“Ni lo intenten” decía el pasacalle en el nudo vial Costanera, en Mendoza, y sugería mucho más una amenaza a la Justicia que un apoyo a la ex presidenta que debía prestar declaración en los tribunales federales porteños. Inscripciones como ésa y advertencias similares pulularon tanto en carteles callejeros como en las redes sociales a lo largo y ancho del país.
Sin embargo y pese a la seriedad del caso, las autoridades correspondientes liberaron la zona adyacente de la sede de Tribunales Federales, en Comodoro Py, e inclusive se advirtió que miembros de La Cámpora actuaron con total libertad dentro del mismo, poniendo en riesgo a los encargados de impartir justicia y a la población en general, afectada en su derecho al libre tránsito.
Según versiones, la decisión de “liberar” la zona habría surgido para evitar que se produjeran incidentes. Entonces, no sólo no actuó la policía sino que se dio vía libre a la instalación de un escenario para que Cristina Fernández pudiera transformar la realidad en un verdadero acto político.
El control se limitó a la instalación de un vallado en las adyacencias del ingreso al edificio, sin importar el impresionante caos de tránsito que se generó ni tampoco la cantidad de gente que resultó afectada a pesar de que no tenía nada que ver con la adhesión o no a la marcha.
Lo grave del caso es que esa liberación de la zona incluyó al interior de los tribunales, donde los integrantes de la agrupación, que son muchos por haber ingresado en el último período del gobierno anterior, se movieran libremente, expresaran abiertamente su apoyo a la ex presidenta e inclusive colgaran pancartas en las ventanas y en la azotea del edificio.
La decisión de “ganar la calle” y de liberar zonas se profundizó especialmente durante el período kirchnerista so pretexto de evitar que se produjera un hecho similar al de Puente Avellaneda, que aceleró la salida de Eduardo Duhalde del poder. Pero, con el correr del tiempo y especialmente durante el enfrentamiento con el sector rural y también durante la discusión de la Ley de Medios, pudo advertirse que esa liberación de zonas y la presión de las marchas formaron parte de una estrategia kirchnerista.
Fue así como se sucedieron los escraches a jueces, a políticos de la oposición, a periodistas y a todo aquél que no coincidiera con el gobierno, en muchos de los casos utilizando la violencia y la prepotencia, sin que autoridad alguna se hiciera presente en el lugar para evitar desmanes.
Cuando Mauricio Macri asumió el poder, advertido del malestar que generaba ese tipo de actitudes, prometió dar un vuelco sustancial a la situación. La ministra Patricia Bullrich aseguró que, en el afán de asegurar el libre tránsito por el país, no se permitirían marchas ni manifestaciones públicas que cortaran calles u ocuparan lugares públicos. Medidas similares fueron anunciadas en el interior del país, como sucedió en nuestra provincia.
Sin embargo, a poco más de cuatro meses de la nueva gestión, se puede observar que muy poco ha cambiado; se repite la liberación de zonas, como sucedió en Tribunales Federales o los cortes de tránsito -también en Mendoza- lo que demuestra que las multas a las organizaciones que lideran las protestas no dan los resultados esperados.
La gente tiene derecho a apoyar a la ex presidenta o a protestar en casos en que no coincida con las políticas de gobierno, pero siempre y cuando lo haga dentro de los cánones normales, sin molestar y sin avanzar sobre los derechos constitucionales del resto de la población.
