En el acto de presentación de las conclusiones de una investigación conjunta de la Fundación El Aleph y de la organización Abogados por la Justicia Social (AAMJUS) en la sede del sindicato de la Televisión se repitieron críticas a los proyectos de reforma al Código Procesal Laboral y de adhesión a la ley Nacional de riesgo (27.348) que propicia Alfredo Cornejo.
Ambas iniciativas reflejan legislación vigente en la Ciudad de Buenos Aires desde 2007 y cuentan con el despacho de comisión previo al tratamiento legislativo. Con el argumento de evitar colapsos de expedientes en Tribunales, disponen una instancia de la conciliación obligatoria previa a la intervención judicial cuando el reclamo de indemnización por accidente de trabajo no supere los cinco salarios mínimos.
“La justicia laboral de Mendoza no cumple con su rol de proteger a los trabajadores”, afirmó la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. Y perfiló rechazos desde el PJ a la hora de la discusión en el recinto.
“Si se prioriza la instancia de la conciliación se favorece a un ámbito de negociación desigual entre un trabajador y una ART y se pierde el principio protectorio sobre la parte más débil que impera en la Justicia laboral”. Lo remarcó Marisa Uceda abogada que -junto a Lucas Gómez Portillo- preparó el informe.
“La Justicia laboral es imparcial, pero no neutral”, destacó. Y subrayó que la instancia de la conciliación (ya existente en la Subsecretaría de Trabajo) es dilatoria y fracasa mayoritariamente, lo que termina demorando aún más la causa o conduciendo a acuerdos desventajosos para el empleado denunciante.
Además de Sagasti estuvo presente el diputado provincial Lucas Ilardo -ambos de La Cámpora- y dirigentes sindicales de la Televisión (Marcelo Aparicio), Anses (Gustavo Díaz), Bancaria (Sergio Giménez) y Artes Gráficas -de la Correinte Federal de la CGT- y de la CTA Mendoza.
El informe concluyó que “en 2006 el porcentaje de causas resueltas por los jueces era del 76%, frente al 24% resueltas por convenios homologados”. Y que en 2014 “el dictado de sentencia tan sólo alcanzó el 25% contra el 75% de los acuerdos”.
Concluyen que "en 9 años los jueces pasaron a ser completamente residuales y su intervención se redujo al mínimo". Y remarcan que los proyectos del Ejecutivo agudizarán aún más esta tendencia.
El informe confirma la existencia de un colapso de expedientes en los tribunales laborales (200% más), pero atribuye la responsabilidad de la industria del juicio.
