo judicial, en un plano que conjuga la eficiencia, la agilidad judicial y la seguridad, a lo que suman la descompresión del Poder Judicial.
Argumentos válidos y comprensibles para enfrentar la actual situación de coyuntura, pero con vistas a futuro no resultaría ilógico si la clase política comienza a debatir qué hacer con el edificio de Boulogne Sur Mer.
